La convocatoria de elecciones anticipadas por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dejado por el camino un sinfín de proyectos y leyes. De manera que la Asociación de Usuarios Financieros, Asufin, ha reclamado a todos los partidos que se postulan como candidatos para dirigir el país que los tengan en cuenta para asegurar su continuidad cuando se conozca el nuevo presidente o presidenta el próximo 23 de julio. 

Entre estos proyectos se encuentran la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, la ley de acciones colectivas o que se proteja a los consumidores ante malas prácticas en el sector energético. En una carta, la presidenta de Asufin, Patricia Suárez, también ha puesto en valor ante las principales fuerzas políticas que concurren a las elecciones del 23 de julio (PSOE, PP, Sumar, Vox, PNV, ERC y Bildu), el hecho de que, por primera vez, los temas de Consumo ocupen de manera exclusiva un ministerio.

La primera de las propuestas de Asufin es que el nuevo gobierno retome y culmine el proyecto de Ley de la Autoridad para la Defensa del Cliente Financiero, “en los términos en que quedó aprobada en el Congreso de los Diputados y que, por tanto, cuenta ya con el consenso de la cámara”. Suárez reconoce que los distintos actores interesados en que salga adelante han manifestado algunas deficiencias con las que nacería esta Autoridad, pero a su juicio "resulta aún más preocupante" el retraso en el cumplimiento del marco europeo en la defensa de los consumidores financieros y la desprotección de estos frente a los abusos de la industria.

Otra regulación pendiente que el nuevo gobierno debe impulsar, según Asufin, es la ley de acciones de representación colectiva adaptada al marco comunitario. "Es sumamente importante que nuestro país disponga cuanto antes de una norma nacional que regule las acciones de representación colectiva y que, entre otras cosas, permita que todos nos podamos ver recompensados por las empresas que infrinjan los derechos de los consumidores en ámbitos como los servicios bancarios, los viajes, la energía, la sanidad, las telecomunicaciones y la protección de datos, sin necesidad de ir a juicio individual".

En relación con los "abusos" en el sector energético, propone que se refuerce la protección de los consumidores ante malas prácticas que causan elevados perjuicios a las economías personales y familiares, entre otras, "la comercialización telefónica con el sistema puerta fría", y que se faculte a la CNMC para publicar una lista de “chiringuitos energéticos”, además de prohibir los Sistemas de Información de Puntos de Suministro (SIPS) de gas.

En el marco europeo y teniendo en cuenta que el nuevo gobierno también ostentará la presidencia del Consejo de la UE, Asufin insta a liderar las discusiones en el marco del proyecto de directiva que regula obligaciones de diligencia debida de las empresas (CSDDD, por sus siglas en inglés) para que el mismo pueda ver la luz lo antes posible y con un alcance suficiente que asegure la correcta protección de los derechos humanos, el medioambiente y el acceso a la Justicia ante los impactos negativos consecuencia de malas prácticas empresariales.

Asimismo, en la carta que firma Patricia Suárez se pone en valor “el hecho de que, por primera vez, en esta legislatura existiera un ministerio dedicado de manera exclusiva a la materia de consumo”. Por tanto, y con independencia de la futura reestructuración ministerial que realice el nuevo gobierno que emane de las urnas, “queremos animar a una sana reflexión acerca de la importancia no solo de la mejor protección de los consumidores, sino también de visibilizar el poder de las relaciones de consumo en la construcción económica y social de nuestro entorno”.