El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado crear un fichero con datos de carácter personal denominado "Gestión de la Unidad de Deontología y Asuntos Internos de la Guardia Urbana" que incluya datos de carácter personal especialmente protegidos de policías. El Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona publica la resolución de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de aprobar la creación de este fichero.
Fuentes del Ayuntamiento de Barcelona consultadas por EFE han explicado que el fichero no es de nueva creación sino el resultado del cambio de nombre del fichero que la Guardia Urbana utiliza para investigar asuntos internos y de su actualización para añadir a estos nuevos formados, como el vídeo.
Entre ellos, especialmente protegidas, hay datos como ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial o étnico, salud (enfermedades, discapacidades...), vida sexual, violencia de género, "que sean especialmente relevantes para la investigación concreta".
La existencia de esta base de datos ha sido mal recibida por el sindicato CSIF que asegura que incumple la Ley de Protección de Datos y vulnera derechos fundamentales y ha anunciado que tomará medidas legales.
Investigación de infracciones
Su finalidad es la investigación de hechos que puedan representar una infracción disciplinaria o infracción penal. También se utilizarán los datos para procedimientos sancionadores, vinculados a la asignación del armamento, registro de sanciones, quejas ciudadanas y peticiones de otras entidades competentes, por los servicios prestados por la Guardia Urbana.
Esta base, que según publica el BOPB permite realizar consultas, gestión y registro de informaciones reservadas y procedimientos disciplinarios, será tratada de forma parcialmente automatizada con equipos que accedan mediante red corporativa y de forma autónoma y utilizando intranet o internet en servidores centrales o equipo local.
Los datos están protegidos y sólo serán comunicados a administraciones o entes públicos que lo requieran en uso de sus competencias, previstas en una norma con rango de ley y de acuerdo con la ley Orgánica de Protección de Datos.