Tenemos a los payeses en pie de guerra. Los tractores tiñen las carreteras y la crispación se ha extendido por todo el territorio. La imagen no es ni gratuita ni exagerada: responde a una amenaza percibida como real e inminente. Con el texto del acuerdo ya cerrado y el proceso de ratificación en marcha en la Unión Europea, el pacto con los países del Mercosur ha hecho aflorar un malestar que hacía tiempo que se acumulaba y que ahora ha dejado de poderse contener.

El sector primario catalán no llega hasta aquí por sorpresa ni por impulso. Lleva años trabajando en un entorno cada vez más exigente y menos rentable. Los costes de producción se han incrementado de manera sostenida, las exigencias ambientales y sanitarias son elevadas, y los precios en origen a menudo no compensan ni el esfuerzo ni la inversión. A todo ello se añade una falta de relevo generacional persistente, que pone en riesgo la continuidad de muchas explotaciones. En este contexto frágil, cualquier alteración del marco competitivo se vive como una amenaza directa.

No se trata en ningún caso de un rechazo al comercio internacional ni de una resistencia al cambio. El campesinado catalán no cuestiona la necesidad de exportar ni de abrir nuevos mercados. Lo que cuestiona es la coherencia del modelo. Producir alimentos en Catalunya implica cumplir unas normas estrictas en materia sanitaria, ambiental y laboral, fruto de un sistema que dice defender la calidad, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad. Estas exigencias tienen un sentido claro, pero también tienen un coste que a menudo no es reconocido ni compensado.

El acuerdo con los países sudamericanos integrados en el Mercosur, negociado durante más de veinticinco años, quiere crear una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, con cerca de 780 millones de consumidores. Según datos de la Comisión Europea, el intercambio comercial entre ambos bloques supera los 100.000 millones de euros anuales. El relato institucional insiste en las oportunidades económicas, en la necesidad de reforzar alianzas estratégicas y en el papel de Europa en un escenario global cada vez más competitivo. Pero esta mirada macroeconómica tiende a obviar los efectos concretos sobre el territorio

El sector primario catalán no llega hasta aquí por sorpresa ni por impulso. Lleva años trabajando en un entorno cada vez más exigente y menos rentable

El núcleo del conflicto es la desigualdad de condiciones. En muchos países del Mercosur, las normas de producción son sustancialmente menos estrictas que las europeas. El uso de determinados fitosanitarios prohibidos en la Unión Europea, los bajos costes laborales y una regulación ambiental más laxa permiten producir a precios con los que el productor catalán difícilmente puede competir. Abrir el mercado europeo a estos productos sin exigir condiciones equivalentes no es fomentar la competencia, sino institucionalizar un desequilibrio estructural.

Es por eso, y con razón, que los payeses reclaman las llamadas cláusulas espejo. No como un privilegio ni como una excepción, sino como una condición mínima de justicia. Si a un productor local se le exigen unos estándares concretos, es razonable que estos mismos criterios se apliquen a los productos que entran de fuera. Sin esta simetría, el mercado se convierte en una carrera a la baja en la que el precio se impone a la calidad y el territorio acaba saliendo perjudicado.

Este malestar no es exclusivo de Catalunya. Francia ha vivido movilizaciones masivas del sector agrario, y su gobierno ha expresado abiertamente la oposición al tratado. En Alemania, Grecia, Polonia o Irlanda también se han producido protestas y advertencias claras del mundo rural. Lo que a menudo falla es el relato. Estas movilizaciones se presentan como conflictos locales desconectados, cuando en realidad responden a un mismo patrón europeo. El sector primario alerta de que está siendo sacrificado en beneficio de intereses económicos muy concretos.

En este escenario, el apoyo casi acrítico de España al tratado resulta especialmente difícil de justificar. El gobierno defiende el acuerdo como una oportunidad estratégica para la economía, poniendo el foco en los beneficios para sectores industriales y exportadores con fuerte presencia en América Latina. Pero este relato invisibiliza el impacto que el acuerdo puede tener sobre el campesinado, un sector también estratégico para el equilibrio territorial, la cohesión social y la soberanía alimentaria.

El núcleo del conflicto es la desigualdad de condiciones. En muchos países del Mercosur, las normas de producción son mucho menos estrictas que las europeas

Las medidas compensatorias que se han puesto sobre la mesa no resuelven el gran problema de fondo. Las ayudas puntuales, los fondos de crisis o los mecanismos de salvaguarda pueden aliviar tensiones a corto plazo, pero no corrigen la desigualdad normativa ni garantizan una competencia justa. Al contrario, consolidan un modelo en el que el sector primario depende cada vez más de subvenciones mientras pierde capacidad productiva y autonomía.

El debate que abre este tratado es incómodo, pero necesario. ¿Qué papel deben tener los campesinos en el proyecto europeo y, por extensión, en el modelo económico catalán? Si la agricultura es estratégica, si se habla de soberanía alimentaria y de transición ecológica, estas ideas se deben traducir en decisiones coherentes. No se puede exigir excelencia en casa y mirar hacia otro lado cuando se trata de importaciones.

El conflicto no es menor ni coyuntural. Afecta directamente la capacidad de Catalunya de sostener un sector primario vivo y viable. El Mercosur pone esta realidad contra las cuerdas y obliga a preguntarnos quién decide, con qué criterios y con qué respeto por el territorio. El silencio o la ambigüedad, en este punto, también son una toma de posición.