En medio del camino hacia la descarbonización de nuestras economías, las conferencias COP y los pactos globales para el progresivo abandono de los combustibles fósiles han cristalizado en diversos cambios en la gestión empresarial. Ha ganado peso todo aquello que llamamos "reporting", es decir, las obligaciones de divulgación de información, transparencia y pulcritud en la gestión corporativa. Lo que históricamente quedaba bajo el paraguas de la "responsabilidad social corporativa", un concepto voluntario, ha ido evolucionando hacia el ESG: cuidado del medio ambiente, el compromiso social y el buen gobierno, ahora ya menos voluntariosos y más forzados. Los mercados financieros se mueven hoy en día bajo puntuaciones (ratings) ESG, y muchas inversiones o préstamos están sujetos a una nota de corte ESG, de tal manera que las empresas que no demuestran suficiente compromiso quedan excluidas de los mercados de capitales. Es en este contexto en el que toman fuerza las memorias anuales no financieras y los códigos de buenas prácticas, piedra angular de los consejos directivos de las grandes empresas.

Mientras el sector privado hace sus deberes, empujado por un contexto en el que se audita al milímetro y se puntúan estas cuestiones, el sector público todavía no ha pasado del rating de calidad de la deuda, puramente financiero. En España, este anacronismo es una gran suerte, dado que si se implantara un criterio ESG público, probablemente tendría serios problemas para alcanzar umbrales de corte, sobre todo en lo que respecta a la G de Gobernanza. El buen gobierno implica ejemplaridad en la designación de cargos, predictibilidad del marco normativo, rigor en los procesos internos y solidez de criterios, unos valores totalmente ausentes del panorama político español, y actualmente sometidos a un estado de clara degradación.

En cuanto a la designación de cargos, los titulares vuelven a aflorar estas semanas en relación con Telefónica y Talgo. La primera, a pesar de ser una de las mayores empresas del país, vivió una transición forzada por la que se expulsó a su presidente ejecutivo en un consejo de administración extraordinario celebrado un sábado por la tarde, y se nombró como sustituto a Marc Murtra, afín al PSOE, y como vicepresidente y consejero a Carlos Ocaña, amigo personal del presidente Sánchez y coautor de su tesis doctoral. La segunda, Talgo, ha sido objeto también de un toma y daca de cargos francamente escandaloso, por el que se ha apartado con nocturnidad a la familia Oriol, vinculada a la presidencia de la entidad desde hace más de ocho décadas, se ha abortado una operación de compraventa por parte de un operador húngaro en términos objetivamente favorables y se ha endosado la participación a Duro Felguera, a quien supongo que el Gobierno ahora le debe favores. Todas ellas son prácticas no homologables de designación de cargos corporativos, que no responden a ningún proceso establecido sino a la voluntad discrecional del Gobierno de turno.

Vivimos un gran lío legislativo que nos ha llevado a todos a no tener ni idea de qué norma puede aparecer o decaer mañana mismo

En cuanto a la predictibilidad del marco normativo, la situación es igualmente escandalosa. El último despropósito es la sorprendente retirada del proyecto Verifactu, por el cual todas las pequeñas empresas y comercios debían comunicar telemáticamente a la Agencia Tributaria sus tickets de caja y validarlos con un código QR. A menos de un mes para la entrada en vigor del sistema, evidentemente una amplia mayoría de los afectados ya había completado los preparativos para cumplir la nueva norma, que en casi todos los casos implicaba una inversión en adaptaciones tecnológicas, nuevos terminales de pago... Pero el caos de Verifactu es un grano de arena en el desierto de Reales Decretos-Ley retroactivos y a menudo rodeados de dudas sobre su convalidación en el congreso: un gran lío legislativo que nos ha llevado a todos a no tener ni idea de cuál de las normas puede aparecer o decaer mañana mismo.

En definitiva, el clima normativo para las empresas españolas que padecemos actualmente puede ser muy atractivo para aquellos amantes de las aventuras, de los deportes de riesgo, de la acción. Lamentablemente, el mundo industrial y los mercados de capitales no suelen responder a estas aficiones, sino todo lo contrario: buscan la continuidad, la calma, la predictibilidad. Es por ello que observamos valores decrecientes en inversión industrial y proyectos de alto valor añadido, un vacío que seguimos llenando con turismo low-cost y sector agrario, ambos grandes generadores de externalidades sociales y ambientales que cada vez son más visibles y cuestionadas. El famoso cambio de modelo no vendrá de un despacho de planificación económica, una idea más propia de la Unión Soviética que de la Europa del siglo XXI, sino de la implantación de los incentivos correctos, comenzando por una mayor ejemplaridad pública en el buen gobierno, la pulcritud en la designación de cargos y la seguridad jurídica.