El sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) ha formulado una denuncia ante el Consejo de Europa cuestionando el marco jurídico español sobre el sector de la vivienda. La reclamación, que ha sido admitida para su análisis, asevera que la regulación española vulnera la Carta Social Europea porque no garantiza el derecho de los ciudadanos españoles a una vivienda digna.
En su denuncia, UGT argumenta que como consecuencia de la escasez de vivienda social y de los elevados precios en el mercado, el acceso asequible a una vivienda digna o adecuada no está garantizado para una parte significativa de la población española, y en concreto para los trabajadores de colectivos vulnerables como los jóvenes, los trabajadores con salarios bajos y los inmigrantes, según informa Europa Press.
El sindicato alega que el marco jurídico y político relativo al derecho a la vivienda en España es "inadecuado", ya que el acceso a la misma se formula simplemente como un principio rector de la política social y económica, en lugar de un derecho genuino y justiciable.
Según UGT, la Ley por el Derecho a la Vivienda aprobada en 2023 no cambió la situación, ya que la norma tiene carácter programático y deja la aplicación de los objetivos establecidos en manos de las autoridades regionales, conforme al reparto constitucional de competencias en la materia. En su reclamación, el sindicato considera que el plazo de 20 años para alcanzar un parque mínimo de vivienda pública para las políticas sociales, establecido en la ley, es "irrazonable" y carece de objetivos "inmediatos" y "cuantificables".
El derecho a la vivienda
La denuncia del sindicato se ha recogido en el libro de sesiones del Comité de Europa, en concreto, sobre la reunión celebrada a principios de diciembre, en la que se admitió una queja formulada por el sindicato el 17 de octubre. El sindicato expone que el marco jurídico español no se ajusta a las normas que fija la Carta Social Europea en los artículos 31, 16, 17, 19 y 30, y también en el artículo E sobre la no discriminación en materia de acceso a la vivienda.
En concreto, el artículo 31 trata sobre el derecho a la vivienda, el artículo 16 es el referido al derecho de la familia a la protección social, jurídica y económica, el 17 versa sobre el derecho de los niños y jóvenes a la protección social, jurídica y económica, el 19 sobre el derecho de los trabajadores migrantes y sus familias a la protección y asistencia y el 30 es sobre el derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social.