La reforma laboral, de la que ayer se cumplió un año, ha rebajado significativamente las estadísticas de temporalidad del mercado de trabajo, el principal objetivo de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Pero hecha la ley, hecha la trampa. Siempre hay resquicios legales para buscar alternativas que permitan jugar con el comodín de la temporalidad. Y una de ellas es escudarse en el periodo de pruebas.
La nueva normativa eliminó los contratos por obra o servicio y, desde entonces, las empresas tienen que ver si cumplen los requisitos para firmar un contrato temporal y, si no, deben firmar indefinidos o fijos-discontinuos. Para sortear la nueva casuística, muchas empresas están optando por firmar contratos indefinidos, pero extinguirlos cuando ha pasado el periodo de prueba, que dura, en función de los puestos, entre dos y seis meses.
Entre enero y septiembre (últimos datos disponibles) han perdido su empleo 835.400 trabajadores con un contrato indefinido, lo que supone un aumento del 178%, casi multiplicar por tres los 299.960 del mismo periodo del pasado año, antes de que entrase en vigor la Reforma laboral, según los datos de la Seguridad Social analizados por ON ECONOMIA. En términos relativos suponen un 7,6% sobre los 11,94 millones de afilados con contrato indefinido (8,73 millones a tiempo completo y 2,2 millones a tiempo parcial, dejando fuera los 0,91 millones fijo discontinuo) que estaban en alta en septiembre. Una subida considerable -de más del doble en puntos porcentuales-, pues en 2021 los despidos fueron el equivalente al 3,3% de los 9,6 millones de afiliados indefinidos a septiembre de 2021, que han crecido un 23% tras la reforma laboral.
La principal causa que ha motivado el fin del contrato es, con diferencia, el despido por no haber superado el periodo de prueba, la herramienta más usada desde que empezó la nueva normativa laboral. Así, entre enero y septiembre 383.689 personas han abandonado su empleo indefinido antes de llevar seis meses en la empresa, cuando entre enero y septiembre del pasado año, fueron 50.422. Es decir, se ha multiplicado por siete, el 661%, el cese de contrato por este motivo. Hasta el punto de que prácticamente uno de cada dos (46%) de los indefinidos que se han quedado sin empleo ha sido por este motivo.
Hasta 68.000 despidos al mes
Además, se trata en todos los casos de contratos realizados ya con la reforma laboral en marcha, pues solo hay seis meses para que la empresa se pueda acoger al periodo de prueba. Siguiendo el rastro mensual de las estadísticas de la Seguridad Social, enero arrancó con 9.642 trabajadores que perdieron su empleo indefinido por esta causa (tres veces más que en el mismo mes de 2021), pero el despegue se produce a partir de mayo, cuando perdieron el empleo 56.286 trabajadores, con un pico de 68.102 en julio de este año.
Miguel Aumente, socio de laboral del Bufete Aumente&Martos, reconoce que han acudido muchos clientes a su despacho que han sido despedidos por no haber superado el periodo de pruebas. Y explica que se produce una absoluta indefensión de estos trabajadores, pues la carga de la prueba recae sobre el trabajador y es muy difícil acreditar que la empresa no tiene razón para el despido. Además, no tienen derecho a la indemnización porque no hay antigüedad suficiente, pero también porque no hay derecho por este motivo de despido. En principio, la ley establece un periodo de seis meses de prueba, pero se puede alargar según el convenio que se aplica y la categoría del trabajador, tiempo más que suficiente para la empresa, en opinión de Aumente.
Restricciones para presentar EREs
Pero si bien es cierto que el recurso a no superar el periodo de prueba ha sido con diferencia la estrella de los despidos para los trabajadores indefinidos, no es el único motivo que crece. El abogado laboralista hace también referencia a los despidos disciplinarios, algo que queda igualmente reflejado en las estadísticas de la afiliación a la Seguridad Social. En concreto, entre enero y septiembre, último dato disponible, se han producido 252.714 despidos disciplinarios, frente a los 135.880 del mismo periodo del pasado año, un 86% de aumento. E, igualmente, aumentan los casos de despidos objetivos por causa de la empresa un 75%, de 103.820 el año pasado a 182.100 este año, y los objetivos por causa del trabajador, un 72% hasta 16.890 despidos.
Alfredo Aspra, socio de Labormatters Abogados, considera que una buena parte del aumento de los despidos se debe a un empeoramiento de las condiciones económicas y las restricciones que tienen las empresas para presentar despidos colectivos a través de los expedientes de regulación de empleo (ERE), especialmente los disciplinarios y por causas objetivas. De hecho, en septiembre de este año se produjeron 1.176 despidos colectivos frente a 2.892 del mismo mes del pasado año. Las empresas, en opinión de Aspra, acuden a estas modalidades en vez de los ERE por la incertidumbre y el temor a que tuviesen que devolver parte de las exoneraciones a la Seguridad Social que recibieron en los procesos de Ertes en 2020 y 2021.
Adaptación a la reforma
Por su parte, María Sánchez Sanz, directora de Personas, Calidad y RSC de IFEMA Madrid y miembro de la Junta Directiva de la AEDRH (Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, considera que “es posible que esta práctica obedezca exclusivamente a una estrategia laboral por parte de los directores de RRHH y empresas en busca de un sistema que sustituya a los contratos temporales, que eran tan comunes hace tan solo unos meses”. Aunque, al igual que Aspra, no descarta que pueda estar relacionada con una posible recesión, o lo más probable, con la falta de herramientas y tipos de contrato acorde con las demandas de los consumidores y la estacionalidad de muchos sectores, en los que en los últimos meses hemos notado incrementos en el paro.
“Desde mi punto de vista, este hecho puede estar también relacionado con una rápida implantación de la reforma laboral que no ha dejado el tiempo suficiente para establecer nuevas estrategias de contratación a algunas compañías, lo que ha llevado a que las mismas realicen este tipo de técnicas para intentar continuar con su modelo anterior, mientras preparan el nuevo”, señala Sánchez.
En cualquier caso, matiza que como miembro de la Junta Directiva de la AEDRH no han detectado que esta tendencia se esté generalizando entre los asociados y “estoy segura de que la gran mayoría de las compañías de este país se atiene a la ley y no se aprovecha de este tipo de prácticas”.