¿Qué plan tiene España –es decir, sus poderes– ante lo que llama el “desafío catalán” seis años después del golpe contra el Estatut y cuando los registros demoscópicos del independentismo superan ya el 50% de los “decididos”? Furia demófoba y violencia jurídico-política, "constitucional", claro, a golpe de ordeno y mando de Consejo de Ministros en funciones. A golpe de condoscojonismo contra Mas, Forcadell, Puigdemont o quien se ponga por delante jaleado desde los estómagos y consentido desde la cobardía, el inmobilismo esencialista, la vacuidad del humo supuestamente federal o plurinacionalizante en el mejor de los casos, y, siempre, el orgullo de viejo imperio herido cada vez que el procés –sí, el procés– se mueve.

Ahí está, fruto de todo ello, la explicación del raudo y veloz apoyo incondicional de Sánchez y Rivera a Rajoy –y la ambigüedad de Iglesias– cada vez que del presidente en funciones de presidente español descuelga el teléfono para comunicarles la última decisión de la brigada jurídica de Soraya frente al "desafío", para, minutos después, refugiarse de nuevo en la rabia que les impide alcanzar un acuerdo de gobierno después de ocho meses de parálisis política en la quinta economía de Europa. Sencillamente, porque no quieren darse por enterados de lo que han decidido en las urnas sus propios conciudadanos. 

Furia demófoba. Como la que vomitan cada día las redes sociales, cada vez que en Catalunya el procés –sí, el procés– se mueve; y violencia jurídico-política, la que, cada vez que el procés –sí, el procés se mueve– descarga el Gobierno del Estado –el Gobierno en funciones de un Estado en funciones de ópera bufa– sobre los legítimos representantes del pueblo catalán. ¿O acaso no se celebraron con todas las garantías de la ley las elecciones del 27S en las que fueron elegidos, los diputados independentistas y los que no se definen como tales, y, por supuesto los que legítimamente se oponen a ese proyecto?

Y violencia jurídico-política. La de un Estado que en los últimos seis años se ha mostrado incapaz de poner sobre la mesa nada más que microgolpes de Estado contra la separación de poderes, contra la letra, y contra el espíritu de su propia Ley de Leyes. Esa es la dinámica que empezó en el 2010 con aquel pacto de la Maestranza mediante el cual tres magistrados del Tribunal Constitucional se fumaron un Estatut entero contra la voluntad del Parlament que constitucionalment lo propuso y lo negoció –con el correspondiente cepillado–,  el Congreso y el Senado que lo validaron, la ciudadanía que lo aprobó en impecable referéndum, y el Rey que lo sancionó en tanto que ley orgánica de las Cortes españolas.

Se vio de nuevo el miércoles, cuando el Parlament, con los votos de los independentistas de JxSí y la CUP, es decir de la mayoría de una Cámara legalment constituída, y legalmente autónoma para tomar y “proponer” –y subrayo el “proponer”– sus propias decisiones, aprobó las “conclusiones” de la comisión de “estudio” del proceso constituyente. ¿En virtud de qué principio democrático se puede prohibir a ese parlamento, depositario de la fracción que le corresponde de la soberanía española compartida –si fuese única solo existiría un Parlamento en el Estado español, como sabe cualquier estudiante de primero de Ciencias Políticas– que “estudie” y llegue a las “conclusiones” a las que llegue sobre un hipotético proceso para la constitución de una Catalunya independiente?

Orestes perseguido por las Furias / BOURGUEREAU

Ya que la cosa va de (falsos) juridicismos, me gustaría saber qué artículo de la Constitución prohíbe realizar ese debate habido en el Parlament en términos acordes a la mecánica de funcionamiento de cualquier parlamento democrático. Me temo que debe ser el mismo artículo que no aclara si Mariano Rajoy puede renunciar a someterse a la investidura una vez ha recibido el encargo del jefe del Estado, como, ay, tampoco aclara si el Rey puede proponerlo pese a no disponer de los apoyos necesarios. La respuesta es simple: ninguno. No existe tal artículo.

En realidad (y por ahí llora la criatura del independentismo hiperventilado), ¿dónde reside el “delito” cometido? ¿En la redacción de las “conclusiones” de esa comisión de “estudio”? ¿En la petición de los grupos citados, perfectamente legal, para que se pongan a votación? ¿En el sometimiento de la presidenta del Parlament al reglamento perfectamente legal de la Cámara que obliga a permitir que voten lo quiera o no la presidenta o la Mesa? ¿Quién está dando aquí, una vez más, el verdadero golpe de Estado que, con el hashtag #72golpistas, se atribuyó de manera vergonzante y vergonzosa, y con notable éxito en Twitter, lo cual explica muchas cosas, a los diputados que votaron a favor de las citadas “conclusiones” y, por extensión, a la Cámara catalana entera reunida en pleno?

¿O acaso el señor Iceta, que con buen criterio ha propuesto una solución a la canadiense para Catalunya, como último recurso, cree que su no-voto y su acuerdo total con lo que decida este lunes el Tribunal Constitucional a instancias del Gobierno en funciones del PP, incluido el inicio de la vía penal contra Carme Forcadell, lo hace menos sospechoso ante el microfascismo españolista tuitero y los que cada segundo y cada minuto del día reparten los carnets de buenos y malos españoles desde las más altas magistraturas?

¿Tanto le cuesta al señor Coscubiela (el señor Rabell sólo pasaba por allí) reconocer que la votación de las conclusiones de la comissió d'estudi del procés constituent, denominación por cierto adoptada a instancias del grupo de CSQP, sólo son eso, conclusiones y no "mandatos", como torticeramente pretende el Gobierno en funciones del PP que el Tribunal Constitucional ratifique, y, en consecuencia, dé cumplimiento y legitime jurídicamente lo que es una pura y dura decisión política: fulminar a Forcadell (y quien se ponga por delante)?  Me pregunto cómo habría actuado el viejo PSUC, de cuya herencia se reclama hasta Pablo Iglesias cuando visita Catalunya, ante una situación semejante. 

Extraño golpe, ese de los 72 diputados independentistas que, a diferencia de otros por desgracia conocidos por estos lares, se pone reglamentariamente a votación en un parlamento democrático y sin sacar a la calle ni un mal mosso con mosquetón de gala. ¿Cuánto va a tardar la justícia española, que tiene perfectamente regulados los delitos de odio en actuar contra el autor de ese tuit que pedía –sí, literalmente– la resurrección del camionero asesino de Niza para que se pasease por el parc de la Ciutadella? ¿Acaso no constituye delito de enaltecimiento del terrorismo en las redes el hashtag #DaeshSalvanos que hicieron circular ese y otros miserables? Lo peor de no tener cerebro no es la carencia del mismo, sinó rellenar el hueco con las propias heces. España, protégete de ti misma.

Claro que, en el fondo, y por desgracia, es lo que tienen las democracias a medias de nuestros días en una Europa en la que sigue siendo más fácil irse si eres Estado (caso británico) que reintegrarte libremente si aspiras a serlo (caso escocés). Pasa en una Europa en tránsito hacia la precarización de la democracia, en democracias de referencia, ante el avance del miedo al otro y los microfascismos de acción global. Y que conviven y han dado entrada en el club a democracias de larga tradición autoritaria que llevan décadas siendo democracias a medias. Pasa en democracias sin (suficientes) demócratas, como la española. Democracias que permiten a un partido someter al escrutinio de los electores un programa independentista y que mandan a formar al tribunal máximo y a las fuerzas del orden así que el elegido democráticamente por sus conciudadanos para llevar a cabo ese programa intenta cumplir el contrato democrático.