La compañía de telecomunicaciones especializada en el despliegue de fibra Avatel ha iniciado un nuevo procedimiento de despido colectivo, el segundo en dos años, según ha informado este miércoles el sindicato UGT.

Tras la comunicación de la compañía a la representación legal de los trabajadores, se han abierto quince días para la constitución de la mesa y la plantilla de los centros afectados suma 1.195 personas, ha añadido UGT.

Este expediente de regulación de empleo (ERE) se sumaría al aplicado por la compañía en 2024, un ajuste que afectó a 674 trabajadores, el 35% de su plantilla en España en aquel momento. El pacto se cerró con unas condiciones compensatorias de 33 días por año trabajado y de 35 para quienes se acogiesen voluntariamente, con un máximo de 24 mensualidades. Las salidas voluntarias se incentivaron con una prima de adscripción de 1.200 euros. La empresa y los sindicatos acordaron también medidas para facilitar la recolocación de los afectados.

El expediente anunciado este miércoles se produce medio año después de que la sociedad Pangea Telecom, participada por Vaiia Kapital -una empresa de Víctor Rodríguez, consejero delegado de Avatel-, y los fondos gestionados por Inveready Asset Management, adquiriesen el 100% de su capital social.

Este procedimiento de ajuste de plantilla iniciado por Avatel -quinto operador de telecomunicaciones en España- se suma al que está ejecutando en el sector Telefónica, que supondrá más de 4.500 salidas. 

El operador nacional de servicios de banda ancha, móvil y televisión tiene previsto actualizar sus tarifas a partir del 1 de febrero de 2026, ajustándolas un 3’10% -menos de un euro en un ticket medio de 24’99 euros-. Se trata, según el operador, de una práctica habitual en el sector, donde las grandes compañías ya han anunciado ajustes de hasta un 4% en sus tarifas a partir del mes de enero de 2026. Avatel no hará efectiva la corrección hasta el mes de febrero, después dos ejercicios sin haber realizado ajustes en las tarifas de sus clientes, a pesar de tenerlo contemplado en sus cláusulas contractuales.

Desde la compañía explican que esta medida responde exclusivamente a variables económicas externas y tiene como objetivo de garantizar una atención presencial en entornos rurales, la calidad de su red e impulsar inversiones estratégicas en tecnologías de última generación, en un entorno de costes crecientes.