La Audiencia Nacional ha acordado la suspensión cautelar de la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) que confirmaba la liquidación a Repsol de 152,415 millones de euros en concepto del Gravamen Temporal Energético correspondiente al ejercicio 2023.
En un auto fechado el pasado 24 de junio, al que ha tenido acceso Europa Press, la sección séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, atiende la solicitud formulada por la energética y suspende la ejecución de la deuda tributaria mientras se sustancia el recurso contencioso-administrativo presentado por Repsol.
En la resolución, adelantada este martes por 'Cinco Días', se destaca que la ejecución inmediata de la liquidación dictada por la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria (AEAT) supondría el desembolso de una cantidad superior a los 152 millones de euros.
A juicio del tribunal, esta circunstancia permite apreciar un "riesgo relevante de pérdida de la finalidad legítima del recurso, dado que una eventual estimación de la demanda no eliminaría plenamente los perjuicios derivados del desembolso de una cantidad de tal magnitud".
Asimismo, la Audiencia Nacional argumenta que la suspensión no genera una "perturbación grave de los intereses generales", debido a que el crédito de la Hacienda Pública se encuentra debidamente asegurado mediante el aval bancario solidario que Repsol ya aportó durante la vía económico-administrativa.
La efectividad de esta medida cautelar queda condicionada a que la entidad acredite formalmente en la causa la vigencia y suficiencia de este aval. Igualmente, el tribunal valora la postura de la Abogacía del Estado, que en su escrito de alegaciones no se opuso a la concesión de la suspensión cautelar, condicionándola únicamente a la subsistencia de las garantías prestadas, lo que a juicio de los magistrados "refuerza el juicio favorable a la suspensión".
De esta manera, la sala de la Audiencia Nacional subraya que esta decisión se alinea con la doctrina consolidada del Tribunal Supremo, la cual otorga una especial relevancia cautelar a la existencia de garantías suficientes prestadas en vía administrativa, exigiendo una motivación reforzada para su levantamiento en sede judicial, salvo que conste una alteración de las circunstancias.
Vigente en 2023 y 2024
El Gobierno español impuso en 2023 y 2024 un impuesto extraordinario que gravaba con un 1,2% las ventas de las energéticas con unos ingresos superiores a 1.000 millones anuales. Vigente durante esos dos años, el Ejecutivo trató posteriormente de prolongarlo en el tiempo, aunque esta medida decayó en su convalidación en el Congreso de los Diputados.
Todas las empresas del sector mostraron su rechazo al denominado 'impuestazo', recurriéndolo a los tribunales, aunque entre ellas, la compañía dirigida por Josu Jon Imaz fue de las más beligerantes. Repsol fue el grupo más damnificado del sector energético en estos dos años por este gravamen especial, con el abono de casi 800 millones de euros.