El desahucio de Maricarmen Abascal provocó una ola de indignación que llenó las calles y, más concretamente, algunas plazas, como la Puerta del Sol y plaça Catalunya, donde el Sindicato de Inquilinas promovió sendas acampadas. Para responder a ello, el Gobierno impulsó un decreto de vivienda, que se llamó Maricarmen y se dividió en dos para tratar de aprobarlo, pero el Congreso los rechazó. Ante ello, Pedro Sánchez se lio la manta a la cabeza y convocó las elecciones que se celebrarán este domingo 29 de noviembre.

Como detonante de la llamada a las urnas, la vivienda está en el centro de la campaña electoral. Pero lo está, sobre todo, por su importancia y porque las dificultades para acceder a la misma suponen un problema social mayúsculo. Según CaixaBank Research, faltan más de 800.000 viviendas en España, y el ritmo de construcción, pese a que se acelera, no cubre el incremento de la demanda, por lo que el déficit habitacional continuará creciendo.

Quizá estos datos tan claros han conseguido que haya al fin cierto consenso entre los principales partidos sobre la necesidad de construir, y de hacerlo de forma decidida. Eso sí, con diferentes grados de concreción. Alberto Núñez Feijóo lleva meses, desde antes de la convocatoria electoral, anunciando un millón de viviendas, pero la nueva Frente Amplio le ha superado con 1,5 millones, aunque no hablan solo de construir, sino de sumarlas a la oferta de pisos públicos. Las divergencias están en la regulación y en la fiscalidad.

El programa del PSOE es continuista con respecto a las políticas que ha impulsado en esta última legislatura y al decreto Maricarmen, que terminó aprobándolo tras convocar elecciones gracias a contar con mayoría en la diputación permanente del Congreso. Se podría resumir en regulación de alquileres, más vivienda pública y ayudas a jóvenes y algunos colectivos.

Los de Pedro Sánchez son poco concretos en cuanto a cifras. No dan un número de viviendas que hay que construir en España. Hablan de 100.000 para el parque público estatal, sea mediante construcción o compra, y que se dedicarán a la venta o alquiler. La cifra, según todos los informes, es baja; por ello, dice que “se sumarán a las promovidas por las comunidades autónomas y entidades locales”. El objetivo es “aumentar el parque de viviendas públicas y protegidas para alcanzar la media de los países de nuestro entorno”, sin más concreción.

En cuanto a inversión, el PSOE pretende movilizar un 1% del PIB cada año para políticas de vivienda. Hablamos –aunque el programa no lo cifra– de unos 17.000 millones. El uso del verbo “movilizar” siempre siembra la duda de si será el propio Gobierno quien pondrá esos millones de su presupuesto o se sumarán otras cosas. Sí dice que el resto de las administraciones y el ICO “se unirán a este esfuerzo”, pero no dice ni cómo ni si están incluidos en ese 1% del PIB. Eso sí, se ayudará a las CCAA con “recursos presupuestarios récord” dentro del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

Frente Amplio también habla de un 1% del PIB anual a vivienda –ERC eleva la cifra hasta el 1,5%– y de “ampliar el parque público y asequible de vivienda a través de la construcción directa y delegada, la compra por tanteo y retracto, la movilización de vivienda vacía o infrautilizada, la redensificación, la expropiación y el ejercicio del tanteo público con el que se incorporarán 1,5 millones de viviendas públicas en 12 años”.

La coalición pretende expropiar viviendas a “entidades poseedoras de más de 1.000 viviendas”, y pone como ejemplo a Blackstone y CaixaBank inicialmente, y en una última fase, a propietarios de más de 50 inmuebles. Ada Colau vuelve a proponer cuotas, como las que intentó imponer en Barcelona, pero más agresivas. Concretamente, la “reserva obligatoria del 90 % de suelo para vivienda habitual, que será del 100% en las zonas tensionadas” y con una reserva del 40% para vivienda protegida. En la capital catalana fijó el 30% y el resultado no fue satisfactorio.

El programa del PP entra en el capítulo de vivienda directamente con el anuncio de construir un millón de viviendas. Y hasta ahí la concreción. Cuesta saber en qué plazos y de qué tipo, cuánta debe ser pública y cuánta libre. El cómo sí que lo explica: movilizando suelo público y privado con las CCAA y entidades locales, con una ley del suelo “para agilizar el planeamiento urbanístico y reforzar su seguridad jurídica”, con la resolución en tres meses, “con silencio positivo”, de las licencias de obra nueva y de rehabilitación, con construcción industrializada e incentivando la financiación.

