Gran agitación entre los dirigentes del PSOE tras darse a conocer el texto de la ponencia marco de la dirección del PSC para su próximo congreso. Esto es ya un clásico: nada excita tanto a los jefes territoriales socialistas como el deporte de dar coscorrones al PSC –que tampoco se priva de suministrar motivos para ello–. Cuando el PSOE está políticamente extraviado y dividido, cualquier movimiento sospechoso desde la calle Nicaragua de Barcelona hace revivir y cerrar filas a los vocacionales defensores de las esencias patrias.

Estoy convencido de que nueve de cada diez de los que han puesto el grito el cielo ni han leído la ponencia marco del PSC ni conocen la Ley de Claridad de Canadá. Ni lo necesitan, hace tiempo que el rigor en las opiniones dejó de ser algo valioso en este país. Todos ellos –también los del PSC– hablan pro domo sua (que es como decir que barren para casa sin preocuparse ni de lo que barren ni de la calidad de la escoba).

El caso es que en el fondo de la cuestión me inclino a coincidir con el espíritu de esta propuesta. Admitiendo todas las diferencias, estoy entre los que creen que la solución del problema de Catalunya dentro de España, cuando llegue, se parecerá a la que encontraron los canadienses para Quebec.

Estoy convencido de que nueve de cada diez de los que han puesto el grito el cielo ni han leído la ponencia marco del PSC ni conocen la Ley de Claridad de Canadá

La Ley de Claridad –que tiene su origen en una sentencia de la Corte Suprema de Canadá– no tiene nada que ver con el llamado “derecho a decidir” ejercido unilateralmente y fuera del marco constitucional. Tampoco con sustraer a los ciudadanos de todo el Estado la decisión sobre una parte del territorio nacional. Es más bien lo contrario. Entre otras muchas garantías, establece las siguientes:

-Que cualquier futuro referéndum de separación tiene que ser expresamente autorizado por el Parlamento de Canadá, que también supervisará la claridad de la pregunta;

-Que la Cámara de los Comunes fijará también la mayoría reforzada que se exigirá en ese referéndum para considerar aprobada la separación;

-Que todas las provincias (aquí serían todas las Comunidades Autónomas) deben tomar parte en las negociaciones, antes y después del referéndum; 

-Que la Cámara de los Comunes tiene el poder de anular el referéndum si considera que se ha violado alguna de las garantías de la Ley de Claridad;

-Y lo más importante: que la separación de una provincia de Canadá requiere una modificación constitucional. Lo que en nuestro caso significa que tendría que ser aprobada por una mayoría de tres quintos en el Congreso y en el Senado y sometida al voto de todos los españoles.

Como ven, nada más lejano a declaraciones unilaterales de independencia, a quiebras constitucionales o a permitir que unos decidan sobre lo que es de todos.

No parece correcto ni respetuoso sacar a la luz este papel siete días después de unas elecciones. Los votantes del 20-D tenían derecho a conocer la postura real del PSC

Lo cierto es que allí funcionó. Hoy Quebec siente reconocida su singularidad, ejerce su autogobierno, participa activamente en la política canadiense (el actual primer ministro, Justin Troudeau, es un québécois de Montreal) y aunque muchos de sus habitantes mantienen la esperanza de una independencia futura, ello ya no crea especiales tensiones en la sociedad ni entorpece el funcionamiento de las instituciones. La Ley de Claridad ha sido un bálsamo para la convivencia entre Quebec y el resto de Canadá.

Otra cosa son los aspectos tácticos de este movimiento del PSC, que me parecen menos decorosos que la propuesta.

Desde que Artur Mas puso en marcha el procés de la ruptura con España, el PSC no ha parado de dar bandazos. Primero se opuso por inercia; luego decidió abstenerse en todo; durante una temporada se apuntó a una versión propia del derecho a decidir; a continuación firmó la declaración de Granada; más tarde se retractó del derecho a decidir y de cualquier referéndum que no fuera el de la reforma constitucional; y ahora ha descubierto la solución canadiense. En el camino ha dicho un puñado de cosas sensatas y ha tomado algunas decisiones peregrinas. Pero finalmente ha dejado la impresión de que su posición de hoy siempre será la penúltima.

No parece correcto ni respetuoso sacar a la luz este papel siete días después de unas elecciones. Los votantes del 20-D tenían derecho a conocer la postura real del PSC. Ya sé que ello hubiera provocado un lío con el PSOE en plena campaña y por eso se retrasó la aparición del documento, pero ello no hace sino agravar la sensación de tomadura de pelo.

Además, la cosa tiene un tufo ventajista, porque Iceta pone en circulación la propuesta sabiendo que esta es inviable tras el 26-J. Con 137 diputados del PP en el Congreso y mayoría absoluta en el Senado, con un previsible gobierno de centro derecha (PP-Ciudadanos), la probabilidad de que se abra paso la fórmula canadiense es cero. Así pues, lo que en otras circunstancias sería una iniciativa seria, en estas se queda en un mero brindis al sol –uno más–.

Hace unos años, cuando el PSC era un partido clave, una iniciativa como esta hubiera provocado una conmoción en la política catalana y en la española

Con esta ocurrencia, el PSC probablemente trata de singularizar su perfil ante la eventualidad de unas nuevas elecciones en Catalunya. Y de paso, le hace un favor al Secretario General del PSOE en vísperas de un difícil Comité Federal: lanza una liebre falsa para que los lebreles –también llamados barones- se abalancen sobre ella y desvíen su atención de la pieza principal. Mientras persiguen a Iceta no persiguen a Sánchez, hoy por ti y mañana por mi.

También me parece un desatino la formulación concreta de la propuesta. Si la apertura de la vía canadiense se supedita a que los catalanes rechacen la reforma constitucional, eso es una invitación a que se vote contra la reforma de la Constitución para recibir el premio de un referéndum.

Para mí, el camino adecuado sería el inverso. Si se cree que la fórmula canadiense –o una parecida– es la más razonable para resolver el conflicto, lo lógico es que se habilite en la propia reforma constitucional y se someta a la aprobación de todos los españoles. Eso incentivaría el voto favorable del catalanismo responsable.

Con todo, el auténtico drama de esta propuesta es que, a estas alturas, no cambia nada ni conmueve a nadie fuera de los muros del Partido Socialista. Hace unos años, cuando el PSC era un partido clave, una iniciativa como esta hubiera provocado una conmoción en la política catalana y en la española. Ahora ha causado la habitual marejada dentro del PSOE, pero me temo que en la sociedad catalana y en el resto de España a nadie se le ha acelerado el pulso.

Es lo que ocurre cuando emprendes el camino de la irrelevancia. Algo parecido está empezando a sucederle también al hermano mayor, el PSOE. ¿Sánchez o no Sánchez? Esta es la cuestión, que cuantas más pasiones levanta dentro, menos importa fuera. Mal asunto cuando tus asuntos ya son sólo asuntos de familia.