La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha resuelto la denuncia presentada por Iryo contra Renfe por la denegación de acceso a los talleres de mantenimiento pesado de esta última. El regulador ha determinado que Renfe Mantenimiento ofreció servicios de mantenimiento pesado en el mercado y, tras negociar con Iryo durante más de dieciocho meses las condiciones de acceso, comunicó que no los prestaría "a solo dos semanas del inicio de las operaciones". La CNMC considera que esta decisión se adoptó "sin justificación objetiva suficiente y sin haber seguido los procedimientos de coordinación y priorización de solicitudes incompatibles". El regulador argumenta que la retirada de la oferta por parte de Renfe dejó a Iryo "sin alternativas viables para ejecutar a tiempo" el mantenimiento pesado de sus trenes, "con el consiguiente riesgo de inmovilización" de los mismos.
Esta inmovilización impediría a la operadora cumplir con sus compromisos de reserva de capacidad con el administrador de infraestructuras e "impactaría en la pluralidad de la oferta de servicios de transporte disponible" para los usuarios. En su resolución, la CNMC requiere a Renfe Mantenimiento que "facilite el acceso" de los trenes de Iryo al taller de La Sagra, en Toledo, para las operaciones de desmontaje y montaje de bogies, "en los términos previamente negociados por las partes y sin perjuicio de que ambas puedan llegar a una solución alternativa de mutuo acuerdo". El regulador aclara que esta obligación se limita a los diecinueve trenes objeto de las negociaciones y no obliga a Renfe a prestar el servicio de mantenimiento de los bogies en el taller de Valladolid, dado que Iryo "dispone de alternativas" para estas operaciones. Ante la resolución, Renfe ha manifestado que está "analizando en detalle" la decisión de la CNMC y su fundamentación jurídica, técnica y operativa. La operadora pública ha advertido que su capacidad industrial "no es ilimitada" ni se encuentra "desocupada".
La compañía defiende que "la capacidad industrial condiciona directamente el mantenimiento de la flota, la recuperación ante incidencias y la calidad y continuidad del servicio ferroviario". Renfe ha subrayado que la resolución descarta "buena parte de las pretensiones de Iryo" y que "mantiene únicamente una obligación concreta" en La Sagra: el uso temporal del bajabogies de estos talleres, en régimen de autoprestación y conforme a determinadas condiciones recogidas en la oferta que realizó Renfe Ingeniería y Mantenimiento en julio de 2025. La operadora incide en que esta decisión "no establece una apertura general ni permanente de La Sagra" y que la propuesta de Renfe Ingeniería y Mantenimiento "no llegó a formalizarse y las conversaciones concluyeron sin acuerdo entre las partes ni compromiso contractual de acceso".
El impacto de la decisión en la liberalización ferroviaria
El conflicto entre Renfe e Iryo por los talleres de mantenimiento se ha convertido en uno de los principales frentes de la liberalización ferroviaria en el Estado. La CNMC ha recordado que la normativa obliga a los prestadores de servicios de mantenimiento pesado a ofrecerlos a todos los operadores de forma "transparente y no discriminatoria", una vez que los ofrecen en el mercado. Ante solicitudes incompatibles, el prestador "debe intentar acomodarlas, entablando negociaciones con los operadores y maximizando la capacidad de los talleres y, solo si esto no es posible, aplicar criterios de priorización objetivos para adjudicar la capacidad".
La decisión de la CNMC llega después de que, el pasado mes de mayo, el regulador adoptara medidas provisionales para proteger el acceso de Iryo mientras se resolvía el expediente. Según las estimaciones de Renfe, la apertura de sus talleres a los competidores podría suponer un impacto económico de más de 60 millones de euros anuales. Renfe ha defendido que la ley solo le obliga a dar mantenimiento ligero y que los otros operadores "disponen de alternativas como invertir en la construcción de talleres en nuestro país o llevar sus trenes a Italia". La compañía también ha cuestionado que la petición sea de posible aplicación en los términos establecidos por su "impacto desproporcionado" y porque tardaría un año en adaptar los talleres al régimen que quiere imponer la CNMC.
El mantenimiento pesado del material rodante es una actividad crítica para las empresas ferroviarias, ya que su incumplimiento en plazo puede comportar la inmovilización de los trenes. La resolución de la CNMC supone un revés para Renfe, que ve cómo el regulador le exige abrir sus instalaciones a un competidor directo. La decisión, que todavía puede ser recurrida por Renfe ante los tribunales, marca un precedente en la liberalización del sector ferroviario en el Estado, donde la competencia en la alta velocidad se ha ido abriendo paso en los últimos años con la entrada de operadores como Iryo y Ouigo.
El taller de La Sagra, propiedad de Renfe, es una de las instalaciones clave para el mantenimiento de los trenes de alta velocidad, lo que ha convertido su acceso en un punto de fricción entre el operador público y los privados. La ejecución de la resolución dependerá de la capacidad de Renfe de adaptar sus talleres y de la voluntad de ambas partes para llegar a un acuerdo que garantice el mantenimiento de los trenes sin poner en riesgo la seguridad ni la continuidad del servicio.