Pero en esta retahíla de medidas para “construir” ese millón de viviendas, se da a entender que quizá no todas se construyan, porque también habla de cambios de usos de oficinas y locales y de facilitar la segregación de viviendas grandes, “siguiendo la experiencia de otros países europeos”. Por lo tanto, ni la cifra de obra nueva queda clara.

Casi todas las encuestas señalan a Feijóo como probable futuro presidente español, pero con el apoyo de Vox. Los de Santiago Abascal hablan de “volver a ver grúas en los cielos” e “incrementar de manera sustancial y sostenida en el tiempo la construcción de vivienda nueva”, pero sin concreción, la misma que aplican a su propuesta de “ampliar la inversión pública en vivienda por habitante” y “aumentar con urgencia la construcción de vivienda protegida para las familias españolas mediante su promoción y colaboración público-privada”. En lo que ponen énfasis todo el rato es que las medidas son siempre para españoles.

Junts pone la construcción como una necesidad, aunque como su foco es Catalunya, no pone cifras. Defiende ampliar el parque público de vivienda con el traspaso del suelo, los pisos y los recursos del Estado en Catalunya a las administraciones catalanas. Reclama, además, “aumentar la oferta privada con incentivos, rehabilitación y menos impuestos a la construcción de vivienda asequible”.

Regulación y fiscalidad

La candidatura que lidera Míriam Nogueras pone más énfasis, en su programa, en la regulación y en que esta dé seguridad jurídica a los compradores y propietarios, además de en la fiscalidad: deducción del 15% del IRPF al alquiler, a la hipoteca y al ahorro para la compra, reducción del 10% al 5% del IVA para la compra e IVA del 10% a la renovación de vivienda para alquilar,

Junts defiende desahuciar ocupaciones ilegales antes de 48 horas, que sea el Estado y no el pequeño propietario el que asuma la protección de las familias vulnerables, garantizar que el propietario cobre y solo impedir un desahucio cuando la familia sea vulnerable, sin alternativa residencial y el piso sea de un fondo o una empresa que lo compró con descuento. La parte que el partido de Carles Puigdemont asume del decreto de vivienda es la prohibición, hasta 2028, de que “entidades financieras y sus inmobiliarias, fondos de inversión y entidades de gestión de activos compren viviendas”.

En este aspecto, el programa del PSOE aporta poca novedad, ya que buena parte de su política ha sido aprobada en los últimos años y, especialmente, en el decreto que provocó las elecciones. Habla, por tanto, de “ampliar la duración de los contratos de arrendamiento” y de “congelar temporalmente las rentas que superen los índices de referencia, evitando incrementos abusivos en los mercados tensionados”, pero sin establecer plazos. No menciona rebajas del IVA ni del ITP. El programa de Frente Amplio en regulación es muy similar al socialista.

ERC se ha situado toda la legislatura en el bloque de apoyo al Gobierno y, de hecho, las políticas que propone en su programa son también parecidas, en la línea de proteger a los inquilinos. Pide, además, subir impuestos, como el IVA i el ITP, a la compra de vivienda que no sea para uso habitual, o para el alquiler turístico. Como Junts, pide más competencias, recursos y viviendas para la Generalitat.

El del PP, en cambio, es opuesto y propone directamente derogar la ley de vivienda para recuperar la seguridad jurídica “que necesitan propietarios e inquilinos”. Ello supone eliminar las zonas tensionadas y el índice de precios, “que han introducido más intervención, más incertidumbre y menos oferta en el mercado del alquiler”.

En impuestos, pone énfasis en los jóvenes y la primera vivienda, para la cual propone reducir el IVA al 4% para los menores de 40 años, o una reducción del impuesto de transmisiones patrimoniales reducido. Además, propone que el Estado avale la entrada, con hasta el 20% del precio de la vivienda, también para aquellos compradores que no lleguen a los 40 años.

En lo que respecta a alquiler, “los inquilinos tendrán una deducción en el IRPF por el alquiler de su vivienda habitual, graduada según sus ingresos, con más apoyo para quien menos gana”, mientras que el pequeño propietario que renueve a su inquilino por tres años más subiendo la renta por debajo del IPC tendrá una deducción en el IRPF o un crédito fiscal que compense ese esfuerzo. Y los ocupas saldrán en 48 horas.

Vox dobla la apuesta y propone desalojar a los okupas –lo escriben con “k” en su programa– en 24 horas. En fiscalidad también va más allá y propone que la compra de la primera vivienda no pague impuestos, además de recuperar la deducción por “inversión” en vivienda habitual.