El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, está convencido de que es factible llegar a un acuerdo con el Ministerio de Seguridad Social para cerrar la segunda fase en la negociación de la reforma de las pensiones. El sindicalista se ha mostrado abierto a negociar alguna de las medidas que pide el Gobierno, en referencia al incremento del cómputo de la vida laboral de 25 a 30 años para fijar la pensión, a cambio de que el departamento que dirige José Luis Escrivá ceda en algunas contraprestaciones que el sindicato ha presentado en la mesa de negociación.
En concreto, Álvarez ha desvelado que han solicitado que se rebaje de los actuales 15 años a 12 el periodo cotizado necesario para tener acceso a una pensión contributiva. “Tenemos que encontrar un acuerdo equilibrado. La suma y la resta de lo que se pagará de más y lo que se ahorrará la Seguridad Social tiene que ser cero. En ese sentido, es verdad que con una visión innovadora hasta ahora, creemos que hay que actuar sobre la exigencia de 15 años mínimos para tener derecho a la pensión, barajando que se baje tres años para tener acceso a la pensión contributiva", ha dicho Álvarez esta mañana.
No obstante, Álvarez no quiere hablar de una negociación por partes, sino de un conjunto. "No entro en hacer ninguna concesión hasta que no tengamos un acuerdo cerrado. Cuando tengamos un acuerdo cerrado, veremos qué condiciones se han dado", ha respondido Álvarez. En este sentido, ha matizado que “no es aceptable la ampliación del cómputo”, aunque ha insistido varias veces en que lo importante es que “el acuerdo sea equilibrado”, en referencia a compensar unas medidas con otras. Y ha remarcado que ha evitado "las líneas rojas en las conversaciones con la Seguridad Social”.
Jubilación anticipada
No es la única petición que el sindicato ha propuesto en la negociación, según ha informado Álvarez, que ha confirmado que se están manteniendo conversaciones informales con el Ministerio de Seguridad Social, aunque no hay una nueva oferta por escrito del Gobierno. Así, UGT ha planteado que se relajen las penalizaciones para las pensiones anticipadas en un doble sentido: por un lado, reducir los porcentajes de reducción que se aplican por cada año que se quiere anticipar la jubilación y, por otra, bajar de 44 a 40 años la edad para acceder a la jubilación anticipada sin merma.
Sobre la cobertura de lagunas en las cotizaciones, el líder de UGT se ha mostrado partidario de que se dejen fuera ciertos periodos en los que las cotizaciones han sido más bajas para determinar las pensiones, una de las propuestas de Escrivá a cambio de aumentar de 25 a 30 la vida laboral que se compute para determinar la pensión. Álvarez ha recordado que esta cobertura de vacantes ya se aprobó en las negociaciones de la reforma de las pensiones de 2011 siendo presidente de Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
Costes económicos
Sin embargo, el secretario general de UGT ha mostrado su enfado porque el Ministerio que dirige José Luis Escrivá no haya llevado a la mesa de negociación el coste de las medidas, ni las que ha propuesto el propio Gobierno, ni las que han presentado los agentes sociales. En este sentido, considera que aunque el Ministerio ha defendido públicamente que su intención es que este segundo bloque de reformas tenga un efecto neutro sobre las cuentas de la Seguridad Social (que las pensiones no supongan un mayor ni un menor gasto que el actual), Álvarez cree que no es cierto “que el Gobierno piense que va a tener un efecto equilibrado”.
Si fuese así, el secretario general del sindicato defiende que el Gobierno ya habría presentado en la mesa cuál es el efecto real sobre las futuras pensiones de ampliar de 25 a 30 años el cómputo para determinar la pensión (aunque se permita al trabajador dejar fuera los dos años con las cotizaciones más bajas), pues en opinión del sindicato, la medida supondría una merma de las pensiones. Porque los cálculos que han realizado desde el sindicato no son exactos, según Álvarez, pues no tienen la información suficiente para determinar el efecto económico de excluir los dos años peores, algo que sí podría conocer la Seguridad Social.
Pacto en el Congreso
En cualquier caso, Pepe Álvarez exige al Gobierno que antes de que se firme un acuerdo entre los agentes sociales y el Ministerio de Seguridad Social, el Gobierno debe tener garantizado que existe un acuerdo político para sacar adelante el trámite parlamentario sin tocar las líneas esenciales de un futuro acuerdo en el seno del diálogo social. No obstante, el líder de UGT cree que difícilmente que el Gobierno tenga apoyo dentro del arco parlamentario sin un aval de los agentes sociales. “Dudo mucho que pueda haber una aprobación de la reforma de pensiones en el Congreso si previamente no cuenta con un consenso, con un acuerdo social. En todo caso, esa no es una responsabilidad nuestra, es del Gobierno. La otra cuestión, para nosotros fundamental, es tener la absoluta certeza de que la norma que firmemos va a ser aprobada por el Congreso", ha advertido el secretario general de UGT.
El objetivo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones era presentar esta segunda fase de la reforma del sistema de pensiones a Bruselas antes del 31 de diciembre de 2022. Sin embargo, las conversaciones entre el Gobierno y los agentes sociales siguen abiertas. Tanto los sindicatos como los empresarios han recalcado que la ampliación del periodo de cómputo no está recogida en las recomendaciones del Pacto de Toledo y temen, por tanto, que la segunda fase de la reforma carezca del apoyo parlamentario suficiente.