Pensemos en alguien que contrata a un arquitecto para construir una casa. El trato incluye un pago inicial, pero el cliente retiene la mayor parte del dinero con la condición de que solo pagará el resto cuando la casa tenga “alma”.

¿Cómo se mide el alma de una casa? ¿Quién firma el documento legal que certifica que el alma llegó al edificio? Esta es la encrucijada legal y corporativa en la que se han metido Amazon y OpenAI con su cláusula sobre el AGI, o inteligencia artificial general, un término en inglés que se refiere a un sistema informático teórico capaz de igualar o superar la capacidad intelectual de un ser humano en cualquier tarea imaginable.

En el mundo de las altas finanzas, los contratos por decenas de miles de millones de dólares no dejan margen a la interpretación. Estos se basan en métricas frías y calculables, tales como ingresos trimestrales, cantidad de usuarios activos, márgenes de ganancia o reducción de costos operativos. Sin embargo, condicionar el pago de 35.000 millones de dólares a la consecución del AGI es introducir la filosofía y la ciencia ficción en un documento vinculante de Wall Street. La AGI no es una línea de meta clara que se cruza rompiendo una cinta roja, sino que es un concepto nebuloso sobre el cual ni siquiera los propios ingenieros e investigadores del sector se ponen de acuerdo. Para algunos, resolver un examen complejo de matemáticas es un síntoma de inteligencia artificial general; para otros, un sistema no alcanza este estatus hasta que puede formular teorías científicas completamente nuevas sin intervención humana.

Por inteligencia artificial general se entiende un sistema informático teórico capaz de igualar o superar la capacidad intelectual de un ser humano en cualquier tarea imaginable

Esta falta de consenso convierte el acuerdo en una pesadilla logística para los abogados corporativos. Si Amazon promete soltar esa inmensa cantidad de capital solo cuando el sistema alcance la inteligencia humana, tendrán que crear un tribunal corporativo sin precedentes.

Se requerirán firmas auditoras de tecnología, paneles de expertos y métricas inventadas desde cero para juzgar si el software cruzó el umbral. Y el problema de fondo es comercial porque Amazon cambiará la definición de AGI para retrasar el desembolso o presionar a OpenAI, el proveedor, mientras que este intentará una demostración lo antes posible. Intentará imponer que cualquier avance marginal se califique como inteligencia humana general para cobrar el cheque.

El ganador no será el que tenga la mejor tecnología, sino el que tenga el bufete de abogados más astuto

En lugar de una alianza técnica, el contrato establece el escenario perfecto para una guerra de interpretaciones donde el ganador no será el que tenga la mejor tecnología, sino el que tenga el bufete de abogados más astuto.

Las cosas como son.