¿Os habéis preguntado en alguna ocasión por qué fracasan las reformas laborales en nuestro país, por qué ninguna de las tres aprobadas a lo largo de los últimos quince años han permitido que abandonemos el primer puesto en el ranking de desempleo o, todavía más, cómo es posible que sigamos siendo líderes de la Unión Europea (UE) en tasas de desempleo a pesar de nuestras actuales elevadas tasas de crecimiento?

La realidad es que desde 1976 se han implementado siete modificaciones normativas que podríamos conceptualizar como reformas laborales. Con toda seguridad, muchas más de las necesarias, puesto que no tenemos evidencias suficientes sobre su impacto real en la economía y en el empleo. En todo caso, esta realidad no es más que el hábito, muy arraigado en nuestra mentalidad colectiva, que nos lleva a pensar que la resolución de un problema pasa, ante todo, por la puesta en marcha de una nueva regulación normativa. En este punto, debería recordaros que el proyecto que hemos desarrollado desde la Fundación Ergon con el título Propuestas para la mejora de la gestión del mercado de trabajo, muestra cómo es posible la introducción de mecanismos de cambio en la gestión del mercado de trabajo y la del empleo sin necesidad de realizar grandes reformas normativas, que hoy no son ni pertinentes ni posibles dada la situación de polarización política en la que vivimos. De hecho, esta situación de bloqueo es perfectamente constatable si tomamos en cuenta lo que estamos viviendo sobre la reforma de la jornada ordinaria de trabajo impulsada por el actual Ejecutivo.

En este sentido, y en lo que concierne a la gestión del empleo, expresar el criterio de que, con la actual regulación normativa, es posible desarrollar actividades y programas que pueden suponer aportaciones relevantes para superar un fracaso que ya forma parte de nuestra realidad vital. A modo de ejemplo: la Ley 3/2023 de Empleo formula planteamientos que, analizados desde una perspectiva amplia, permitirían afrontar muchos de los problemas que persisten en la gestión del empleo.

Aunque han transcurrido casi 50 años desde 1976, hoy siguen vigentes buena parte de las disfunciones estructurales de nuestro mercado. La suma de una cultura laboral en la que persisten elementos que corresponden a un periodo político autoritario, un contexto económico basado en el turismo y los servicios y una estructura empresarial centrada en las pymes y las microempresas, da como resultado la realidad que vivimos hoy y que me permito resumir en el hecho –lo he destacado ya en anteriores reflexiones– de que no hayamos sido capaces de evolucionar un entorno normativo centrado en la rigidez a otro en el que debería de reinar la flexibilidad.

Necesitamos hacer un clic, superar las dialécticas caducas y repensar las soluciones y programas

Aunque pueda calificarse como espectacular el retroceso de la temporalidad en los tres años transcurridos desde que se aprobó la última reforma, no deberíamos incurrir en autoengaño. Los datos demuestran cómo en nuestro mercado de trabajo existen agujeros negros o, como mínimo, claroscuros. Agujeros que tienen que ver con niveles de precariedad salarial, dualidad en las condiciones laborales, y desempleo estructural, que responden a factores más profundos y sobre los que no se está actuando en la forma e intensidad requeridas.

La maldición de nuestro mercado laboral se refleja en el mantenimiento de unas tasas de desempleo superiores al 10% que siguen siendo (a pesar de que la calidad estadística en algunos entornos sea discutible) de las más elevadas de la UE. El problema radica en la pregunta de si las estadísticas reflejan con claridad la realidad o bien si muestran un sesgo por el hecho de que no tienen en cuenta la situación de determinados colectivos. Una realidad que hace que hoy (recordemos que llegamos a alcanzar niveles del 23% de desempleo en 2014) el desempleo no sea un grave problema, desde una perspectiva macro, aunque sí lo sea desde una perspectiva micro.

Una economía con una tasa superior al 11% (en la que casi la mitad de los desempleados tienen la condición de estructurales) necesita ser más ambiciosa tanto en el terreno estrictamente económico y de modelo productivo como en el propiamente laboral y social. Y para reducir este guarismo es necesaria la voluntad de las partes (Gobierno, líderes políticos y de opinión e interlocutores sociales, entre otros) más que la definición de nuevos criterios normativos. Necesitamos hacer un clic, superar las dialécticas caducas y repensar las soluciones y programas. Debemos guiarnos por los datos y las certezas y no por otros modelos basados en otros parámetros.

En otras palabras, necesitamos generar dinámicas dirigidas a reducir el desempleo estructural y hacerlo mediante un cambio radical en la definición y gestión de las políticas activas (programas específicos de formación e inserción) de empleo, así como la puesta en marcha de nuevos criterios en las relaciones entre éstas y las pasivas (prestaciones y subsidios). También urge repensar y organizar los sistemas de protección que podríamos englobar bajo el término de Renta Básica Universal (RBU).

En definitiva, formulo una demanda de mayor exigencia social para afrontar una realidad compleja que es una muestra de un fracaso colectivo. No deberíamos seguir tropezando con las mismas piedras.