El Gobierno español plantea elevar las exigencias de eficiencia hídrica y energética a los centros de datos. El ejecutivo iniciará pronto el trámite de audiencia pública por la vía de urgencia de un real decreto para regular los requisitos de sostenibilidad, medioambientales y de resiliencia y soberanía digital aplicables a estas instalaciones. Fuentes gubernamentales han confirmado que el Ejecutivo español prevé endurecer los requisitos en materia de sostenibilidad hídrica, energética y de ciberseguridad para las instalaciones de centros de datos, como respuesta al fuerte incremento de proyectos registrados en el país. El nuevo marco regulador se incluye en un borrador de decreto.
Según han avanzado fuentes de Moncloa, el texto prevé que la vulneración comporte, en última instancia, la pérdida de los derechos de acceso y conexión a la red eléctrica. La normativa establecerá, entre otros, que los centros deban consumir renovables, al menos un 80% y que cada nuevo megavatio consumido se acompañe de un megavatio renovable. Este abastecimiento deberá acreditarse hora a hora.
Los proyectos de centros de datos deberán acreditar que cumplen el pliego de requisitos para obtener los derechos de acceso y conexión. Asimismo, su incumplimiento comportará penalizaciones en los importes que correspondan en cargos y peajes.
Las fuentes recuerdan que la estrategia de inteligencia artificial del Gobierno español estima unos 2,5 GW de potencia de computación en 2030, que necesitarían de 3,5 a 4 GW de demanda eléctrica. Las peticiones y permisos concedidos superan "varias veces" este objetivo, ya que ya se han otorgado más de 12 GW de derechos de acceso y conexión a la red desde 2021.
Es por este motivo que consideran que el Estado "está en disposición de escoger los mejores" centros de datos, aquellos que aporten "más beneficios con el menor impacto ambiental". Cabe recordar que estas instalaciones requieren "grandes necesidades" de agua y energía.
Los proyectos que se encuentran en tramitación tendrán seis meses para adaptarse a los nuevos requisitos y confirmar que los cumplen. También pueden renunciar a los derechos de acceso y conexión.
De acuerdo con el proyecto de decreto regulador, las empresas operadoras de centros de datos deben tener su sede fiscal y operativa en la Unión Europea, donde deberán custodiar permanentemente todos los datos y metadatos gestionados. Esta normativa establecerá protocolos de control para los accesos procedentes de países terceros, y se aplicarán medidas de alta seguridad, aún más rigurosas, en aquellas infraestructuras que traten información del sector público o vinculada a la seguridad nacional.