Aunque lo más relevante con respecto al análisis de la corrupción es tratar de evaluar cuál es el nivel de corrupción en nuestro país, bueno es también compararnos con los otros países, particularmente los de nuestro entorno. No hay que decir que el buen gobierno es esencial para el desarrollo. Ayuda a los países a mejorar el crecimiento económico, formar el capital humano y reforzar la cohesión social. El Banco Mundial (BM) desarrolló en 2008 un Índice de Gobernanza Mundial (WGI, por sus siglas en inglés) que proporciona, año tras año, una imagen precisa de la gobernanza, basándose en las posiciones de cada país individual y del mundo en general en términos de patrones de gobernanza y de su evolución. El propósito es que aquellos que están a cargo de la gobernanza se hagan las preguntas apropiadas cuando piensen en las soluciones de cara a los principales problemas del siglo XXI.

El Índice WGI agrega datos de más de 30 think tanks, organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales y empresas privadas de todo el mundo seleccionadas basándose en criterios clave: creíbles, comparables y actualizados. Y basándose en opiniones varias de decenas de miles de encuestados y expertos. Están pensados para hacer comparaciones generales entre países y evaluar tendencias amplias en el tiempo. Evalúan anualmente, desde 1996, seis indicadores de gobernanza agregados para más de 200 países y territorios. Las seis grandes dimensiones de la gobernanza evaluadas son: 1. Voz y responsabilidad: libertad de elección, de expresión, de asociación y medios de comunicación libres. 2. Estabilidad política y ausencia de violencia/terrorismo. 3. Efectividad del gobierno: calidad de los servicios públicos, grado de independencia, calidad de las políticas públicas y credibilidad y compromiso del gobierno con las políticas. 4. Calidad reguladora: implementar políticas que promuevan el desarrollo del sector privado. 5. Estado de derecho: cumplimiento de las normas contractuales, derechos de propiedad, policía y tribunales, nivel de delincuencia y violencia. I 6. Control de la corrupción (CC): captar percepciones de hasta qué punto el poder público se ejerce para beneficios privados, incluidas las pequeñas y grandes formas de corrupción, así como la captura del estado por parte de las "élites" y los intereses privados.

Con datos de 2022, el ranking para cada uno de los 6 indicadores expresado en percentil, siendo 100 el país mejor, es: Voz y responsabilidad, 79,7. Estabilidad política, 53,3. Efectividad del gobierno, 77,8. Calidad reguladora, 75,9. Estado de derecho, 77,4. Y, finalmente, Control de la corrupción, percentil 75 sobre 100.

Precisamente, con respecto al Control de la Corrupción, si observamos la serie histórica (1996-2022) la mejor puntuación de España fue en 1998 con el percentil 90,4 (que va de 0, correspondiendo al peor ranking y 100, en lo mejor). Se mantuvo con valores parecidos hasta el 2012 (83,4) y empezó la pérdida de posiciones hasta 2017 con el percentil 67,1. Desde entonces ha ido recuperando posiciones hasta el percentil 75 en 2022. Aun así, se compara bastante mal con el percentil 84,5 del conjunto de países con ingresos elevados de la OCDE.

Las mejores expresiones de Control de la Corrupción las obtienen: Dinamarca (100 sobre 100), seguido de Finlandia, Noruega, Suecia, Suiza y Holanda; después sigue Alemania con 95,7 puntos, seguido del Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Portugal y España (75,0), y con peor ranking Italia (68,9) y Grecia (56,56).

