La semana pasada, el índice de referencia del precio del gas natural en la Europa continental superó los 91 euros por megavatio hora, el nivel más alto desde diciembre de 2022. A finales de febrero, antes de que el conflicto en Oriente Medio estallara, cotizaba alrededor de los 30 euros; es decir, se ha triplicado en ocho meses. Es por ello que las diez patronales que representan buena parte de la industria estratégica del Estado han recordado al Gobierno que están haciendo paradas selectivas de producción en sus plantas —la Alianza por la Competitividad de la Industria Española cifra en 7.400 millones de euros el sobrecoste adicional en luz, gas y carburantes. La prensa económica habla de una gran industria en estado de alarma. Pero hemos llegado hasta aquí de forma progresiva, cargando piedra sobre piedra en la mochila de la industria.

La primera piedra es bien conocida: Europa no resolvió su dependencia energética después de la invasión de Ucrania; simplemente la desplazó, sustituyendo el gas ruso por gasoducto por gas natural licuado, el GNL, que llega en barco, comprado en el mercado global. Ahora bien, un mercado global significa también una exposición global: las interrupciones en el estrecho de Ormuz, por donde pasa una parte sustancial del GNL mundial, han puesto precio a esta vulnerabilidad. Según la AEGE, la patronal de los grandes consumidores de energía, la demanda industrial de gas en España arrastra una pérdida estructural de un 25% desde la guerra de Ucrania. El problema ruso no se resolvió; solo quedó tapado por problemas adicionales.

La segunda piedra es el coste de la electricidad. Con el sistema actual de formación de precios eléctricos, llamado marginalista (la última tecnología, la más cara, que entra en la subasta diaria donde hay que encajar oferta y demanda, fija el precio de todo el mercado), tener un coste elevado del gas supone un contagio de los costes elevados hacia la factura eléctrica. Pero en España añadimos matices de cosecha propia. Desde el gran apagón del 28 de abril de 2025, Red Eléctrica opera el sistema en “modo reforzado”: los servicios de ajuste, es decir, el coste de hacer físicamente viable en la red aquello que se ha casado en el mercado, ya superan los 4.200 millones de euros entre enero y septiembre, un 37% más que el año anterior. Este septiembre, la gran industria española ha pagado 92,58 euros por MWh, frente a los 69,43 de Francia y los 82,84 de Alemania. Solo los servicios de ajuste, que ni franceses ni alemanes soportan, añaden más de 20 euros por MWh de diferencial. Y Alemania compensa con mucha más generosidad el CO₂ indirecto, el sobrecoste que el mercado de emisiones traslada al precio eléctrico, mientras aquí la partida topa con la disponibilidad presupuestaria del Gobierno, ahogada por la creciente factura de las pensiones.

La salida lógica de la industria ante un gas demasiado caro es electrificar los procesos térmicos, pero más del 85% de los nudos de la red no tienen capacidad para nueva demanda; a finales de 2024 la industria solicitó 18 GW de potencia de acceso y se concedieron 2. Dicho de otro modo, la puerta de emergencia existe, pero en España está tapiada.

Este septiembre, la gran industria española ha pagado 92,58 euros por MWh, frente a los 69,43 de Francia y los 82,84 de Alemania

La tercera piedra es la regulación. Europa ha construido un edificio normativo formidable, con derechos de emisión de CO₂, múltiples tasas a envases y residuos, trazabilidad contra la deforestación e informes obligatorios y extensísimos de sostenibilidad, que el fabricante europeo debe cumplir al pie de la letra. El producto importado, en cambio, atraviesa la frontera con exigencias nulas o simbólicas. No es una política climática, sino un arancel inverso que solo grava a quien produce aquí.

En la mochila de la industria española hay algunas piedras adicionales, de impacto no menor. El absentismo laboral cerró el primer trimestre en el 7,6% de las horas pactadas, récord de la serie histórica. Cerca de un millón y medio de trabajadores que cada día no acuden al trabajo. Y luego está la logística: la cuota del ferrocarril en el transporte de mercancías no llega al 4%, frente al 17% europeo, y este año, tras los socavones de Gelida y del túnel de Rubí, el tráfico ferroviario de mercancías entre Catalunya y Francia llegó a caer un 80%. Todo ello aboca más camiones a una AP-7 que ya trabaja al límite y que canaliza buena parte de las exportaciones catalanas, más de una cuarta parte del total español.

Separadamente, ninguna de estas disfunciones es letal: una planta puede sobrevivir a un invierno de gas caro, a un año de absentismo alto o a unos meses de camiones en lugar de trenes. El problema es que la competitividad no es aditiva, sino multiplicativa. Un sobrecoste energético de un tercio respecto del vecino, un 7% de horas perdidas, un transporte más caro e incierto y una burocracia asimétrica no se suman, se componen. Empieza a ser urgente sacar piedras de esa mochila: hay pilares del tejido productivo del país que ya no pueden caminar.