La Generalitat ha pedido que la Fiscalía que investigue a Uber por presuntamente emplear a 'riders' como falsos autónomos y evadir dinero de la Seguridad Social, según han explicado fuentes de la Conselleria de Empresa y Trabajo a diversas agencias de noticias y ha avanzado 'El Periódico' este lunes.
El Ministerio de Trabajo está estudiando si insta a la Fiscalía a activar la vía penal contra la plataforma y el Govern señala que esta denuncia debe hacerse lo antes posible. De este modo, la empresa estadounidense estaría obligada a operar con el mismo modelo que tiene Glovo, que actualmente aúna a repartidores subcontratados y otros dados de alta como autónomos.
El conseller Miquel Sàmper cree que el Ministerio de Trabajo debe actuar para "revertir" la situación actual. Desde la Generalitat ven prioritario que haya movimientos en el sector de las plataformas digitales para obligar a Uber a operar con el mismo sistema que Glovo, que recientemente cambió su modelo laboral dejando atrás la contratación de autónomos. Preguntada por el ACN, Uber no quiso hacer declaraciones.
Uber es la segunda compañía más importante del sector del 'delivery' en España, con el 28,5% de cuota de mercado por detrás de Glovo, que tiene el 53,8%, y seguido por Juts Eat que tiene otro 14,5%, según la información aportada en un reciente juicio entre las dos primeras compañías, destaca El Periódico'. El diario catalán explica que los agentes de la Inspección de Trabajo llevan meses realizando una macro investigación sobre las flotas de Uber, requiriendo información tanto a la empresa como a los mensajeros, con el fin de acabar imponiendo una sanción multimillonaria a la empresa si pueden acreditar que sus autónomos operan como falsos autónomos.
En el marco de dicha investigación están implicados más de 10.000 mensajeros en toda España y los agentes de la autoridad laboral tienen indicios de empleo de personas migrantes sin permiso de trabajo en vigor. La competencia en este terreno es de los agentes dependientes del Ministerio de Trabajo y este, hasta que no tenga la resolución, que se espera para enero, no tomará la decisión de activar o no la vía penal. La sanción multimillonaria que se presume les servirá de carta negociadora para forzar a Uber a acelerar su transición hacia un modelo laboral, sino quiere que sus directivos se expongan a posibles penas de hasta seis años de cárcel.