Confieso que empiezo a estar hasta la coronilla. Hasta la coronilla de tener que justificar una y otra vez no solo el derecho a vivir en catalán en Catalunya, sino también que el catalán sea la lengua de nuestra escuela catalana. Estoy cansada de que nuestra lengua se convierta periódicamente en munición electoral, de que aquello que debería ser una expresión natural de nuestra identidad colectiva se presente como una imposición y de que tengamos que defender constantemente un modelo educativo concebido para favorecer la cohesión social y la igualdad de oportunidades. Y todavía me indigna más comprobar que esta confrontación reaparece cuando los datos nos alertan de que el catalán atraviesa un momento especialmente delicado.

Alberto Núñez Feijóo, aspirante a presidir el gobierno español, ha incorporado a su llamado “Contrato con España” el compromiso de garantizar la enseñanza del castellano en todo el Estado y de las lenguas cooficiales en los territorios respectivos, una formulación que vuelve a situar la inmersión lingüística en el centro de la controversia política. Y yo me pregunto qué problema pretende resolver. Porque no estamos hablando únicamente de la libertad de expresarnos en catalán en la calle, en el trabajo o en nuestras relaciones personales, sino de uno de los principales espacios de transmisión de la lengua y de la oportunidad de que todos los niños, vengan de donde vengan, puedan crecer conociéndola y compartiéndola. ¿De verdad esta es una de las prioridades de quien pretende gobernar la España del futuro?

Me gustaría que alguien me explicara qué peligro corre exactamente el castellano en Catalunya. ¿Qué amenaza justifica esta necesidad recurrente de reforzar una lengua que dispone de una presencia extraordinaria en el ámbito social, comercial, audiovisual y digital, que cuenta con cientos de millones de hablantes y que goza de la proyección institucional de un Estado? Porque, que nadie se equivoque, no hay evidencias que permitan presentar la supervivencia del castellano en nuestro país como una cuestión amenazada. El catalán, por el contrario, afronta dificultades que deberían inquietar a cualquier responsable político comprometido con la preservación de la diversidad lingüística.

El castellano no necesita que lo salven. El catalán necesita que lo dejen vivir

Las cifras son bastante elocuentes. Según la Encuesta de usos lingüísticos de la población 2023, elaborada por el Institut d'Estadística de Catalunya y el Departament de Política Lingüística de la Generalitat, el porcentaje de población de quince años o más que tenía el catalán como lengua habitual exclusiva pasó del 36,1% en 2018 al 32,6% en 2023. Paralelamente, el uso habitual compartido del catalán y el castellano creció del 7,4% al 9,4%, una evolución que obliga a interpretar los datos con rigor y a reconocer una sociedad cada vez más plurilingüe. Pero este matiz no elimina una preocupación esencial. Si el catalán pierde peso como lengua principal de relación, ¿qué papel debería tener la escuela para garantizar su continuidad?

La inmersión lingüística no nació para perseguir el castellano ni para separar a los alumnos según la lengua familiar, sino para evitar esta segregación y garantizar que todos los niños adquirieran competencias en las dos lenguas oficiales. La escuela catalana no debería ser el lugar donde cada niño queda condicionado por la lengua que se habla en casa, sino el espacio donde todos tienen la oportunidad de aprender la lengua del país. Esta es una cuestión de igualdad de oportunidades que va mucho más allá de cualquier disputa partidista. Naturalmente, el modelo necesita evaluación, recursos y mejoras, especialmente cuando los resultados educativos evidencian carencias que no podemos ignorar. Pero exigir que funcione mejor no equivale a cuestionar su principio vertebrador justamente cuando el catalán necesita más espacios de socialización.

Y todavía hay un elemento que me resulta especialmente difícil de digerir. La hemeroteca, esta herramienta tan incómoda para determinadas trayectorias políticas, nos recuerda que el mismo Alberto Núñez Feijóo reivindicaba, el 31 de mayo de 2025, su defensa del catalán y del gallego, hasta el punto de cuestionar públicamente que Pedro Sánchez pudiera proteger estas lenguas más que él. Lo hizo en Castelldefels, apelando a su experiencia al frente de la Xunta de Galicia y reclamando que nadie le diera lecciones sobre el respeto a las lenguas cooficiales. Poco menos de diecisiete meses después, presenta un compromiso electoral que reabre la controversia sobre la enseñanza en catalán. ¿Qué ha cambiado exactamente? ¿Las necesidades lingüísticas de los alumnos? ¿La realidad social del país? ¿O las conveniencias de una contienda electoral en la que el Partido Popular también compite con Vox por el electorado de derechas?

No pretendo adivinar las motivaciones de Núñez Feijóo, pero sí que considero legítimo exigirle coherencia. Si defender el catalán era un compromiso que reivindicaba públicamente en 2025, ¿cómo encaja aquella declaración con la política educativa que hoy propone? ¿Qué garantías ofrece para que cualquier modificación del modelo escolar no debilite la transmisión de una lengua que dispone de menos fuerza social? Y sobre todo, ¿por qué cuesta tanto entender que proteger el catalán no significa de ninguna de las maneras ir contra el castellano? La pluralidad de España no debería quedar subordinada a las necesidades de cada campaña electoral.

