El fenómeno de la ya iniciada jubilación en masa de la generación del baby boom, que arranca hace dos años, se analiza de ordinario desde el punto de vista de su impacto sobre la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social. Sin embargo, este importante proceso de trasvase desde la vida activa hacia la jubilación tiene otra vertiente, tan importante como la anterior, a la que hasta el presente se le ha prestado escasa atención. Me refiero al fuerte impacto que el abandono masivo de un elevado número de trabajadores en pocos años va a tener sobre la evolución del mercado de trabajo. Se trata de un proceso de sustitución de esos recién jubilados por nuevos empleados que debería programarse desde ya, para que las empresas puedan adaptar sus plantillas a cambios de envergadura en su estructura. A pesar del importante impacto que están teniendo las medidas en el ámbito de la Seguridad Social de fomento del retraso de la edad de jubilación, en los últimos 12 meses el número de pensiones de jubilación iniciales supera las 600.000, calculándose que esa cifra de aquí a 2040 puede elevarse hasta los 13 millones. El principal resultado de todo lo anterior es que, conforme a un informe reciente del Servicio Público de Empleo, del orden del 80% del empleo que se va a generar en España en los próximos 10 años será debido al reemplazo derivado de las jubilaciones de los boomers.

La consecuencia más inmediata de lo anterior va a ser que en breve plazo la presencia de vacantes sin cubrir se puede comenzar a presentar como una dificultad grave para ciertas empresas, que hasta el momento era un asunto marginal respecto de lo que sucede en otros países de nuestro entorno: 0,8% de puestos vacantes respecto del total de la población ocupada en España, frente por ejemplo al 4,2% en Holanda. Así, el número de vacantes sin cubrir ya se detecta que se ha incrementado en un 50% desde 2019, pasando de las 100.000 a las 150.000 del año pasado, aunque todavía lo sea en cifras absolutas reducidas. A estos efectos, la situación es bastante dispar, sobre todo según sectores y territorios. Así, las vacantes sin cubrir se concentran en el sector servicios, donde se encuentran el 88% de todas estas vacantes, con particular incidencia en las Administraciones Públicas, aunque se está expandiendo a otros sectores como la construcción y la industria.

Si tomamos como referencia el peso de los trabajadores que actualmente superan los 60 años, como potenciales jubilados en los próximos años, su porcentaje global se sitúa en torno al 10% (2,1 millones), pero resulta especialmente elevado en ciertas actividades, como es la reparación de electrodomésticos incluidos ordenadores (22%), servicio doméstico (22%), trabajo autónomo (17%), agricultura (16,2 %), servicios a edificios y jardinería (16,2%), Administración Pública (15,6%). En el otro extremo se sitúan otras actividades muy poco envejecidas, donde apenas se vislumbran problemas de reemplazo por jubilaciones: actividades relacionadas con el empleo (2,21%), programación informática (2,58%), telecomunicaciones (3,14%), servicios financieros (3,33%), extracción de minerales metálicos (3,8%), transporte aéreo (3,98%).

En parecidos términos, la situación es bastante diferente según territorios. Si tomamos como referencia el número de trabajadores que se jubilarían y los que se encuentran en edad de incorporarse por vez primera al mercado de trabajo, los datos muestran una población más envejecida y con mayores dificultades de reemplazo en el País Vasco, Galicia, Castilla y León y Andalucía. Como contraste, Cataluña es una de las Comunidades Autónomas con población menos envejecida y donde en términos generales pueden existir menos dificultades.

La respuesta a unas exigencias de reemplazo tan masivo y en breve plazo requiere de un diagnóstico lo más acertado posible y, sobre todo, adoptar medidas de diversa naturaleza.

En primer lugar, aunque su impacto cuantitativo pueda ser menor, habría que reforzar las medidas que puedan contener el abandono del mercado de trabajo. Por ejemplo, se tendrían que incentivar, a través de la negociación colectiva y no solo de medidas públicas, la utilización de la jubilación activa como fórmula de compatibilidad entre la percepción de la pensión de jubilación y la continuidad en el trabajo aunque sea parcial, o bien las fórmulas de retorno al trabajo tras la jubilación. Del mismo modo, habría que adoptar medidas potentes de ayudas públicas para que las empresas puedan realizar ajustes razonables de los puestos de trabajo de los discapacitados y medidas también por parte de la negociación colectiva, que ofrezcan alicientes a estos trabajadores para que no abandonen sus empresas.

