La patronal eléctrica Aelec ha mostrado su disconformidad con el proyecto de decreto del Gobierno para regular el desarrollo de los centros de datos. La principal asociación del sector, que agrupa compañías como Endesa, EDP España e Iberdrola, considera que la normativa, en lugar de facilitar la incorporación de nuevos consumos eléctricos, la obstaculiza y pone en riesgo las oportunidades de inversión en el Estado. La presidenta de la gran patronal eléctrica, Marina Serrano, ha advertido de que si se imponen requisitos para el desarrollo de los centros de datos que no existen en otros países, se corre el riesgo de que estas inversiones se desvíen hacia otros territorios, lo que afectaría a la competitividad del país. "Necesitamos más demanda eléctrica, no más barreras a la demanda", ha defendido Serrano.
La dirigente ha subrayado que la propuesta del Gobierno introduce un riesgo para el desarrollo eficiente del sistema eléctrico. Según la patronal, la normativa modifica las condiciones aplicables a proyectos que ya disponen de permisos concedidos, lo que genera incertidumbre regulatoria y puede afectar a la confianza para seguir invirtiendo en redes, renovables y nueva demanda. "El mensaje es muy sencillo: más demanda significa más utilización de las redes, menos vertidos renovables y menos costes para consumidores e industrias. Penalizar la demanda nos conduce exactamente al resultado contrario", ha señalado la presidenta de Aelec. La patronal valora positivamente el impulso a las energías renovables que incluye el decreto, pero cuestiona el camino escogido para exigirlo a los usuarios. "Es positivo que la norma contemple la incorporación de nuevas renovables, pero no por la vía de imponer obligaciones de generación a los consumidores que no se sabe si podrán cumplir", ha afirmado Serrano.
La propuesta del Gobierno
El Gobierno lanzó la semana pasada a audiencia pública, por vía de urgencia, el proyecto de real decreto que propone que los centros de datos apoyen con nueva generación renovable, cada hora de funcionamiento, al menos un mínimo del 80% de su consumo energético. La iniciativa ha sido desarrollada por los ministerios para la Transición Ecológica, Economía y Transformación Digital. Con esta regulación, el ejecutivo busca ordenar la implantación de los centros de datos ante el incremento de proyectos, garantizando estándares de seguridad jurídica y atracción de inversiones. El Gobierno ha estudiado problemáticas surgidas en otros países, como Irlanda, Singapur, Países Bajos o Estados Unidos, y considera que es el momento oportuno para adelantarse a la regulación.
La propuesta incluye medidas de resiliencia y soberanía digital, como la obligación de que la operación del centro y el control de los datos asociados correspondan a entidades sujetas al derecho de la UE. También prevé requisitos de sostenibilidad ambiental y energética, como la obligación de consumir energía renovable de nueva implantación y cumplir criterios de eficiencia energética y de consumo de agua. Aelec defiende que la función de la demanda es consumir electricidad y desarrollar su actividad económica, y que la responsabilidad de avanzar hacia un sistema con más renovables corresponde al sistema eléctrico en conjunto. La patronal considera que sería más deseable que los consumidores tuvieran incentivos para ser flexibles, en lugar de imponerles obligaciones de generación.
El sector eléctrico se muestra, pues, escéptico ante la regulación propuesta por el Gobierno, que considera que puede frenar la inversión en un momento en que la demanda eléctrica en el Estado necesita un impulso. La patronal insiste en que la normativa debería facilitar, y no dificultar, la incorporación de nuevos consumos, para aprovechar el potencial de las renovables y reducir la dependencia energética. El debate sobre la regulación de los centros de datos refleja la tensión entre la necesidad de atraer inversiones y la de asegurar la sostenibilidad y la eficiencia del sistema eléctrico. Las eléctricas defienden que la regulación debe ser equilibrada y no imponer cargas excesivas a los consumidores, mientras que el Gobierno considera que las exigencias de renovables y eficiencia son necesarias para garantizar la transición energética. La decisión final sobre el decreto determinará en gran medida el atractivo del Estado para los grandes proyectos de centros de datos en los próximos años.