El Ayuntamiento de Barcelona acreditará el proceso de arraigo de los inmigrantes en situación irregular que haga un año que están en España y seis meses en la ciudad con un documento de vecindad para que si son detenidos el juez no decrete su ingreso en el CIE para ser expulsados.

El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado una medida de gobierno para garantizar a las personas inmigradas el acceso universal a los servicios municipales, favorecer la regularización de los que residen en la ciudad y evitar la irregularidad sobrevenida que puede llevarles a la expulsión.

El teniente de alcaldía de Derechos de la Ciudadanía, Participación y Transparencia, Jaume Asens, ha señalado este documento de vecindad como "la medida estrella" y ha puesto énfasis en el valor que tendrá como prueba documental para el juez a la hora de valorar el ingreso cautelar en el CIE, ya que con él es una institución la que garantiza que la persona está arraigada y no existe riesgo de huida.

Jaume Asens ha explicado hoy que con esta medida Barcelona quiere "evitar la amenaza latente de las expulsiones, acreditando a las personas que viven aquí como vecinos de la ciudad, y que sean tratados como ciudadanos". 

Asens ha encuadrado el documento de vecindad, que se prevé empezar a facilitar en septiembre, en el marco de la lucha para cerrar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y ha manifestado su confianza en el hecho de que se replique en otras ciudades.

Para obtener el documento, los interesados tendrán que pedirlo en una Oficina de Atención al Ciudadano y después acudir al servicio de Atención de Inmigrantes, Emigración y Refugio (SAIER), que los entrevistará para elaborar el informe personalizado de su situación.

Carné de ciudad

Una medida parecida ya había sido propuesta por la CUP al Ayuntamiento el año 2015. En aquel momento, se pedía agilizar el empadronamiento sin pedir domicilio fijo y se proponía la creación de un "carné de ciudad", que reconozca "a todos los empadronados como vecinos de la ciudad al margen de la cadena de dificultades para conseguir la nacionalidad".

Esa propuesta estaba enfocada al colectivo de vendedores ambulantes y su objetivo era dar a sus titulares "lo mismo que comporta el estatus de refugiado", como por ejemplo la asistencia sanitaria, pero además servir para "facilitar la convivencia y evitar la discriminación y el racismo".

580.000 euros de presupuesto

En la presentación de la medida de gobierno para favorecer la regularización de los inmigrantes que residen en la ciudad ha asistido también la comisionada de Inmigración, Interculturalidad y Diversidad, Lola López; que ha subrayado la voluntad del gobierno municipal de promover modificaciones legislativas en materia de inmigración.

"La falta de vía para una emigración legal es la causa principal de muertes en el Mediterráneo", ha asegurado la comisionada, que ha subrayado que en Barcelona "la práctica histórica ha sido facilitar al máximo el empadronamiento" y la acogida desde un primer momento para paliar los impactos sociales, económicos y de cohesión social de la inmigración irregular.

Para desarrollar todos los objetivos de la medida, el Ayuntamiento de Barcelona tiene un presupuesto de 240.000 euros para el 2017 y ha previsto que el 2018 dedicará 340.000, según ha explicado el director de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes, Ramon Sanahuja.