La reunión del Pacte Nacional pel Referèndum que se celebrará este viernes en el Parlament de Catalunya tiene, sobre todo, un enorme simbolismo: supone delimitar el terreno de juego por donde tiene que transcurrir la política catalana durante los próximos nueve meses (o menos). También va a servir para conocer el nivel de compromiso de los diferentes agentes políticos y sociales catalanes ante una iniciativa que cuenta con un amplio respaldo político y ciudadano pero que topa con un muro infranqueable: el Estado español se niega a que se celebre el referéndum y tampoco está dispuesto a sentarse en ninguna mesa de negociación que tenga este punto entre los que han de ser objeto de discusión con el Govern.

La cumbre servirá también para que fuerzas políticas muy distantes y con estrategias diferentes a la hora de abordar el referéndum empiecen a consensuar el camino a seguir en lo que ya está siendo toda una carrera de obstáculos. El ejemplo más claro es la celeridad con que, desde instancias judiciales, se está llevando a cabo todo el proceso de inhabilitación de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. En tan solo ocho días, han declarado Forcadell, los tres miembros no independentistas de la Mesa del Parlament -José María Espejo (C's), David Pérez (PSC) y Joan Josep Nuet (CSQEP)- y hoy mismo el vicepresident primer, Lluís Corominas de Junts pel Sí. Este ritmo permite pensar que este caso tendrá por parte del TSJC una velocidad poco habitual. Esta circunstancia no es, en ningún caso, baladí, ya que el momento exacto del referéndum puede adquirir mayor velocidad si el TSJC o directamente el Constitucional lleva a cabo una suspensión o una inhabilitación exprés de la presidenta del Parlament.

En cualquier caso, la judicialización de la vida política catalana y las últimas encuestas que han reflejado la vitalidad del independentismo y también del referéndum (85% de la ciudadanía a favor de que se celebre y prácticamente un 50% favorable a llevarlo a cabo aunque el Estado esté en contra) parecen haber actuado como cohesionador para la cumbre de este viernes. Un ejemplo claro es que aunque el peso político de la cita recae en Puigdemont y Junqueras ha habido un enorme tacto para ajustar el horario de la reunión a la agenda de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que tenía pleno municipal durante la mañana. De la reunión debe salir, sobre todo, un impulso institucional al referéndum. Ahí radica en estos momentos buena parte de su credibilidad en los dos terrenos de juego en que se libra esta contienda: en Catalunya, para ensanchar su base ciudadana, y en Europa para dejar claro, una y otra vez, la insistencia de los catalanes en votar sobre su independencia.