El Gobierno ha modificado el actual sistema de incentivos a la contratación con la intención de focalizar en el empleo indefinido las ayudas que reciban las empresas por contratar a un parado en su plantilla y concentrará las bonificaciones en los colectivos más vulnerables o de difícil empleabilidad. Además, la reforma realizada por el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz exige a aquellas empresas que reciban una bonificación por contratar una persona no despedirla al menos tres años desde el inicio del contrato incentivado. La medida, aprobada este martes por el Consejo de Ministros, se articulará mediante un Real Decreto-ley de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral.

Pero mantener en plantilla tres años al trabajador con un contrato bonificado no es la única exigencia a las empresas que incluye el Real Decreto. Además, las sociedades que trasladen su actividad industrial, productiva o de negocio a territorios que no formen parte del de los Estados miembros de la UE o del de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, deberán devolver “todas las bonificaciones a la Seguridad Social realizadas durante los cuatro años inmediatamente anteriores a la deslocalización, así como las subvenciones recibidas”.

Un peso muerto

En Trabajo subrayan que la reforma no sólo busca estimular el acceso a un empleo para ciertos colectivos como personas en riesgo de exclusión social, desempleados de larga duración, jóvenes o mujeres, sino impulsar la integración con empleos “de calidad”, por lo que deberán entrar en plantilla mediante contratos indefinidos y a jornada completa como norma, frente “al escenario previo a la reforma laboral, con una norma que promovía el empleo precario”. Así, en los supuestos de contratación a tiempo parcial las bonificaciones se reducirán proporcionalmente en función de la jornada establecida. En todo caso no se incentivan las jornadas parciales inferiores al 50% de la jornada a tiempo completo, salvo en los supuestos de permisos por conciliación.

La vicepresidenta segunda del Gobierno ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que, con el Real Decreto-ley aprobado este martes "todo" el sistema de incentivos se dirige a fomentar la estabilidad del empleo, de forma que deja de "premiarse" la contratación temporal, salvo para los contratos de sustitución ligados a la conciliación de la vida laboral y familiar. Díaz ha argumentado que las bonificaciones a la contratación se habían convertido en un "peso muerto", pues favorecían a las personas que estaban en mejor posición en el mercado laboral en lugar de a las más vulnerables.

Con la norma, que entrará en vigor en septiembre, se corrige ese “peso muerto”, según la vicepresidenta, pues se adapta el sistema de incentivos al marco contractual de la reforma laboral y desaparecen "definitivamente" las reducciones de cotizaciones. Los incentivos pasan a ser lineales, y no porcentuales. Así, por ejemplo, la contratación de jóvenes menores de 30 años no cualificados se bonificará con 275 euros mensuales.

Dispersión autonómica

Uno de los objetivos de la reforma era simplificar el actual modelo de incentivos a la contratación y hacer las ayudas más efectivas. Desde Trabajo han explicado que los actuales incentivos a la contratación están contenidos en varias normas que disponen unas 76 medidas. Además, han remarcado en Trabajo que las ayudas que se aplican en el ámbito autonómico han generado una gran dispersión pues, “hasta ahora, carecían de un marco jurídico común que aportase una visión integral”. La Airef ha denunciado en varias ocasiones la falta de eficiencia de este tipo de bonificaciones y, aun reconociendo que los incentivos existentes hasta ahora facilitan acceder al empleo en periodos de crisis, lo hacen “con efectos modestos, en perfiles cualificados y que no perduran en el tiempo”.

En realidad, la mayoría de los colectivos en los que se van a concentrar las ayudas son los mismos que en el actual sistema, aunque se han actualizado las cuantías de las bonificaciones. Por ejemplo, la actual bonificación por la contratación indefinido de personas en situación de exclusión social se eleva de 55 euros al mes a 128 euros, igualándola a otros colectivos vulnerables.

Nuevas bonificaciones

Pero el Real Decreto aprobado este martes incluye algunas bonificaciones nuevas. En concreto, la contratación indefinida de jóvenes con baja cualificación beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, con una bonificación de 275 euros al mes durante tres años. Igualmente, se incentivará la transformación de contratos temporales en contratos fijos discontinuos de los trabajadores del campo incluidos el Sistema especial agrario con una bonificación durante tres años de 55 euros al mes, 73 euros en el caso de las mujeres.

La tercera bonificación de nueva implantación se destinará a la contratación de persona que realizasen formación práctica en las empresas mediante un contrato indefinido o con la incorporación como persona social si ha realizado las prácticas en una cooperativa o sociedad laboral de personas. En este caso, la ayuda será de 138 euros al mes durante tres años.

El nuevo sistema se evaluará de forma permanente, con lo que "ningún incentivo tendrá carácter estructural", pues sólo se mantendrán los que funcionen, según ha indicado la vicepresidenta segunda. Díaz ha resaltado además que esta norma forma parte de las reformas comprometidas a Bruselas en el Plan Nacional de Recuperación. En concreto, con ésta, ya son diez de un total de once las reformas puestas en marcha que se habían prometido a Bruselas en el componente 23 del Plan de Recuperación