Cuando no es la guerra de Ucrania, es la tensión en Oriente Próximo. Cuando no es la sequía, son los costes de la energía o del transporte. Siempre hay una explicación para que el consumidor pague más, alguna circunstancia que nos obliga a comprender, adaptarnos y apretarnos un poco más el cinturón. Pero cuando una buena cosecha abre la puerta a pagar menos, entonces emerge la necesidad de estabilizar el mercado. Las subidas llegan con una lección de economía, mientras que las posibles bajadas deben superar un examen de conveniencia. ¿Quién ha decidido que nuestro bolsillo puede esperar?

El caso del aceite de oliva ilustra esta contradicción. Una resolución del Ministerio de Agricultura, publicada en el BOE el 6 de noviembre, obliga a los molinos a retener el 12% de la producción declarada a partir de este mes hasta el 30 de septiembre de 2027, salvo que se modifique la medida. El aceite no se destruirá, pero quedará temporalmente fuera del mercado por decisión administrativa. Dicho sin el envoltorio burocrático: ante la perspectiva de disponer de más producto, se aparta una parte de la venta.

El Gobierno lo justifica por la previsión de una cosecha abundante y el riesgo de una sobreoferta que desestabilice el mercado. La preocupación merece ser escuchada. Quien trabaja la tierra debe poder cubrir los costes, remunerar su trabajo y mantener la explotación sin confiar cada temporada en una combinación afortunada de lluvia y cotizaciones. En Les Garrigues, en el Baix Ebre o en el Montsià, defender el olivo también significa defender actividad económica, paisaje y arraigo. Un país que quiere preservar el campesinado no puede pedirle que produzca a pérdidas para que el resto compremos más barato.

Ahora bien, una causa legítima no convierte en indiscutible cualquier instrumento utilizado para protegerla. Cuestionar esta retirada no significa desentenderse del campo, sino preguntar si es la mejor manera de sostenerlo y cómo se distribuye la factura. ¿Qué alternativas se han estudiado? ¿Cómo se certificará que el beneficio llega a las explotaciones que más lo necesitan? Antes de pedir comprensión al consumidor, convendría explicarle por qué le corresponde asumir un posible sobrecoste y qué garantías tiene de que este esfuerzo beneficiará realmente al campesinado.

Cuando todo se encarece, nos piden resignación. Cuando una buena cosecha puede aliviar el bolsillo, limitan la oferta. ¿Por qué siempre pagamos los mismos?

La duda tampoco es una manía contra la intervención pública. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia advirtió el 5 de octubre de que la restricción podía encarecer los precios y reducir la variedad y la calidad de la oferta. También reclamaba evaluar sus consecuencias, especialmente para los consumidores con menor renta. Si el organismo que vela por la competencia señala este riesgo, invocar la estabilidad resulta insuficiente. ¿Estabilidad para quién, a qué precio y con qué resultados?

Conviene, sin embargo, no hacer trampas con el argumento. Una cosecha abundante no garantiza una rebaja inmediata en el supermercado, ni una bajada en origen se traslada necesariamente de manera íntegra al tique de la compra. Entre el campo y el estante intervienen la transformación, el envasado, la logística y las decisiones comerciales. Pero esta complejidad obliga a examinar toda la cadena, en lugar de dar por hecho que productor y consumidor deben tener intereses irreconciliables. Si lo que percibe el agricultor es insuficiente y la familia sigue pagando demasiado, alguna pregunta tendremos que hacer sobre qué sucede entremedio. Antes de repartir sacrificios, hay que saber quién puede imponer condiciones y quién consigue preservar los márgenes.

Aquí radica el malestar. Otra vez, el consumidor parece condenado a ejercer de amortiguador de cualquier desequilibrio. Cuando falta producto, debe aceptar el encarecimiento. Y, cuando hay más, debe comprender que se retenga una parte. Cada decisión puede tener su justificación, pero en casa todas desembocan en el mismo presupuesto, donde la alimentación convive con la vivienda, los suministros y el transporte. Los argumentos pueden ser heterogéneos, pero los euros con los que los tenemos que pagar son los mismos.

No haría esta crítica con la misma contundencia si los salarios acompañaran el coste de vivir. No pretendo que todas las empresas asuman incrementos que quizás comprometerían su continuidad, pero me resisto a considerar inevitable que el ajuste recaiga siempre sobre los hogares. ¿Cuántas empresas revisan las remuneraciones con la diligencia con la que actualizan las tarifas? ¿Cuántos trabajadores pueden afirmar que el sueldo les proporciona la misma tranquilidad que antes? La capacidad de adaptación de una familia no es inagotable, aunque demasiadas decisiones parezcan darla por descontada.

No reclamo aceite barato a costa del agricultor. Proteger al campesinado y defender el poder adquisitivo deberían ser dos obligaciones compatibles

Tampoco nos debería confundir la moderación de la inflación. Que los precios crezcan más lentamente no significa que recuperen el nivel anterior, ni que el dinero vuelva a dar lo mismo de sí. La diferencia se ve después de asumir los gastos ineludibles, cuando descubrimos si queda margen para ahorrar, afrontar una reparación o comprar sin sustituir aquello que querríamos por aquello que nos podemos permitir. Para quien ya ha agotado este margen, una posible rebaja alimentaria es mucho más que una variación en una estadística.

Según la Encuesta de condiciones de vida de 2025 del IDESCAT, el 47,3% de la población catalana llegaba a final de mes con algún grado de dificultad: desde cierta dificultad hasta mucha. No son situaciones equivalentes ni se pueden identificar todas con pobreza, pero desmienten cualquier imagen complaciente de un consumidor capaz de ir absorbiendo sobrecostes sin consecuencias. Detrás de este porcentaje hay economías domésticas para las cuales cualquier alivio puede marcar una diferencia.

¿Cuántas de estas personas se esfuerzan cada día en el trabajo y, sin embargo, tienen que hacer equilibrios para que las cuentas salgan? ¿Cuántas han normalizado renuncias que antes habrían considerado excepcionales? No hace falta cruzar un umbral estadístico para que la inseguridad económica condicione la vida. También lo hace tener que posponer una necesidad, descartar una compra o temer un imprevisto. ¿Y dónde queda aquello de llenar el carro con cincuenta euros? No se trata de convertir esta cantidad en una medida universal, sino de recordar una experiencia que muchos reconocen: llegar a la caja, mirar qué hemos comprado y preguntarnos cómo puede ser que el dinero se haya acabado tan pronto.

No reclamo aceite barato a costa del payés. Reclamo que protegerlo no sirva para dar por resuelto el debate sobre quién asume la factura. La misma normativa prevé revisar la medida a partir de finales de diciembre y permite reducir la cantidad retenida. Esta revisión debería servir para explicar qué se ha conseguido, qué explotaciones se han beneficiado y qué ha pasado con los precios. Si se exige un esfuerzo al comprador, lo mínimo es que pueda saber a quién ayuda y con qué resultado.

Proteger al campesinado y defender el poder adquisitivo deberían ser dos obligaciones compatibles. El Gobierno debe explicar cómo sostiene a quien produce sin convertir a quien compra en el financiador silencioso de la operación, porque la estabilidad también debería valorarse desde la cocina de quien hace números antes de ir al supermercado. ¿Con qué legitimidad se pide a las familias que asuman los encarecimientos del mercado si, cuando pueden llegar las rebajas, el Gobierno interviene para frenarlas?