El caso de Maricarmen ha provocado muchas reacciones, tanto en la calle como en el Gobierno, que aprobó a toda prisa dos decretos para calmar los movimientos sociales que le piden medidas para proteger a los inquilinos. También ha abierto un debate, aunque más en ámbitos económicos, sobre el hecho de que tengan que ser los privados, en este caso los propietarios, los que subvencionen el alquiler de personas vulnerables, incluso con la justicia a favor. Y, de rebote, también sobre las herramientas de las administraciones para dar respuesta a ello.

Mientras los decretos se focalizan en regulación y restricciones para los propietarios, lo cierto es que la aportación pública cada vez es menor. Como mínimo, en Catalunya, que suspende en vivienda. Según los datos de la propia Generalitat, el año pasado cayeron las cifras de alquileres sociales gestionados por el Govern, también el parque de pisos de alquiler social, las ayudas al alquiler y las licencias de vivienda protegida. Las cifras son negativas en todas las tipologías de vivienda de propiedad o gestión pública. Todo ello mientras los solicitantes crecen y los perfiles cambian.

Según los datos de la Agència de l’Habitatge de Catalunya, que depende de la conselleria de Territori, en 2025 las administraciones catalanas mediaron en la concesión de 910 alquileres sociales, un 19,7% menos que en 2024 y un 40% menos que hace tres años. Si se compara con hace 15 años, la cifra actual no llega a una tercera parte de lo que se gestionaba entonces.

Podría pensarse que es por falta de solicitantes, pero lo cierto es que también baja la oferta de pisos de alquiler social. Catalunya cerró el año pasado con 7.704 pisos ocupados con un alquiler social, 86 menos que un año antes y 200 menos que hace tres años.

Llama la atención el cambio en el perfil del beneficiario de un alquiler social, ya que en solo tres años, entre 2022 y 2025, se ha pasado de que menos del 30% de las unidades de convivencia tenían ingresos brutos anuales a partir de 25.000 euros a que sean la mitad. Lo que no ha cambiado mucho es la edad, ya que dos tercios tienen menos de 50 años —las personas mayores, por lo tanto, no son los principales beneficiarios—, ni la cuota de alquiler, ya que tres cuartas partes pagan entre 350 y 699 euros al mes. Eso sí, en tres años se han duplicado, hasta el 15%, los que pagan 700 euros o más.

Destinado específicamente a los jóvenes, el Govern dispone también de ayudas al alquiler. En un momento en el que acceder a un piso es muy difícil, tanto por los altos precios como por el descenso de la demanda, las ayudas a la emancipación también van a la baja. En 2025, se concedieron en Catalunya 83.928 ayudas, un 4,5% menos que el año anterior, cuando se rozaron los 88.000. Cabe decir, sin embargo, que la de 2024 fue una cifra récord y la de 2025 es la segunda marca de la serie histórica, y que el dinero destinado el año pasado sí se incrementó, en un 7,5%, hasta los 200 millones de euros.

Vivienda protegida: 3.100 pisos para 129.000 solicitantes

La vivienda protegida (HPO) es otra de las herramientas de las administraciones para ayudar a la emancipación. Los beneficiarios no tienen los niveles de vulnerabilidad de aquellos que necesitan un alquiler social, pero tampoco pueden acceder al mercado libre, aunque, en este caso, de compra. El año pasado, obtuvieron calificación provisional de HPO 3.128 pisos, de los cuales más de 1.000 promovidos por privados y más de 500 por cooperativas. El Incasol solo promovió 55.

Como el resto, también baja, un 15,5%. En 2024 se hicieron más de 3.600, de los cuales, 232 del Incasol, que, por lo tanto, ha dejado de hacer tres de cada cuatro pisos de protección. En 2022 y 2023, esta institución pública que depende del Govern no promovió ni uno. El 31 de diciembre de 2025, había en Catalunya 94.146 viviendas con protección oficial vigente, pero solo 15.000 de la Generalitat. Los entes locales tenían 25.500 y los promotores privados, más de 53.500.

Estas cifras contrastan con la demanda de HPO, que se ha disparado en los últimos años. El 2025 acabó con más de 129.000 inscritos en el registro de solicitantes de viviendas con protección oficial, de los cuales más de la mitad, casi 66.000, se inscribieron el año pasado.