Hace unos días, el Tribunal de Cuentas causó un gran revuelo confirmando lo que muchos sospechábamos, pero que hasta ahora no se había objetivado: el Gobierno desvió varios miles de millones de euros de los fondos Next Generation para pagar pensiones, principalmente durante los últimos meses de 2024. Lo hizo mediante dos modificaciones de crédito que se justificaron como "necesidades ineludibles" a causa de la prórroga presupuestaria. El órgano fiscalizador, que ha quedado casi dividido por la mitad en su criterio, considera mayoritariamente que los fundamentos jurídicos "deberían haber quedado mejor justificados". Seis consejeros han suscrito votos particulares que califican la operación de falta de soporte legal. Bruselas, mientras tanto, ya ha pedido explicaciones, recordando lo que a todos nos había quedado bastante claro: los Next Generation no se pueden destinar a gasto corriente.

Quienes hemos vivido el programa Next Generation desde la trinchera empresarial hace años que intuíamos que algo no encajaba. El periplo de cobrar una ayuda Next Generation en España ha sido uno de los procedimientos administrativos más áridos a los que un industrial se puede someter. Memorias técnicas, justificaciones cruzadas, auditorías privadas, requisitos de subsanación, idas y venidas con la administración autonómica y la estatal, plazos que se alargan trimestre tras trimestre con cualquier excusa: un sello pendiente, una factura que se vuelve a pedir, un criterio de elegibilidad reinterpretado a posteriori.

La inversión, mientras tanto, hecha y pagada durante meses, si no años. En el caso de nuestra empresa, nos enviaron un total de cinco entidades interlocutoras; con cada una empezamos desde cero, explicando quiénes somos, qué hacemos, en qué consiste el proyecto... y prosiguiendo con facturas, comprobantes y justificantes de todo tipo. La sensación de filibusterismo, es decir, de estar ganando tiempo y formando parte de un gran teatro orientado a que la administración dispusiera finalmente del dinero para pagar, ha sido profunda.

Los que hemos vivido el programa Next Generation desde la trinchera empresarial hace años que intuíamos que algo no encajaba

Hagamos números. Dejando de lado programas como el Kit Digital –que daría para una columna más orientada a reflexionar sobre las fronteras del concepto de malversación de fondos públicos–, el grueso del programa Next Generation entregado a empresas privadas se ha concentrado en los llamados PERTE: proyectos medianos y grandes, transformadores por diseño, ejecutados sobre todo por industrias medianas y grandes. Supongamos una de estas iniciativas con un presupuesto de cinco o diez millones de euros, que es el rango más frecuente en este tipo de proyectos, y supongamos una intensidad de ayuda del 35%. Si se dilata un año el cobro de la subvención desde la finalización de la ejecución del proyecto, estamos hablando de un agujero de tesorería de entre 1,7 y 3,5 millones de euros, lo cual equivaldría a un mes de tesorería de esta empresa tipo. Como no se pueden dejar a los proveedores, nóminas y resto de necesidades un mes sin atender, la empresa lo tendrá que cubrir con financiación bancaria, hecho que generará un tipo de interés de entre 100.000 y 200.000 euros para esta empresa tipo. Dicho de otra manera: la empresa adelanta el dinero, paga intereses al banco por adelantarlos, y la administración cobra el reembolso de Bruselas mucho antes de transferirlo al beneficiario final, generando un coste de cientos de miles de euros a la empresa. La diferencia temporal es, de facto, un préstamo a tipo cero del tejido productivo al Tesoro español.

Ahora bien, lo que el informe del Tribunal de Cuentas revela es algo más grave que un simple desfase de caja. Mientras las empresas hacían cola con la documentación bajo el brazo, el Gobierno utilizaba el falso remanente de estos mismos créditos como tesorería para tapar el agujero estructural de las pensiones. Es decir: el dinero europeo destinado a transformar el aparato productivo español, llegado en respuesta a un diagnóstico explícito de fragilidad industrial pospandemia, quedaba aparcado en las cuentas del Estado para evitar emitir deuda pública en un contexto de tipos altos. Cada mes de retraso en pagar a un fabricante de cerámica, una metalúrgica o una química era, traducido al lenguaje del Tesoro, un mes en el que no era necesario ir al mercado primario a colocar bonos. La paradoja es brutal: el programa Next Generation se diseñó precisamente porque se diagnosticó que la industria europea atravesaba una situación crítica de competitividad. La respuesta política fue movilizar 750.000 millones a escala europea para apuntalar este tejido. Pues bien: en España no solo no ha cumplido esta función reforzadora –los datos de inversión productiva industrial continúan estancados a niveles de 2018–, sino que se ha convertido literalmente en una piedra atada al pie de las empresas que sí se atrevieron a invertir, obligadas a actuar como banco del Estado a interés cero.

Queda claro que ciudadanos y empresas estamos solos. No podemos contar con el apoyo del Estado ante una contingencia grave

Más allá de la discusión técnica sobre si la operación contable era legal o si se queda en una "incidencia", lo que queda claro es que ciudadanos y empresas estamos solos. No solo no podemos contar con el apoyo del Estado ante una contingencia grave, sino que el Estado está dispuesto a poner leña al fuego de una crisis si eso le permite retener un puñado de votos. Tomemos nota.