El Congreso de los Diputados ha dado luz verde al paquete de medidas que Nadia Calviño impulsó junto al sector financiero para ayudar a las familias de clase baja y media que tengan hipotecas a tipo variable y se hayan visto perjudicados por la subida del Euríbor. La vicepresidenta y también ministra de Economía cerró un acuerdo con las patronales bancarias AEB y CECA el pasado noviembre. El Consejo de Ministros lo respaldó el día 22 y finalmente este jueves se ha aprobado de manera definitiva, ya que no se tramita como proyecto de ley y, por tanto, no tiene que pasar por el Senado.

Los bancos tienen todavía una semana para comunicar si van a adoptar o no las medidas. Las entidades más grandes del país ya lo han hecho, el primero en confirmar su adhesión a los Códigos de Buenas Prácticas fue CaixaBank. Siguieron los pasos del catalán BBVA, Sabadell, Santander, Unicaja, Bankinter, Kutxabank, Ibercaja e ING.

Dichas medidas entran en vigor el próximo 1 de enero de 2023, momento a partir del cual, las entidades estarán obligadas a promocionarlas, informando adecuadamente a todos los clientes titulares de préstamos hipotecarios sobre la posibilidad de acogerse a ellas, tal y como se indica el Real Decreto-ley 19/2022 que sacó adelante Nadia Calviño. El Banco de España y el propio ministerio de Economía también tendrán que dar difusión sobre las medidas.

Las medidas de alivio hipotecario podrán ayudar a un máximo de un millón de familias, según los cálculos realizados por la propia Calviño. Unas 350.000 familias vulnerables y otras 700.000 de clase media en riesgo de vulnerabilidad. En concreto, podrán acceder aquellas personas cuyos ingresos familiares, con carácter general, sean inferiores a tres veces y medio el IPREM (29.400 euros) y estén atravesando una dificultad financiera temporal. O los que tienen unos ingresos inferiores a tres veces el IPREM (25.200 euros) y se encuentren en una especial situación de vulnerabilidad.

La oposición ha criticado estas medidas porque creen que son insuficientes, pese a ello, el real decreto ley ha salido adelante. Algo que la vicepresidenta Nadia Calviño ya celebraba incluso antes de la votación -que se ha producido en torno a las 15:00 horas de la tarde-. Esta mañana, antes de que el Congreso diera luz verde, manifestaba que era una "muy buena noticia" que se fuera a convalidar porque esto permite al Gobierno anticiparse al impacto que pueda tener sobre las familias la revisión de hipotecas al alza.

Las hipotecas se han encarecido hasta 300 euros al mes desde que el Euríbor se tornó a positivo. El índice, al que están referencias las hipotecas a tipo variable, arrancó el año en negativo (-0,5%) pero al calor de las subidas de tipos ha ido alzándose hasta rozar ya el 3%, lo que ha hecho que las cuotas que pagan las familias también suba, mientras lo hacía también el coste de la vida dado el contexto de inflación de precios.

El Gobierno quería adelantarse y evitar que suba la morosidad si las familias dejan de pagar sus cuotas con medidas como las que se han aprobado hoy, que permitirán a las familias rebajar su carga financiera si lo necesitan. El paquete incluye también mejoras para facilitar la amortización anticipada de los créditos y la conversión de las hipotecas a tipo fijo.

Reacción política

La diputada del PP, Elvira Rodríguez, cree que se trata de un parche porque el problema no se afronta "de cara" y no se quieren ofrecer soluciones globales para miles de familias de clase media con verdaderas dificultades para llegar a fin de mes, según recoge EFE. La popular aboga por bonificaciones en el IRPF y considera que las medidas de alivio son "insuficientes", el mismo adjetivo que habían usado antes los representantes de otros grupos parlamentarios, incluyendo a Rafael Mayoral, de Unidas Podemos, que mostró su apoyo al texto pero reclamó "poner orden en la banca frente a los abusos".

Desde VOX, Rubén Manso aprovechó para afear el "triunfalismo" del Gobierno y Calviño de que la situación de las familias es ahora mejor si al mismo tiempo "hay que proteger a más gente", al tiempo que recomendó al Ejecutivo atacar el origen del problema, a su juicio, la política expansiva de los últimos años y el elevado déficit; La diputada Pilar Vallugera, del Grupo Republicano, por su parte, se mostró de acuerdo con las medidas pero criticó que se utilice un Código de Buenas Prácticas impulsado por el Gobierno anterior, de Mariano Rajoy, y consideró corto el límite de renta para acogerse a ellas, de hasta 25.200 euros en unos casos y 29.400 euros, en otros.

Desde el Grupo Plural, Íñigo Errejón consideró que el Gobierno, con estas medidas, pide a la banca que se porte bien, en lugar de intervenir en el mercado, como se hizo con el eléctrico, mientras que Néstor Rego dijo que el decreto es insuficiente y hay que evitar "la estafa" de los bancos, que siguen ganando, a la ciudadanía; Ciudadanos avanzó esta maána su voto favorable al real decreto ley porque, en palabras de la diputada María Muñoz, ven positivo "cualquier medida para echar un cable a los españoles a pagar hipotecas" y aseguró que su grupo fue el primero en pedir medidas concretas para hacer frente a las subidas de tipos.

También mostró su apoyo a la convalidación la diputada Idoia Sagastizabal, del Grupo Vasco, porque las medidas van en la buena dirección y aplaudió que sean "selectivas". En su opinión, "no todo el que tiene una hipoteca variable tiene que tener ayudas. Si son generalistas, es injusto con quienes firmaron hipotecas a tipo fijo". Una opinión distinta a la de Oskar Matute, del Grupo EH-Bildu, quien había insistido minutos antes también en que las medidas son "insuficientes" y, aunque votarían a favor, consideró que son "tiritas ante una herida que es sangrante" y la banca tiene a la ciudadanía como rehenes.

Igualmente el Grupo Mixto optó por respaldar el texto, aunque el diputado Sergi Sayas fue el primero en tachar las medidas de "insuficientes" porque el Gobierno está dejando fuera a parte de los hipotecados y no está solucionando el problema a futuro; En la misma línea, la diputada María Fernández consideró que las medidas son necesarias, pero no suficientes y pidió al Gobierno que siga trabajando.