¿Falta o no falta mano de obra en el campo?
- Tomás García Azcárate
- MADRID. Miércoles, 11 de febrero de 2026. 05:30
- Tiempo de lectura: 3 minutos
La verdad es que el título de este artículo debería ser más amplio: ¿falta, o no falta, mano de obra en el campo y en otros sectores como la hostelería, el comercio, el cuidado de personas, la limpieza, el empleo doméstico y la logística?, aunque me voy a centrar en el sector en el que mi nivel de incompetencia es algo menor, el agroalimentario y el agrario.
En el sector del transporte de mercancías, la patronal Fenadismer ha promovido un protocolo que se ejecutará a través de la Dirección General de la Agencia Turca de Empleo, para traer a España 30.000 camioneros de aquel país, donde fuentes oficiales cifran en 300.000 los camioneros en demanda de empleo.
Por su parte, recojo de Q.com, “la patronal Hostelería de España valoró y compartió el espíritu de esta medida, la regularización extraordinaria de cerca de 500.000 personas extranjeras, que ya se encuentran en España, anunciada por el Gobierno, y pidió que este proceso vaya acompañado de programas de formación y cualificación, con el fin de avanzar en una mayor profesionalización de las personas inmigrantes que se dediquen a los servicios de restauración o de alojamiento”.
Los nuevos emigrantes legalizados vendrían a sumarse a los 248.217 afiliados extranjeros de media en diciembre de 2025 registrados en el Régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, un 2,8 % más respecto al mismo mes de 2024, lo que coloca el porcentaje de este colectivo en el 36,91 % del total de personas que conforma este régimen.
Por nacionalidades, el mayor número de afiliados extranjeros proceden de Marruecos (105.415 personas), Rumanía (37.364) y Senegal (20.400). Las regiones con más afiliados extranjeros son Andalucía (107.919 afiliados, 41.580 en Almería), Región de Murcia (47.518) y Comunidad Valenciana (31.885).
Hipocresía e inseguridad
Esta legalización viene a limitar al menos una hipocresía tremenda y una inseguridad jurídica patente.
La hipocresía consiste en que, al exigir una presencia justificada de dos años para poder iniciar el proceso de legalización (y esto que antes eran tres), condenaban al emigrante en situación irregular a vivir del aire durante al menos 730 días, o a trabajar al margen de la legalidad en condiciones no siempre dignas.
La legalización de 500.000 inmigrantes viene a limitar una hipocresía tremenda y una inseguridad jurídica patente
La inseguridad jurídica era para el empleador que, incluso si tenía la firme intención de legalizar la relación laboral, se encontraba ante la imposibilidad de hacerlo.
Todas estas razones explican, como nos indica Efeagro, que “el campo apoya la regulación de extranjeros ante la falta de mano de obra”. En este artículo han recogido opiniones de todas las organizaciones agrarias, incluida la patronal más patronal, ASAJA, miembro de la CEOE. Su secretario de organización, Juan José Álvarez, apuntaba que “ve muy positivo que en esta nueva regularización se haya optado por reducir el arraigo en el país de dos años a cinco meses”.
Desde la Unión de Pequeños Agricultores, insisten además en que “los pueblos necesitan a las personas migrantes con todos sus derechos y deberes que les permitan acceder a un contrato digno”.
De nuevo una política de corto alcance
La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria de personas extranjeras en España fue impulsada por la plataforma “Regularización Ya” y respaldada por más de 700.000 firmas. Buscaba legalizar a unos 500.000 inmigrantes en situación irregular que residían en España antes del 1 de noviembre de 2021.
Los futuros legalizados están aquí. Muchos, una vez empadronados, ya disfrutan de la sanidad pública y, cuando no pueden, están en las urgencias de nuestros hospitales. Sus hijos ya cursan estudios en la enseñanza pública, todo esto sin que puedan contribuir a financiar a estos servicios, al margen del pago del IVA cuando hacen sus compras. Algunos estudios han cifrado su potencial contribución fiscal adicional en un máximo de 4.000 € por emigrante.
Los futuros legalizados están aquí. Muchos, una vez empadronados, ya disfrutan de la sanidad pública y sus hijos ya van a la escuela pública
Las cosas habían empezado bien. Promovida por una organización cívica de la que no se le conocía orientación política, la iniciativa popular había recibido un amplio apoyo social. A ello ha contribuido sin duda el apoyo de la Conferencia Episcopal Española (Departamento de Migraciones), de Cáritas Española, de la Confederación Española de Religiosos y la Mesa por la Hospitalidad de Madrid (Comunidad de Sant'Egidio, Pueblos Unidos, entre otras).
Las cosas siguieron por buen camino cuando la propuesta fue admitida a trámite por el Congreso el 9 de abril de 2024 con el voto favorable de todos los grupos políticos, salvo el de VOX.
Desgraciadamente, parece que de nuevo el fango y el cortoplacismo vuelven a aparecer. Felizmente, la iglesia española sigue donde estaba, del lado humano y de la dignidad. La mejor manera de evitar que un partido político (o un gobierno) se apodere de un tema y lo utilice es apoyar lo que haya que apoyar y criticar lo que haya que criticar, y la mejor manera que tiene un partido político de diferenciarse de otras opciones es afirmar y mantener sus principios, como hizo, por ejemplo, José María Aznar cuando legalizó a más de 500.000 emigrantes.