El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Antonio Garamendi, ha cargado este contra las intenciones del Gobierno, visibilizadas por la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de plantear una segunda subida del Salario Mínimo Interprofesional en un mismo ejercicio. El líder de la patronal ha calificado la medida de tener un "tufo electoral" y ha recordado que la última actualización ya se aprobó el pasado mes de febrero.

La crítica de Garamendi no se centra tanto en el contenido de la medida como en el momento y la manera como se plantea. El hecho de que se proponga una nueva revisión del salario mínimo pocos meses después de la anterior, y en plena antesala de un periodo electoral, es lo que genera el malestar de la patronal. "¿El mismo año. ¿Esto es tufo electoral o no es tufo electoral? Sinceramente", ha llegado a preguntarse el presidente de la CEOE, en una intervención en la que ha dejado clara su "perplejidad" ante la coincidencia de calendarios.

Uno de los argumentos que ha utilizado Garamendi para reforzar su posición es de carácter competencial. El líder patronal ha recordado que la fijación del SMI es una "competencia del Gobierno previa consulta" y que, por tanto, "no es parte del diálogo social". Con esta afirmación, Garamendi sitúa la cuestión en un terreno diferente al de la negociación colectiva y enmarca la decisión en el ámbito exclusivo del ejecutivo de Pedro Sánchez. Esta distinción es relevante porque, aunque el Gobierno consulta a los agentes sociales y otros actores antes de fijar el salario mínimo, la decisión final recae en el Consejo de Ministros y no requiere el consenso de las organizaciones empresariales ni sindicales. Esto explica por qué la CEOE ha quedado fuera de las últimas seis subidas del SMI sin que ello haya impedido que se aprobaran. Lo que cuestiona Garamendi no es tanto el mecanismo como el uso que se hace de él. A su entender, plantear una segunda actualización en el mismo año responde más a una estrategia política que a una necesidad económica objetiva, y esto es lo que convierte la medida en un movimiento de carácter electoral.

En su intervención en la Cadena COPE, Antonio Garamendi ha aprovechado para lanzar otra crítica que hace tiempo que resuena en el ámbito empresarial: el hecho de que durante toda la legislatura no se hayan aprobado unos nuevos presupuestos generales del Estado. El líder de la CEOE ha calificado esta circunstancia de "increíble" y la ha puesto como ejemplo de la falta de normalidad institucional que, bajo su criterio, ha caracterizado los últimos años de la acción del gobierno del PSOE y Sumar. La cuestión de los presupuestos no es menor, según el dirigente empresarial.

Sin unas cuentas públicas actualizadas, la administración funciona con prórrogas automáticas que limitan la capacidad de inversión y de planificación. Para los empresarios, esta situación genera incertidumbre y dificulta la toma de decisiones a largo plazo, especialmente en sectores que dependen en alto grado del gasto público. Garamendi ha vinculado esta crítica con su visión general de la legislatura, que considera marcada por un aumento de costes y por una falta de diálogo real con el mundo empresarial. Su intervención ha sido, en este sentido, una acumulación de reproches más que una crítica aislada por el último asunto relacionado con el SMI.