HATTA, el cuarto operador de hidrocarburos del Estado, lleva meses esperando que la Administración resuelva los recursos que ha presentado contra la decisión de la Delegación de la Agencia Tributaria en Galicia de negarle la condición de operador confiable. La compañía ha llevado el caso a los tribunales con una querella que ya ha sido admitida a trámite y cuyos hechos presuntamente irregulares son investigados por una jueza. Mientras tanto, la empresa continúa operando con unas condiciones financieras que considera injustificadas y que, a su parecer, acaban teniendo efectos sobre el conjunto del mercado.
Los funcionarios de Hacienda en Galicia justifican la negativa asegurando que HATTA no demuestra solvencia financiera suficiente. La compañía responde con cifras concretas: en los primeros nueve meses de 2026 ha facturado 3.450 millones de euros, prácticamente la misma cantidad que en todo el ejercicio anterior, cuando alcanzó los 3.500 millones. Además, en este mismo periodo ha pagado por adelantado 543 millones de euros de IVA, una cantidad que, según su argumentación, difícilmente podría asumir una empresa que no fuera solvente. Desde la compañía se preguntan cómo es posible mantener la denegación cuando estas cifras están sobre la mesa y cuando cada mes se adelanta el 110% del IVA correspondiente.
Encarecimiento de la operativa
La figura del operador confiable entró en vigor el pasado enero y establece cuatro condiciones para obtenerla. Según HATTA, la compañía cumple las cuatro, pero la demora en la resolución de su expediente la ha dejado en una situación de incertidumbre que la obliga a anticipar el 110% del IVA en cada operación. Este sobrecoste financiero no solo afecta la salud de la empresa y su capacidad de invertir, sino que también tiene consecuencias sobre la competencia en el mercado y, según su análisis, sobre los precios que los ciudadanos pagan en las gasolineras.
Varias empresas afectadas han llevado el caso a la Audiencia Nacional, donde hay un contencioso abierto por lo que consideran una aplicación arbitraria de la norma. El consejero delegado de HATTA, Javier Alonso, lamenta que, mientras la escalada de precios golpea a los ciudadanos, la Administración no aplique el principio de proporcionalidad que rige el derecho de la competencia europeo. Según Alonso, este principio exige que la intensidad de una exigencia reguladora guarde relación con el riesgo real que se quiere evitar, y no con el tamaño del operador al que se aplica. La dificultad, explica, surge de la configuración de la condición de operador confiable tal como la decretó el Gobierno, que obliga a anticipar el 110% del IVA a las empresas que no obtienen la etiqueta por barreras que el directivo califica de arbitrarias.
Más allá del debate jurídico, la compañía tiene comprometidas con la Xunta de Galicia desde hace un año una serie de inversiones para producir biodiésel y convertir el territorio en un hub de combustible verde. Estas inversiones están condicionadas a la obtención de la condición de operador confiable, por lo que la demora administrativa no solo afecta el funcionamiento ordinario de la empresa, sino que también bloquea proyectos industriales que podrían tener un impacto relevante en la región. Además de las actuaciones industriales, HATTA prevé una serie de iniciativas de carácter social para arraigarse definitivamente en Galicia, todas ellas pendientes de una resolución que no acaba de llegar.