El supermercado se ha convertido en el espacio donde la pérdida de poder adquisitivo deja de ser una estadística y se convierte en una evidencia irrefutable. El mismo carro que hace pocos años se llenaba con relativa normalidad hoy obliga a comparar precios con una atención casi milimétrica, a sustituir productos y, a menudo, a renunciar a alimentos que hasta hace poco formaban parte de la compra habitual.

No es solo una percepción. Los datos confirman que algo se ha desplazado profundamente en la economía cotidiana. Según un informe reciente de EAE Business School, la cesta de la compra en España se ha encarecido cerca de un 40 % desde 2021. El impacto, además, es claramente desigual. Los hogares con menos ingresos destinan aproximadamente un 20 % de su renta a la alimentación, mientras que en las rentas más altas esta proporción apenas llega al 5 %. La misma inflación, por lo tanto, castiga con una intensidad muy superior a aquellos que disponen de menos margen para absorberla.

Es en este punto cuando la inflación deja de ser una abstracción macroeconómica y se transforma en una experiencia vital.

Se nos dijo que los precios aumentaban porque la energía se había disparado, ya que las cadenas logísticas se habían tensionado después de la pandemia y porque, por extensión, el transporte se había encarecido de manera abrupta. Todo esto es cierto. Nadie lo discute. Pero solo explica el origen del fenómeno, no su persistencia.

El supermercado se ha convertido en el espacio donde la pérdida de poder adquisitivo deja de ser una estadística y se convierte en una evidencia irrefutable

Porque la pregunta relevante hoy es otra. Si aquellos factores iniciales se han moderado, ¿por qué los precios no vuelven a su punto de origen? ¿Por qué los incrementos parecen tener carácter permanente y definitivo?

El consumidor ha acabado asumiendo una regla no escrita. Los precios suben con facilidad, pero bajar ya es otra historia. Lo que se encarece parece instalarse en un nuevo nivel, como si la normalidad anterior hubiera dejado de existir.

Esta dinámica tiene consecuencias que van mucho más allá del simple tique del supermercado. Cuando los bienes esenciales se encarecen de manera sostenida, lo que se deteriora no es solo la capacidad de consumo. Lo que se deteriora es el equilibrio mismo entre ingresos y coste de la vida.

Y es aquí donde emerge la segunda pieza del problema. Los salarios.

Durante décadas se ha repetido que el progreso económico y el aumento de la productividad acabarían traduciéndose en mejores salarios y en una prosperidad compartida. Pero la realidad que perciben muchos profesionales es mucho menos optimista. La misma responsabilidad que hace una década se remuneraba con un determinado nivel salarial, hoy se retribuye notablemente por debajo. Y con más exigencias, más cualificación y más disponibilidad.

¿Cómo puede sostenerse una economía en la que los bienes esenciales se encarecen de manera estructural mientras el valor del trabajo se estanca, cuando no retrocede?

Cuando los bienes esenciales se encarecen de manera sostenida, lo que se deteriora es el equilibrio entre ingresos y coste de la vida

La cuestión es especialmente relevante porque el debate público tiende a concentrarse casi exclusivamente en los precios, pero mucho menos en los ingresos. Como si el problema fuera únicamente la inflación y no la combinación de inflación persistente y salarios estancados.

Es en este contexto que reaparece con fuerza el debate fiscal. Ante el encarecimiento de los alimentos y de la energía, diversas voces proponen reducir o incluso eliminar el IVA de estos productos con el objetivo de aliviar la presión sobre las familias.

La propuesta es seductora por su aparente simplicidad. Si el precio es demasiado elevado, reducimos los impuestos y el consumidor lo notará inmediatamente en la caja del supermercado.

Pero conviene formular una pregunta esencial. ¿Es esta realmente la solución estructural al problema del costo de la vida?

Los impuestos no son solo una carga fiscal. Son también el principal instrumento con el que las sociedades modernas financian sus servicios colectivos. Sanidad pública, educación, dependencia, infraestructuras o investigación no existen sin recursos fiscales.

Reducir impuestos puede aliviar temporalmente al consumidor, pero también implica reducir la capacidad del Estado para sostener estos servicios. Y aquí aparece un dilema que a menudo queda fuera del debate público.

El debate público tiende a concentrarse en los precios, como si el problema fuera únicamente la inflación y no la combinación con salarios estancados

¿Cuál es el equilibrio aceptable entre aliviar el coste inmediato de la vida y preservar un sistema público capaz de garantizar derechos básicos?

Porque la fiscalidad no es solo una cuestión contable. Es también una decisión sobre el modelo de sociedad.

Esto no significa que el sistema fiscal no pueda adaptarse a determinadas circunstancias. Pero reducir el debate del coste de la vida exclusivamente a los impuestos puede resultar una simplificación excesiva que deja fuera otros factores igualmente relevantes.

Uno es la estructura misma de los mercados. En el caso de la distribución alimentaria, el mercado español presenta un nivel de concentración considerable. Un número reducido de operadores controla una parte muy significativa del sector. Esta realidad puede generar eficiencias logísticas e importantes economías de escala, pero también plantea interrogantes legítimos sobre la formación de los precios finales.

¿Hasta qué punto los incrementos responden estrictamente a costes? ¿Hasta qué punto se han consolidado márgenes que ya no retroceden cuando desaparecen las tensiones iniciales?

Son preguntas incómodas. Pero ignorarlas no las hace desaparecer.

La inflación es una experiencia cotidiana que condiciona decisiones tan básicas como llenar la nevera o calentar el hogar

Mientras tanto, las familias adaptan sus hábitos con una racionalidad que a menudo pasa desapercibida. Diversos estudios de consumo indican que cada vez más hogares reducen determinados productos frescos o sustituyen alimentos por alternativas más económicas. Es una respuesta comprensible ante una presión presupuestaria creciente. Pero también puede tener consecuencias a largo plazo en términos de salud pública y calidad alimentaria.

Este es, en realidad, el núcleo del problema.

La inflación no es solo una variable que los bancos centrales intentan moderar con tipos de interés. Es una experiencia cotidiana que condiciona decisiones tan básicas como llenar la nevera, calentar el hogar o planificar la compra semanal.

Cuando comer se convierte en un gasto cada vez más exigente, lo que está en juego no es tan solo la economía doméstica. Es la percepción misma de prosperidad.