Glovo ha calificado de "improcedente" la decisión del juez de dejar a un paso de juicio a su consejero delegado y fundador, Oscar Pierre, por un delito contra los derechos de los trabajadores. Así lo ha indicado un portavoz de la compañía, que ha afirmado que, en ejercicio de sus derechos, apelarán contra la decisión. "Consideramos que es una decisión improcedente, que no se corresponde con el resultado de la investigación realizada", han apuntado desde la compañía. En caso de que se acabe abriendo juicio oral, Glovo ha remarcado que "en ningún caso significa que se presuponga o se avance la culpabilidad, sino que se presentarán a juicio las pruebas para que la Audiencia pueda pronunciarse". "Defenderemos nuestra actuación en España", ha añadido la compañía. Con estas declaraciones, la empresa quiere dejar claro que su posición se basa en la confianza en el proceso judicial y en la defensa de su modelo de negocio.

El juez ha dado diez días a las partes para que preparen los escritos de acusación o archivo en el caso sobre los repartidores de Glovo, los conocidos popularmente como riders. Esta decisión judicial supone un paso más en un procedimiento que se alarga desde hace meses y que afecta directamente al funcionamiento de la compañía en España. La defensa de Pierre remarca que el modelo de negocio de Glovo no ha perjudicado derechos laborales y "ha habilitado márgenes de autonomía al repartidor de acuerdo con la ley".

Según la compañía, el sistema de trabajo de los repartidores se basa en la flexibilidad y en la capacidad de estos de decidir cuándo y cómo trabajan, lo que, bajo su criterio, encaja con la normativa vigente. Glovo ha defendido en varias ocasiones que su modelo no es una relación laboral sino una relación mercantil entre la plataforma y los repartidores autónomos. Esta interpretación, sin embargo, ha sido cuestionada por las autoridades laborales y por los tribunales, que en diversas resoluciones han considerado que los riders son trabajadores por cuenta ajena y que, por lo tanto, deben disfrutar de los derechos que comporta esta condición. La empresa sostiene que su actuación en España se ha ajustado siempre a la legalidad y que su modelo ha permitido generar empleo y ofrecer flexibilidad a miles de personas. Esta es la línea argumental que la compañía defenderá ante los tribunales si finalmente se abre juicio oral.

Un debate que va más allá de Glovo

El caso de Glovo no es un caso aislado. El debate sobre la naturaleza de la relación entre las plataformas digitales y sus repartidores afecta a todo el sector de la distribución a domicilio, que en los últimos años ha experimentado un crecimiento importante en España y en Europa. Diversas voces han pedido una regulación más clara que establezca las condiciones laborales de los trabajadores de estas plataformas y que evite la precariedad y la falta de protección social. La decisión del juez en el caso de Glovo se suma a otras resoluciones judiciales que han cuestionado el modelo de las plataformas y que han obligado a algunas empresas a regularizar la situación de sus repartidores.

La evolución de este proceso será clave para determinar el futuro del sector y las condiciones laborales de los miles de personas que trabajan como repartidores en España. El caso también pone de manifiesto la tensión entre la flexibilidad que ofrecen las plataformas digitales y la protección de los derechos de los trabajadores. Mientras las empresas defienden que su modelo permite compatibilizar el trabajo con otras actividades y que los repartidores tienen libertad para decidir cuándo trabajan, los sindicatos y las autoridades laborales sostienen que esta flexibilidad se traduce a menudo en precariedad y en una falta de derechos básicos como las vacaciones, la baja por enfermedad o la pensión.