El mundo del turismo, de los servicios asociados y de las transacciones inmobiliarias que lo acompañan continúa moviendo dinero negro de la economía. No lo es tanto por su generación bastante general con aquello de "con factura o sin", típico de autónomos y de pequeñas empresas bajo la estimación objetiva singular, como por las oportunidades de blanqueo en transacciones inmobiliarias. Ciertamente, no tanto las empresas grandes como las pequeñas y medianas, también de hostelería, que limitan los beneficios declarados aceptando, allí donde pueden, ingresos fuera de contabilidad oficial. Algunos utilizarán este dinero para compensar después horas extras de sus trabajadores, a menudo con el visto bueno de estos. Otros esconden aquello que no les marcan los suministros de los proveedores, respecto de lo que las fincas rurales y el agroturismo resultan muy golosas. Son dineros todos ellos que escapan al fisco de manera descarada.

Para no referirme a la isla en la que nací, prometo que he visto en directo cómo uno de los restaurantes más grandes de Palma, reconocidos paelleros y por llevar a casa buenas comidas, ofrece un descuento publicitado de un 20 % sobre el precio si se paga en cash. Una barbaridad que quiere decir que lo que se ahorra con el fraude es claramente más del 20 %, que no es, obviamente, la comisión bancaria. Con la ecotasa es notorio también que pequeños establecimientos no muestran correspondencia entre lo que ellos ingresan y las pernoctaciones que realmente hacen. Y no digamos ya lo que representa la oferta ilegal. Más a la bolsa del fraude.

No diré aquello de "Hacienda somos todos", ya que no quiero hacer reír a nadie de un problema bastante serio que amenaza la financiación del Estado del bienestar. Estas bolsas de dinero negro afectan múltiples aspectos de la economía y ensucian las cifras de la renta per cápita que detecta la Contabilidad Nacional. O inciden en su distribución, ya que no todo el mundo tiene las mismas posibilidades de hacer fraude. Así, por ejemplo, cuando se tiene que pedir un préstamo y mostrar una nómina, o cuando hace falta la declaración de ganancias al impuesto de sociedades para optar a un concurso, cuando lo que el banco sabe del prestatario es mucho más que lo que la entidad puede mostrar formalmente al Banco de España por su cobertura de riesgos. Y el fraude actúa simétricamente en beneficio del defraudador a la hora de pedir, por ejemplo, una beca o una subvención por ingresos de los cuales no se tiene conocimiento oficial. ¡Un plus adicional por el fraude inicial!

No es este un fenómeno exclusivo del sector de servicios, pero en las zonas turísticas se juntan la mayor parte de aquellos factores. Estas bolsas de dinero se ven a menudo en un consumo excesivo y en viajes de familias con gastos que no cuadran con las rentas oficiales. También se blanquean recursos con transacciones mercantiles que, en algunos casos, incluso en las notarías se ven de vez en cuando acuerdos de última hora extraoficiales.

La falta de conciencia social, y a menudo la queja contra el estado de las cosas que gestionan nuestros políticos, abonan con impunidad aquellos comportamientos. Incluso hemos llegado, como sociedad, a hacer reconocimientos o a dedicar calles a defraudadores declarados o a ciudadanos nuestros que, en realidad, lo han sido fiscalmente de países extranjeros. Entiendo que estas cosas no se solucionan de un año para otro, siendo cambios estructurales para sociedades todavía poco democráticas como la nuestra. Piensen, si no, en acuerdos de pagar para reducir penas y no entrar en la cárcel de algunos empresarios, o en muchas actuaciones de jueces y fiscales que, al grito de "quien pueda, que haga", nos han convertido en el hazmerreír de Europa. ¡Y mira que esta últimamente no pasa por su mejor momento! Reconocer todo esto debería evitar hacer capulladas desde las instituciones. De modo que quien tiene cargo político o representa sectores sociales o empresariales debe ser consciente de que debe dar ejemplo de buena ciudadanía fiscal si se quiere ahorrar la risa socarrona de muchos.