Cuando nos referimos a la dimensión financiera del Estado autonómico, existen tres asuntos urgentes en la agenda: la reforma de la financiación autonómica, la estrategia de salida de los mecanismos extraordinarios de financiación y la reforma de la estructura de cogobernanza financiera. El acuerdo de gobierno del PSOE y Sumar se refiere al primero y al tercero; soslaya el segundo. Aunque todavía no es seguro, el escenario más probable hoy es que la coalición obtenga un respaldo mayoritario en el Congreso de los Diputados. Por eso, el documento presentado es muy relevante y exige atención. Vayamos por partes. 

Sobre la reforma de la financiación autonómica, se reitera el compromiso de impulso a un nuevo sistema; y se incide en los principios que debe seguir: equidad, solidaridad, autonomía financiera y corresponsabilidad suficiencia y lealtad. Además, se hace una referencia concreta a la infrafinanciación de la Generalitat Valenciana y “al resto de comunidades autónomas infrafinanciadas”. En particular, se acuerda que los presupuestos generales del Estado garantizarán su solución transitoria mientras no exista un nuevo modelo.

¿Qué implicaciones tiene lo anterior? Primero, que se va a seguir intentando la reforma global de sistema de financiación de régimen común. Está bien. Pero el escenario político es incluso más difícil que en la legislatura anterior, porque el PP es más relevante que antes. Lo es en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), porque gobierna en la mayoría de las autonomías de régimen común, y lo es en el Congreso. Cierto que no es imprescindible que el CPFF avale el acuerdo, pero nunca se ha hecho de otra manera. Y es verdad que se podría alcanzar una mayoría en el Congreso. Pero la posición maximalista de Junts y ERC será muy difícil de conciliar con la de otras fuerzas y con los propios líderes territoriales del PSOE. Por todo lo anterior, veo poco probable que seamos capaces de aprobar la reforma integral en los dos próximos años; y por eso creo que es bueno que se haga referencia expresa a la infrafinanciación objetivable de la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha. Teniendo en cuenta el color actual de sus ejecutivos autonómicos, entiendo que el PP sí podría apoyar un acuerdo en el CPFF que resolviese este asunto a corto plazo y otras cuestiones técnicas muy relevantes para el funcionamiento del sistema actual, como puede ser la simetría en el sistema de retenciones del IRPF en el tramo estatal y en el autonómico. Se trataría de una “minireforma” de urgencia que mejorase el funcionamiento del sistema actual sin modificar su fondo. Muchos expertos hemos abogado ya por ello. Existen diferentes propuestas sobre la mesa. Sería un avance nada desdeñable.

Sobre la reforma de los mecanismos de cogobernanza, he escrito ya alguna columna en ON ECONOMIA. Podemos y debemos revisar el funcionamiento de la Conferencia de Presidentes y del CPFF. De nuevo, en la medida en que el PP es hoy dominante en el espacio de los gobiernos autonómicos, el principal partido de la oposición no debería rechazar de plano una oferta que, en la práctica, daría más voz y voto a las Comunidades Autónomas y mejoraría el funcionamiento del Estado Autonómico. Creo que el gobierno debe explorar en serio esta vía como espacio de avance en un entorno político general objetivamente muy difícil. Y que el PP tendría difícil justificar su negativa.

Finalmente, nada se dice de cómo vamos a metabolizar los mecanismos extraordinarios de financiación; en particular el Fondo de Liquidez Autonómico. Quizá sea porque se considera que es un asunto muy técnico y que no toca incorporarlo al acuerdo. Quizá sea que es un asunto demasiado difícil de resolver y que lo mejor es dejarlo en pausa un par de años más, hasta que las condiciones sean más propicias. Personalmente, me gustaría que se cogiese el toro por los cuernos. Pero entiendo perfectamente que se prefiera orillar en el texto y en la acción política a corto plazo, teniendo en cuenta la larga lista de asuntos pendientes y los costes políticos de una reestructuración de una deuda autonómica territorialmente muy concentrada.