La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) quiere poner en marcha su primer plan de sostenibilidad en 2024 para adaptarse a la normativa europea, que le pide, por su tamaño, reportar sus avances en esta materia un año después. El organismo, que depende del ministerio de Hacienda, busca a una consultora que le elabore la hoja de ruta para el periodo 2024-2028. Su plan, eso sí, debe incluir a las 15 empresas que forman parte del grupo, donde se incluye Correos, Tragsa, Navantia o la Agencia EFE.
Algunas de estas empresas ya llevan años publicando informes de sostenibilidad de manera aislada, pero no lo hacen todas, ni siquiera la propia Sepi, que pagará hasta 700.000 euros a la empresa que finalmente se encargue de elaborar su estrategia de desarrollo sostenible para los próximos cuatro años, según se recoge en la licitación pública.
Sepi, que en los últimos días ha saltado a la palestra por su intención de entrar en el accionariado de Telefónica y adquirir hasta el 10% de capital, es accionista significativo de otras muchas empresas cotizadas del país, como Indra, donde posee casi un 28%, Redeia (20%) o Hispasat (7,4%). Si bien, una de sus funciones es la de rentabilizar las inversiones donde tiene pequeñas participaciones.
Su nuevo plan no afecta sobre las participadas, pero sí sobre las 15 empresas de la que es dueña, que deberán alinear sus distintas estrategias en materia de sostenibilidad a las de la matriz. La normativa europea Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), en vigor desde este 2023, le obliga a ello.
Dicha ley exige a todas las grandes empresas europeas que publiquen información corporativa de sostenibilidad, aunque lo hará de forma escalonada. Empieza con las compañías de más de 500 trabajadores que ya publicaban sus estados de información no financiera, que deberán reportar sus informes a inicios del 2025 con relación al año 2024, de manera que deben aplicar sus planes ya el próximo ejercicio.
En la segunda fase, estarán obligadas a hacer una memoria de sostenibilidad anual todas las grandes empresas con más de 250 empleados que además facturen 40 millones de euros al año, o tengan en balance 20 millones de euros, recuerdan desde el despacho CECA-Magán y la asesoría jurídica Lefebvre.
Es el caso de Sepi. La empresa que preside Belén Gualda obtuvo un beneficio a nivel grupo de 43 millones de euros el año pasado, una cifra de negocio superior a los 5.200 millones y además supera holgadamente la cifra de empleados. Según su memoria anual, cuenta en plantilla con 79.507 personas. La inmensa mayoría pertenece a Correos (más de 50.000 personas) y al grupo Tragsa (20.544), aunque también son numerosos los empleados de Navantia (4.547), la Agencia EFE (1.124), Enusa (800), Ensa (747) o Hunosa (535). Por debajo de esta cifra están las plantillas de Cetarsa (302), Mercasa (108) o Sepides (123).
En este contexto, la Sepi aprobó el pasado mes de abril la política de sostenibilidad que prevé implantar en el grupo y en todas las empresas donde su participación es mayoritaria. Y unos meses después constituyó dos órganos nuevos, la mesa de sostenibilidad y el comité ejecutivo de sostenibilidad.
Sin embargo, esa política debe quedar recogida en un plan de sostenibilidad que aún no existe y se debe informar anualmente de como avanza. Y es aquí donde la sociedad pública recurre al talento externo, que cuenta con “el expertise adecuado” para realizar estos trabajos, ya que requieren de una alta especialización técnica, según explica.
En concreto, pide a la consultora externa que defina los objetivos “ambientales, sociales y de gobernanza” para el grupo y sus participadas para periodo 2024–2028. Unos objetivos, detalla en la licitación, que deben estar alineados y comprometido con los nacionales e internacionales. Es decir, los que están recogidos en la normativa nacional, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y la Agenda 2030.
Sepi considera todo un “desafío” implantar de manera coordinada estos principios y acciones en todas las empresas donde está presente, ya que actúan en sectores económicos diversos y tienen diferentes grados de avance en la implantación de las políticas individuales ESG. Para tratar de acompasar el nivel de desempeño y la ejecución de las políticas ESG individuales, pero también la del grupo, considera “recomendable” abordar de forma única la contratación de los servicios de consultoría, asegura.
Además de la hoja de ruta, la compañía pide también a la consultora que redacte la memoria anual de sostenibilidad del grupo SEPI, así como los planes de comunicación, para adecuarse al fuerte incremento de la normativa en materia ESG de los últimos años. La empresa quiere tener un primer diagnóstico en los primeros meses de 2024 para poner en marcha cuanto antes su nuevo plan.