El juez que investiga al fundador y consejero delegado de Glovo, Oscar Pierre, ha acordado dejarlo a un paso del juicio oral, o sea, de sentarlo en el banquillo de los acusados por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores al mantener como falsos autónomos a sus repartidores pese a las sentencias judiciales que obligaban a contratarlos como empleados.
En un auto, el juez Luis Martínez Duran, titular del Juzgado de instrucción número 31 de Barcelona, ha acordado el traslado de las diligencias a la fiscalía y a las acusaciones para que, en un plazo de 10 días, formulen sus escritos de acusación. Esto supone un nuevo paso para que Óscar Pierre acuda a juicio. La Fiscalía Provincial de Barcelona está a favor de enviar a Pierre a juicio.
En este auto se indica que, para la realización de los servicios Glovo, “utiliza trabajadores a los que exige su alta en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia de la Seguridad Social, estableciendo con ellos una relación en apariencia mercantil que le permite reducir sus costes empresariales, al no garantizar un salario profesional conforme a la jornada de trabajo realizada, y al poder dejar de ingresar a la Seguridad Social las cantidades correspondientes a las cotizaciones laborales de tales personas”.
El escrito del juez recopila numerosas disposiciones judiciales sobre estas prácticas. No obstante, “a pesar de todo lo anterior, Glovo continúa manteniendo la misma relación de trabajo con sus trabajadores”. Añade que incluso después de una resolución judicial de enero de 2023, los repartidores “se siguen viendo obligados a darse de alta como autónomos y a abonar sus propias cotizaciones si quieren continuar prestando los servicios para la empresa, lo cual constituye una práctica que no autoriza la legislación laboral y que menoscaba y suprime los derechos que aquella reconoce a los trabajadores por cuenta ajena, tales como los relativos a salario, jornada, descansos, permisos, vacaciones o protección de la Seguridad Social”.
Por todo ello, este juzgado de instrucción considera que existen indicios de un posible delito contra los derechos de los trabajadores relacionado con el modelo laboral que Glovo mantuvo durante años para sus repartidores.
El juez sostiene que, pese a las actuaciones de Inspección del Trabajo y a los procedimientos judiciales desarrollados durante años, la compañía habría mantenido unas condiciones similares para sus repartidores. La Inspección de Trabajo había considerado en distintos procedimientos que los repartidores de Glovo debían estar contratados como asalariados. Estas actuaciones se tradujeron en reclamaciones de cuotas a la Seguridad Social y sanciones económicas por parte de las autoridades.
Glovo siempre ha mantenido que su modelo de negocio no vulneró los derechos laborales de los repartidores. Argumentó que el sistema utilizado permitía a los mensajeros disponer de un grado de autonomía compatible con la legislación vigente.
Cristóbal Martell, abogado de la defensa, ha sostienido que el modelo empresarial y su evolución carecen de relevancia penal. Desde Glovo también aseguran que no existen requerimientos de la Inspección de Trabajo que hayan sido desatendidos por la empresa.
La situación de los repartidores cambió a finales de 2024, cuando Glovo anunció su decisión de abandonar el modelo basado en autónomos y comenzar a contratar directamente a sus repartidores. El anuncio se produjo poco antes de que Oscar Pierre declarara ante el juzgado.