La abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) Juliane Kokott ha propuesto este jueves a la corte, con sede en Luxemburgo, que desestime el recurso de Google y confirme la multa de más de 4.000 millones de euros impuesta a la multinacional por abuso de posición dominante con Android. Las conclusiones de la abogada general, que no son vinculantes, respaldan los argumentos en los que se basó el Tribunal General de la UE para fijar la multa de 4.124 millones de euros.

El caso supera ya los diez años, porque la Comisión Europea abrió la investigación correspondiente en abril de 2015, y el núcleo del mismo reside en los llamados "acuerdos de distribución" entre la tecnológica estadounidense y fabricantes de dispositivos móviles, en virtud de los cuales los segundos debían preinstalar Google Search y Chrome para obtener una licencia de explotación de la tienda de aplicaciones Play Store.

Estas cláusulas tienen una relación estrecha con otros acuerdos "contra la fragmentación" que Google también incluía en los contratos y que condicionaban las licencias de Google Search y Play Store a que los fabricantes se abstuvieran de vender teléfonos equipados con versiones alternativas no autorizadas de Android. El tercer elemento dentro del caso son los "acuerdos de reparto de ingresos", según los cuales los fabricantes renunciaban a preinstalar en sus dispositivos motores de búsqueda de la competencia a cambio de la retrocesión de una parte de los ingresos publicitarios de Google.

La Comisión Europea concluyó en el verano de 2018 que estos acuerdos eran "abusivos" y, por tanto, ilegales, puesto que restringían la competencia dentro del mercado único y mermaban e incluso eliminaban la capacidad de otras empresas de competir contra Google. Por ello, en julio de 2018, impuso a Google una multa de casi 4.343 millones de euros por abuso de su posición dominante al obligar a los fabricantes de dispositivos móviles y a los operadores de redes móviles a asumir restricciones contractuales contrarias a la competencia, algunas de las cuales se remontaban al 1 de enero de 2011.

Multa de 2018

Google impugnó la decisión de la Comisión ante el Tribunal General mediante un recurso que prosperó solo parcialmente: se declaró la nulidad de la decisión solo en relación con la regulación del reparto de ingresos y se fijó la multa en 4.124 millones de euros. A continuación, la multinacional interpuso un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la UE. 

Para la abogada general, "la apreciación de los hechos y de las pruebas llevadas a cabo por el Tribunal General no puede ser impugnada ante el Tribunal de Justicia y, por otra parte, los argumentos jurídicos invocados por Google son inoperantes", según un comunicado de la corte. Por lo que respecta a la agrupación de Play Store, Google Search y Chrome, la jurista considera que el Tribunal General no tenía que pedir a la Comisión, para probar un abuso, que analizara cuál habría sido la situación competitiva de no haberse producido la conducta puesta en entredicho.

El Tribunal General podía limitarse a declarar que se había influido de manera discriminatoria en la decisión de los usuarios de utilizar Google Search, Chrome y aplicaciones no competidoras por medio del «sesgo de statu quo» inherente a su pre instalación, frente al cual los competidores no podían hacer nada.