Hay una noticia que pasó casi desapercibida, pero que dice más sobre Europa que cualquier discurso político. Según Euronews, los agricultores europeos tienen dificultades para usar drones en sus campos porque el sistema regulatorio europeo los prohíbe en los hechos. Para usar un dron con pesticidas en Europa, hay que pasar por la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea, obtener autorizaciones especiales, cumplir con una directiva sobre pesticidas de 2009, y demostrar que no existe ninguna alternativa viable. En la práctica, el único agricultor que puede obtener ese permiso es el que tiene viñedos en laderas tan empinadas que es físicamente imposible subir una máquina. Todos los demás lo tienen prohibido. Entre tanto, en Estados Unidos, con las certificaciones correspondientes, el dron vuela.

El punto de partida es opuesto, ya que allá todo está permitido salvo lo que expresamente se prohíbe. Aquí todo está prohibido salvo lo que expresamente se autoriza. Esa diferencia es una filosofía de Estado. Cuando un ciudadano europeo quiere hacer algo nuevo, como volar un dron, abrir un negocio o probar una tecnología, el sistema le dice que primero debe pedir permiso. Ese permiso tiene un costo: tiempo, dinero, abogados, formularios, esperas. Y al final de ese proceso, muchas veces la respuesta es no, o sí, pero con tantas condiciones que equivale a un no disfrazado. En cambio, cuando un estadounidense quiere hacer lo mismo, el punto de partida es que puede hacerlo, a menos que una ley específica diga lo contrario.

¿Por qué Europa funciona así? La respuesta tiene dos partes y ninguna es halagadora. La primera es el control. Un Estado que exige permiso para todo retiene poder sobre todo. Quien necesita aprobación del gobierno para actuar depende del poder. Esa dependencia es el sistema. Cuanto más compleja es la regulación, más difícil es escapar de ella, y más difícil es también que algún ciudadano o empresa desafíe al aparato estatal sin el riesgo de quedarse fuera del mercado. La segunda razón es económica, aunque se habla poco de ella.

Cada trámite que el Estado impone para procesarlo requiere funcionarios con un sueldo, una pensión, una obra social, una antigüedad. Cada regulación nueva justifica un departamento nuevo, que justifica un presupuesto nuevo, que justifica más impuestos. Europa no interviene porque la regulación es el combustible con el que se sostiene su inmenso aparato estatal. Lo que se llama “Estado de bienestar” cuesta dinero y se traduce en el conjunto de servicios que el Estado provee, desde la salud hasta la jubilación. Y una de las formas de generar ese dinero es tanto cobrando impuestos directos como también otorgando permiso de existir.

Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con la inteligencia artificial? Esta es, en términos simples, la capacidad de las máquinas de aprender, razonar y tomar decisiones de manera autónoma, y es probablemente la tecnología más disruptiva desde la aparición de internet. Quienes la desarrollen primero, quienes la integren primero en sus industrias, quienes construyan las plataformas sobre las que corra, tendrán una ventaja competitiva que tardará décadas en revertirse. Estados Unidos ya corre esa carrera y China también. Europa redacta formularios para ver si se le permite participar.

La Unión Europea aprobó en 2024 la primera ley de IA del mundo. Sonó a orgullo continental. Pero lo que esa ley hace, en la práctica, es clasificar los sistemas de IA según su nivel de riesgo y exigir requisitos distintos para cada categoría. Cuanto más “riesgosa” se considera una aplicación, más burocracia debe superar antes de llegar al mercado. El resultado previsible es que las empresas que desarrollan IA en Europa destinan una parte creciente de sus recursos no a innovar, sino a cumplir con las normas. Y las empresas extranjeras, que desarrollan esa misma tecnología fuera del alcance europeo, siguen avanzando sin ese freno.

Europa no está en el negocio de la innovación, sino en el negocio del control, con una lógica interna impecable, porque cuantas más cosas regulo, más necesario soy; cuanto más necesario soy, más presupuesto necesito; cuanto más presupuesto necesito, más impuestos cobro; cuanto más impuestos cobro, más servicios prometo; cuantos más servicios prometo, más gente depende de mí. Es un círculo que se alimenta a sí mismo. El problema es que ese círculo gira cada vez más lento, porque la base económica que lo sostiene, el trabajo humano, las industrias tradicionales, los servicios que pagan impuestos, son erosionados por la misma tecnología que Europa se niega a adoptar.

Y sobre todo esto hay que agregar una capa más, la Unión Europea. Por encima de los municipios, los gobiernos regionales y los estados nacionales, existe ahora una superestructura burocrática en Bruselas que genera su propia regulación, sus propias directivas, sus propios reglamentos. Una empresa europea que quiera hacer algo no solo tiene que navegar las normas de su ciudad, de su provincia y de su país: tiene que cumplir también con lo que decida un organismo supranacional que no eligió directamente y al que difícilmente puede exigirle cuentas.

El caso de los drones agrícolas es casi una caricatura de esta situación. Catorce países europeos firmaron una carta en 2024 pidiendo que se reconociera el papel de los drones en la agricultura moderna. Es decir, catorce gobiernos tuvieron que escribirle una carta a la Comisión Europea para pedirle que considerara la posibilidad de permitir algo que en otras partes del mundo se hace sin pedir permiso a nadie. Lo que hay que entender es que no es un problema de falta de recursos ni de talento. La IA no nacerá en Europa porque el ecosistema europeo no está diseñado para crear; existe para controlar, cobrar y administrar lo que otros crean. El costo de eso no se ve todavía en toda su magnitud, pero se verá. Y cuando se vea, la desilusión va a ser proporcional a las promesas que durante décadas se hicieron sobre un modelo que nunca fue tan sólido como parecía.

Las cosas como son