España ocupa la posición 36 (de un total de 180 países) en el ranking de corrupción más utilizado del mundo, y la 15.ª entre los 27 miembros de la Unión Europea

Con todo, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), es el ranking global de corrupción más utilizado en el mundo. Mide cómo de corrupto se percibe el sector público de cada país, a juicio de los expertos y de los empresarios. La puntuación de cada país es una combinación de al menos 3 fuentes de datos extraídas de 13 encuestas y evaluaciones de corrupción diferentes. Estas fuentes de datos las recogen varias instituciones de renombre, como el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial (FMI). Como se combinan muchas manifestaciones diferentes de la corrupción que se sintetizan en un indicador globalmente comparable, proporciona una imagen más completa de la corrupción en un país concreto que cada fuente por separado. El proceso de cálculo del índice se revisa periódicamente para asegurar que es lo más robusto y coherente posible.

La puntuación de un país es el nivel percibido de corrupción del sector público en una escala de 0 a 100, donde 0 significa altamente corrupto y 100 completamente limpio de corrupción. El ranking de un país es su posición en relación con los otros países del índice. Los rankings pueden cambiar si cambia el número de países incluidos al índice. Por este motivo, la posición en el ranking no es tan importante como la puntuación con respecto al nivel de corrupción en el país en cuestión.

Las fuentes de datos para compilar el IPC cubren una serie de manifestaciones de corrupción del sector público: soborno; desviación de fondos públicos; funcionarios que utilizan su cargo público para beneficios privados sin hacer frente a las consecuencias; capacidad de los gobiernos para contener la corrupción en el sector público; excesiva burocracia en el sector público que puede aumentar las oportunidades de corrupción; nepotismo en los nombramientos en la función pública; leyes que garantizan que los funcionarios públicos tienen que revelar sus finanzas y los posibles conflictos de intereses; protección jurídica a las personas que denuncian casos de soborno y corrupción; captura del Estado por estrechos intereses creados; y acceso a la información sobre asuntos públicos/actividades del gobierno.

España obtiene una puntuación de 60 sobre 100, igual que el año pasado (cuanto más alta es la puntuación menor es el índice de corrupción) y ocupa la posición 36 en el ranking de 180 países, habiendo bajado un puesto en el ranking mundial y cuatro respeto al IPC 2020 (32/180). España ocupa el puesto 15 entre los 27 miembros de la Unión Europea. En la serie histórica iniciada en 2012, España tenía una puntuación de 65/100 y se situaba en el puesto 30 del ranking.

TI
Fuente: Transparency International

La justicia y el Estado de derecho efectivo son las piedras angulares de la democracia, identificadas por Transparency International (TI) y esenciales para prevenir y detener la corrupción tanto a nivel nacional como internacional. Los resultados de 2023 ponen de relieve la cronificación de las debilidades de los sistemas de justicia destinados a detectar, investigar, procesar y juzgar casos de corrupción. Un débil rendimiento de cuentas y la corrupción política socavan, segundo TI, el Estado de derecho y, en consecuencia, la ciudadanía está perdiendo la confianza en sus instituciones.

Transparency International pone de relieve la cronificación de las debilidades de los sistemas de justicia destinados a detectar, investigar, procesar y juzgar casos de corrupción

España, según TI, tiene que abordar reformas legislativas, pero sobre todo implementar procedimientos y controles adecuados de integridad, de transparencia y de rendición de cuentas. Hay que recuperar el buen funcionamiento de las instituciones —como la renovación del Consejo General del Poder Judicial— y llevar a cabo reformas institucionales necesarias para reducir de manera significativa el nivel de riesgos de corrupción en el sector público como la reforma de la ley de transparencia, la mejora de la transparencia parlamentaria, la creación de la Autoridad Independiente de Protección al Informante (Ley 2/2023) o el impulso de la regulación de un registro de grupos de interés obligatorio.

Finalmente, las recomendaciones de IPC2023 a los gobiernos con el fin de luchar contra la corrupción, mejorar la justicia y fortalecer el Estado de derecho son: fortalecer la independencia del sistema de justicia y hacerla más transparente; introducir mecanismos de seguimiento de la integridad; promover la cooperación dentro del sistema judicial y mejorar el acceso a la justicia; y ampliar las responsabilidades en los grandes casos de corrupción.