El gobierno español limitará el acceso al bono social eléctrico y térmico a familias numerosas con rentas elevadas, según ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros en el marco de la nueva estrategia nacional contra la pobreza energética 2026-2030. “Con los requisitos actuales, no todos los hogares con derecho o necesidad del bono acceden a él, mientras que algunos hogares que no lo necesitan sí que pueden disfrutar de él”, destaca el gobierno español.

El nuevo plan incluye 13 medidas. La primera es la creación de un observatorio sobre la pobreza energética que permitirá tener más datos sobre la situación real de los hogares en cuanto a las dificultades para pagar la electricidad y tener una climatización y servicios adecuados. 

El plan prevé mejorar la garantía de suministro para consumidores vulnerables y electrodependientes. Y también protegerlos mejor ante imprevistos por refacturación y en la contratación de suministro. Romper la brecha de cobertura, el denominado "non take-up" que hace que haya ciudadanos que necesitan el bono y que no lo tienen será una de las medidas principales. 

El tercer eje es la mejora estructural de las condiciones energéticas e incluye proyectos piloto de intervención exprés en viviendas vulnerables. El análisis de medidas y herramientas para garantizar el consumo energético ante las altas temperaturas y la creación de una red estatal de refugios climáticos, acceso libre y gratuito, así como la protección de la ciudadanía ante cortes eléctricos que se den en olas de calor y de frío son algunas de las medidas incluidas en el marco de la adaptación energética al cambio climático. 

La rehabilitación energética de hogares vulnerables con una reducción del gasto en estos hogares y el fomento de las comunidades energéticas y el autoconsumo colectivo, así como el certificado de ahorro energético y social (CAE social) son las medidas estructurales de mejora de las condiciones energéticas. 

Y finalmente, en la coordinación entre administraciones y las campañas de información, el gobierno español mejorará la coordinación con comunidades autónomas y municipios y hará un plan piloto para asesorar a los consumidores en situación de pobreza energética. Los CAP y servicios sociales tendrán un papel fundamental en la detección de casos de pobreza energética. 

El gobierno español cerrará el próximo día 27 el periodo de consultas públicas previas con el fin de recoger aportaciones de todos los interesados en la medida, ya sean empresas, entidades sociales o ciudadanos.