La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha comparecido este jueves para transmitir un mensaje de calma a la ciudadanía ante las consecuencias económicas derivadas del conflicto bélico en Oriente Medio. En declaraciones a los medios de comunicación, la ministra ha asegurado que el Gobierno trabaja en un paquete de medidas que, en parte, se llevarán al Consejo de Ministros de la próxima semana con el objetivo de mitigar el impacto de la escalada de los precios energéticos sobre las familias y el tejido productivo. Díaz ha subrayado que España dispone ya de instrumentos legales para hacer frente a la situación y ha instado a las empresas a recurrir a estos mecanismos antes de plantearse despidos.
En el ámbito laboral, la ministra ha recordado que herramientas como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y el Mecanismo RED ya están vigentes y pueden activarse para dar respuesta a las dificultades coyunturales de las compañías. Estos instrumentos, según ha explicado, permiten adaptar la jornada o suspender temporalmente los contratos sin que los trabajadores pierdan el empleo, una opción que Díaz considera preferible a los despidos. La titular de Trabajo ha avanzado, además, que el ejecutivo de Pedro Sánchez estudia incorporar medidas adicionales, entre las cuales ha citado "probablemente" la prohibición de despidos por causas energéticas, una fórmula ya aplicada en crisis anteriores para proteger el empleo.
Un mensaje directo a empresas y autónomos
Díaz ha aprovechado su comparecencia para dirigirse específicamente a los empresarios y a los trabajadores autónomos, a quienes ha pedido que no recurran al despido como primera opción. "No hace falta despedir a nadie", ha enfatizado, recordando que los mecanismos de flexibilidad interna y de protección del empleo están a disposición de las compañías para superar el periodo de incertidumbre. La ministra ha insistido en que España como país dispone de las herramientas necesarias para acompañar a las empresas en momentos difíciles y evitar la destrucción de puestos de trabajo. En esta misma línea, ha subrayado que la prioridad del Gobierno es ahora mismo controlar el precio de la energía, evitar los despidos y congelar el precio del alquiler, así como interrumpir los desahucios. Estos objetivos, ha dicho, marcan la acción del ejecutivo en las próximas semanas, en coordinación con los diferentes ministerios implicados en el diseño de las medidas.
Más allá de las cuestiones estrictamente laborales, la vicepresidenta segunda ha avanzado que el Gobierno trabaja en otros frentes para aliviar la presión económica sobre los hogares. En materia de vivienda, el ministro de Consumo y Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, está ultimando un paquete de medidas que incluye la congelación de los alquileres y la suspensión de los desahucios, una iniciativa que busca proteger a los colectivos más vulnerables ante el eventual incremento de los costes energéticos y su posible traslado a las rentas de vivienda.
En cuanto a la movilidad, Díaz ha anunciado que el ejecutivo quiere anticipar los planes de movilidad para fomentar el transporte colectivo en las empresas, especialmente en las de mayor dimensión, con el objetivo de reducir la dependencia del vehículo privado en un contexto de precios de los carburantes disparados. "El precio de la gasolina y del gasoil es imposible", ha admitido la ministra, que ha vinculado esta medida con la necesidad de dar alternativas a los trabajadores para desplazarse a sus puestos de trabajo sin verse desbordados por el incremento del coste del combustible.
La fiscalidad de los carburantes y el IVA de los alimentos
En el ámbito fiscal, el Ministerio de Hacienda está evaluando la posibilidad de intervenir en la imposición que grava los precios del gasóleo y la gasolina para rebajar los costes tanto de los sectores productivos más afectados como de las familias. Esta medida se enmarca en la estrategia del Gobierno para contener el impacto de la escalada energética sobre la economía real, aunque los detalles concretos aún no se han definido. Díaz ha explicado que el ejecutivo está calibrando día a día la evolución de los acontecimientos y que la respuesta será, como siempre, calmada y exhaustiva.
Preguntada por la posibilidad de rebajar el IVA de los alimentos al 0%, una propuesta que ha surgido recientemente de voces del sector de la distribución, la vicepresidenta se ha mostrado abiertamente contraria. Según su opinión, esta medida sería "un error" y no haría más que "ensanchar los márgenes empresariales del sector de la distribución", como ya ocurrió, según ha denunciado, en ocasiones anteriores. Díaz ha recordado que la rebaja del IVA aplicada en el pasado no se tradujo en una disminución de los precios para los consumidores, sino que acabó engordando los beneficios de las grandes compañías.
Propuesta de control de precios
Las declaraciones de la ministra han puesto de manifiesto la existencia de diferencias de criterio entre los dos socios de coalición, PSOE y Sumar, tanto en materia de vivienda como en la política de precios de los alimentos. Díaz ha reconocido abiertamente estas discrepancias y ha defendido la posición de su espacio político, favorable a intervenir los precios de la cesta de la compra y a incrementar la presión fiscal sobre el sector de la distribución. "Nosotros somos partidarios del control de precios en la cesta de la alimentación", ha afirmado, recordando que esta medida ya se aplicó en una ocasión anterior. La vicepresidenta segunda ha aprovechado su intervención para criticar duramente el comportamiento de las grandes empresas de distribución, a las que ha acusado de seguir aumentando sus márgenes de beneficio a pesar de la situación de dificultad que atraviesan muchas familias. "No han hecho más que forrarse", ha denunciado, después de recordar que la rebaja del IVA aplicada por el Gobierno no tuvo el efecto deseado sobre los precios finales.
Preguntada por la posibilidad de establecer un límite a los beneficios de las empresas, al estilo de lo que ha hecho Grecia, Díaz no ha descartado ninguna vía y ha defendido la necesidad de abrir un debate profundo sobre el reparto de la riqueza en el país. "Todo se puede hacer", ha afirmado, recordando que los márgenes empresariales no han dejado de crecer mientras el debate público se centra en cuestiones como el salario mínimo. "España es una democracia y la democracia va de repartir la riqueza", ha sentenciado, en defensa de una posición favorable a más intervención en los beneficios de las grandes compañías en momentos de crisis.
Con este conjunto de declaraciones, Yolanda Díaz ha dibujado las líneas maestras de la estrategia del Gobierno para hacer frente a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, una estrategia que combina la reactivación de mecanismos ya existentes con nuevas medidas en los ámbitos laboral, fiscal y de vivienda. La próxima semana, con la previsible aprobación de algunos de estos instrumentos en el Consejo de Ministros, se empezará a concretar el alcance real de las iniciativas anunciadas por la vicepresidenta segunda.