El Govern, mediante la Agència de l'Habitatge de Catalunya, ha adjudicado a Vincle y Suara un contrato de casi tres millones de euros para gestionar el servicio de protección y estabilidad residencial, un ámbito en el que la Generalitat atiende a personas en riesgo de pérdida de su vivienda habitual o que directamente ya la han perdido. El contrato se divide en cinco lotes y las dos entidades se los reparten: Vincle asume tres, con unos ingresos de 2,1 millones de euros y una actuación directa en las demarcaciones de Barcelona, Girona, mientras que Suara se queda con los dos restantes, correspondientes a Lleida, Tarragona y Terres de l'Ebre, por un importe aproximado de 830.000 euros. La distribución de los lotes refleja la capacidad de las adjudicatarias de operar en diferentes zonas de Catalunya.

Vincle, que asume la mayor parte del contrato, tendrá presencia en las dos demarcaciones con más población y con más presión sobre el mercado de la vivienda, mientras que Suara se encargará de las comarcas de poniente y del sur, incluyendo las Terres de l'Ebre. Vincle es una asociación presidida por Joan Segarra, un gestor con una larga trayectoria dentro del ecosistema del Tercer Sector y en el ámbito político, conocido por liderar un movimiento interno de oposición a Oriol Junqueras en ERC. Su experiencia en la gestión de servicios sociales y su vinculación con el mundo asociativo explican en buena parte su capacidad para asumir contratos públicos de este tipo.

En cuanto a Suara, se trata de una cooperativa cuyo consejo rector está presidido por Laia Bonastra, y en la que Laura Peracaula y Tomàs Llompart ejercen conjuntamente de directores generales. La relación entre estas dos organizaciones y la administración catalana no es nueva. Entre los años 2017 y 2026, Vincle ha recibido 10 millones de euros para gestionar servicios públicos de carácter social, una cifra que muestra la confianza que la Generalitat ha depositado en esta entidad a lo largo de los últimos años. En el caso de Suara, la cifra se eleva hasta los 281 millones de euros por los contratos adjudicados desde el año 2009 hasta la actualidad, lo que la convierte en uno de los principales operadores de servicios sociales de Catalunya y en un socio habitual de la administración.

Un sector con muchos operadores

A la licitación también se han presentado otras firmas como Factoria Gestión y Consultoria, OHLA, Aebia Tecnología y Servicios, la Associació Prohabitatge, el Institut de Treball Social i Serveis Socials y Ètic Hàbitat. La presencia de estas empresas y entidades demuestra que el servicio de protección y estabilidad residencial es un ámbito competitivo en el que participan operadores muy diversos, desde grandes corporaciones hasta asociaciones especializadas en vivienda y servicios sociales. El hecho de que finalmente hayan sido Vincle y Suara las adjudicatarias indica que sus propuestas han sido las que han obtenido una mejor valoración por parte de la Agència de l'Habitatge de Catalunya, ya sea por criterio económico, por experiencia o por la calidad de los proyectos presentados.

El servicio de protección y estabilidad residencial es especialmente relevante en un contexto como el actual, en el que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales de Catalunya. Las personas en riesgo de perder su vivienda o que ya la han perdido necesitan un acompañamiento que vaya más allá de la ayuda económica y que incluya asesoramiento legal, apoyo social y acompañamiento en la búsqueda de soluciones residenciales. En este sentido, dentro de los contratos adjudicados a Vincle y Suara, también ofrece un servicio de mediación y resolución extrajudicial de conflictos. Desde el año 2016 hasta ahora, en Catalunya se han iniciado un total de 29.910 expedientes de mediación por casos relacionados con la vivienda, de los cuales un 24% han terminado con acuerdo.