La presencia de vacantes sin cubrir se puede comenzar a presentar como una dificultad grave para ciertas empresas

De otra parte, habría que aumentar la mano de obra disponible para atender a este gran reemplazo laboral y hacerlo atendiendo a las específicas necesidades de actividad profesional requerida por las empresas en los diversos sectores y territorios. A tal efecto debe tenerse en cuenta que las actuales cifras de desempleados son insuficientes, dada que su dimensión no basta para atender al reemplazo que se requiere, aparte de que muchos de ellos también lo son de edad avanzada, pues según la EPA del orden del 20 % de los parados actuales tiene más de 55 años. Eso sí, habría que afrontar de una vez el problema de la alta tasa de desempleo juvenil, más allá del doble de la media europea, que se presente como la respuesta más natural para llevar a cabo el reemplazo necesario.

Asimismo, habrá que adoptar medidas de incremento de la población activa disponible, incentivar a incorporarse al mercado de trabajo a los que actualmente son inactivos. Particularmente el foco habría que ponerlo entre las mujeres, dado que siguen teniendo una presencia inferior entre los ocupados, existiendo un diferencial que supone 1,3 millones menos de mujeres ocupadas respecto de los hombres. Ello, entre otras cosas, requerirá reforzar las medidas de corresponsabilidad familiar con las obligaciones laborales para hacerlo viable.

Añadido a ello, por cuanto que lo anterior no será suficiente, nuestro mercado de trabajo va a seguir necesitando de continuidad en los procesos de nuevos flujos migratorios, tal como ya lo viene advirtiendo en los últimos tiempos el Banco de España. Por ello, no se comprende que se estén produciendo actitudes de rechazo a la propuesta en tramitación parlamentaria de regularización de los extranjeros, como tampoco se entienden las propuestas de eliminación de los sistemas de regularización por arraigo, que están dando resultados tan positivos.

Particular tratamiento requiere el asunto por lo que afecta a las Administraciones Públicas, en especial en el ámbito de la Administración General del Estado, donde los funcionarios de más de 60 años representan el 23% y está previsto que se jubilen más de la mitad de sus funcionarios en los próximos diez años. En el caso de todas las Administraciones Públicas, el problema no se va a encontrar en la falta de candidatos para cubrir el reemplazo, sino en los procesos tan lentos de inicio y desarrollo de los concursos públicos, desde que se produce una concreta jubilación hasta que se cubre el correspondiente puesto por resolución del concurso. Situación que se encuentra también en la raíz de la elevadísima tasa de temporalidad en el sector público, duplicando a la que se presenta en el sector privado. A tal efecto, resulta imprescindible establecer un sistema de programación anticipada de los reemplazos y de agilidad en la resolución de los concursos públicos.

Habría que aumentar la mano de obra disponible para atender el gran reemplazo laboral que supone la jubilación de los 'baby boomers'

Finalmente, debe tenerse presente que este reemplazo por la jubilación de los boomers está coincidiendo con otros fenómenos coetáneos. El más significativo de ellos se sitúa en los cambios de perfil profesional en las necesidades de las empresas, a resultas de la digitalización y, en particular, del generalizado despliegue de la inteligencia artificial. Cambio en los perfiles que supone progresiva pérdida de peso de ciertas actividades profesionales, con paralela emergencia de nuevos tipos de empleo. A estos efectos son cruciales las políticas activas de empleo, en la línea de diagnosticar correctamente el fenómeno, orientando las políticas de formación y especialmente de reciclaje profesional hacia los nuevos nichos de empleo. Del mismo modo, ha de tenerse en cuenta que el elevado envejecimiento de los trabajadores autónomos coincide con un proceso de reducción de su peso en el mercado de trabajo y correlativo incremento de la tasa de asalarización, que en este caso debe ser bienvenida, lo que aconseja en paralelo incentivar el crecimiento del tamaño medio de las empresas.

En definitiva, los retos a los que se enfrentan las empresas para responder a este gran reemplazo laboral requieren de muy diversas medidas, sin lugar a duda muchas de ellas de indiscutible complejidad, pero sabiendo que nos jugamos mucho si no somos capaces de armar la necesaria respuesta de conjunto y hacerlo con la anticipación precisa.