La situación se vuelve todavía más compleja en un entorno digital dominado por grandes mercados lingüísticos

Mientras tanto, Catalunya también ha cambiado profundamente. Negarlo sería faltar a la verdad. La llegada de personas de procedencias diversas ha transformado la composición demográfica del país y ha incrementado la necesidad de disponer de políticas de acogida lingüística efectivas. Pero sería injusto atribuir el retroceso del catalán a la inmigración, como si las personas recién llegadas fueran responsables de las carencias de nuestro sistema de integración. Si alguien llega a Catalunya y comprueba que puede desarrollar prácticamente toda su vida sin aprender catalán, ¿qué incentivo real le estamos ofreciendo para incorporarlo a su día a día? Defiendo que quien decide vivir y trabajar aquí tiene derecho a conocer la lengua del país que le acoge y también una responsabilidad cívica hacia este patrimonio compartido. Una exigencia que, naturalmente, debe ir acompañada de una oferta formativa suficiente, accesible y compatible con las obligaciones laborales y familiares.

La situación se vuelve todavía más compleja en un entorno digital dominado por grandes mercados lingüísticos. Las redes sociales, las plataformas audiovisuales y los videojuegos configuran los referentes culturales de las nuevas generaciones, mientras los algoritmos priorizan la audiencia y la rentabilidad por encima de la diversidad. Y aquí conviene recordar que la lengua también es economía. Es industria editorial, producción audiovisual, desarrollo tecnológico, comercio y empleo. Si queremos que el catalán sea útil y atractivo, también debemos favorecer su presencia en la actividad empresarial. ¿De qué sirve proclamar compromiso con Catalunya si después la lengua propia desaparece de las comunicaciones corporativas, de la atención comercial o de los entornos digitales? Internacionalizarse no debería exigir renunciar a aquello que nos diferencia.

Tampoco pienso eximir de responsabilidades a los sucesivos gobiernos de la Generalitat, ni a las empresas, ni a las familias, ni a nosotros mismos. Durante demasiados años hemos confundido la protección normativa con la vitalidad social, como si el reconocimiento institucional fuera suficiente para asegurar la continuidad del catalán. Hemos reclamado que los demás respeten nuestra lengua mientras nosotros mismos renunciábamos a ella demasiado a menudo por inercia, por comodidad o por una cortesía mal entendida. Necesitamos políticas sostenidas, profesorado preparado, mecanismos de evaluación, recursos para la acogida y una apuesta decidida por la creación cultural, pero también la convicción colectiva de que hablar catalán no requiere ninguna justificación.

España afronta problemas económicos y sociales de una magnitud considerable, desde el acceso a la vivienda hasta la precariedad salarial, la productividad, el envejecimiento demográfico o la sostenibilidad de las pensiones. Ante este panorama, querría saber qué resultados educativos pretende mejorar el líder del Partido Popular con sus propuestas lingüísticas, con qué evidencias las justifica y qué papel reserva al catalán dentro de un estado que constitucionalmente reconoce su diversidad. Porque defender la inmersión no significa considerarla intocable, sino exigir que cumpla con eficacia su función educativa e integradora, sin convertir cada carencia del sistema en una excusa para debilitarla.

La pluralidad de España no debería quedar subordinada a las necesidades de cada campaña electoral

España es plural, y esta pluralidad debería ser motivo de reconocimiento, no una fuente recurrente de confrontación. El catalán, el vasco y el gallego no son anomalías que haya que administrar con resignación, sino expresiones de una riqueza cultural que merece respeto, protección y proyección. Respetar la diversidad no consiste en tolerar las diferencias mientras no incomoden, sino en garantizar que puedan seguir existiendo sin tener que pedir permiso.

Catalunya es el catalán y el catalán es Catalunya. Lo afirmo sin ninguna voluntad de excluir a nadie, porque la identidad de un país puede acoger lenguas y procedencias diversas sin renunciar a aquello que históricamente lo ha vertebrado. No quiero una Catalunya lingüísticamente uniforme, pero tampoco acepto que, en nombre de una determinada idea de igualdad, acabemos convirtiendo nuestra lengua en un elemento cada vez más residual dentro de su propio territorio. Y todavía menos que la escuela, que debería contribuir a garantizar su transmisión, vuelva a ser el campo de batalla de una confrontación política recurrente.

Estoy cansada de esta toxicidad y de ver cómo el futuro del catalán vuelve a quedar atrapado en la confrontación electoral. Pero también sé que indignarnos no será suficiente si después seguimos renunciando a hablarlo, a transmitirlo y a hacerlo necesario en todos los ámbitos de nuestra vida. Por eso acabo con una pregunta que querría dirigir tanto al amigo Feijóo como a nuestros gobernantes y a nosotros mismos. Si no somos capaces de garantizar que el catalán siga siendo la lengua de la escuela catalana, ¿dónde pretendemos asegurar su futuro? Porque una lengua no desaparece únicamente cuando alguien la prohíbe, sino también cuando una sociedad acaba aceptando, casi sin darse cuenta, que ya no es imprescindible.