El secretario general de CC. OO., Unai Sordo, ha aplaudido el acuerdo sobre la reducción de la jornada laboral anunciado por el PSOE y Sumar, aunque se ha mostrado prudente hasta conocer la letra del mismo y ha ofrecido la negociación colectiva como ámbito adecuado para acometer el cómo se lleva a la práctica en los diferentes y variables sectores. Sordo ha apuntado que es una "buena noticia" que ambos partidos hayan alcanzado ese pacto, que confía en que vaya más allá de la investidura y se articule como el pilar de la legislatura, porque "España necesita un gobierno cuanto antes", pero es necesario "trabar compromisos" que van "más allá" de reelegir a Pedro Sánchez como presidente.
A expensas de conocer el detalle del acuerdo entre el PSOE y Sumar, Sordo ha avanzado que CC. OO. será más exigente que el objetivo de las 37,5 horas de jornada semanal, aunque se ha mostrado relativo sobre la aplicación de este tipo de normas, consciente de que actualmente la jornada legal es una, pero la efectiva está por debajo y ronda ya esas horas trabajadas. En este sentido, ha pedido al futuro gobierno que afronte el reto de ver la reducción de jornada como una fórmula válida para alcanzar el objetivo que debe marcar la legislatura, como es la consecución del pleno empleo en un país que "no se puede resignar" a tener la tasa de paro por encima del 10%.
35 horas semanales
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, por su parte, también ha valorado de manera "positiva" el acuerdo de gobernabilidad firmado entre PSOE y Sumar, que contempla reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, pero ha recordado que la apuesta sindical es que "esta legislatura debe ser la de las 35 horas semanales". Álvarez ha apuntado que la última vez que en España se produjo una reducción de la jornada máxima de trabajo fue 1984 y que, por tanto, "reducir las horas de trabajo era una reclamación, una exigencia de las organizaciones sindicales".
Si bien, ha precisado, España es un país de pequeñas y medianas empresas, de modo que, ha continuado, ir a una reducción sustancial de la jornada laboral sin antes llevar a cabo un cambio legislativo podía generar muchísimas dificultades, incluso hacerlo imposible para muchos trabajadores no sujetos a convenio colectivo, sino regulados por el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), a quienes el tiempo de trabajo les viene marcado por el Estatuto de los Trabajadores.
Así, el secretario general de UGT ha creído "imprescindible" iniciar un proceso para reducir el tiempo máximo de trabajo que hace "40 años que no se toca". "Estamos en la buena senda y lo que sabemos de la propuesta de PSOE y Sumar es positivo, aunque esta debería ser la legislatura de las 35 horas semanales", ha insistido. "La propuesta de reducir a 37,5 horas la jornada laboral semanal no nos debe privar de ese horizonte de 35 horas que planteamos, vistos los aumentos de productividad hasta a día de hoy en España, desde 1984 y con la perspectiva de los que habrá en los próximos años, en buena parte como consecuencia de la implementación de los fondos Next Generation y la actualización tecnológica que se está produciendo en todos los sectores", ha destacado Álvarez, asegurando que es "perfectamente asumible" por el sistema productivo.
Incremento del SMI
Sordo ha defendido que un acuerdo de estas características puede tener ventajas en materias como la generación de empleo, la productividad de las empresas y también en sostenibilidad, por una reducción de desplazamientos, por ejemplo. Ante estos planteamientos, el líder de CC. OO. ha pronosticado que quienes lanzaron una campaña contraria al incremento del SMI volverán a hablar de "las siete plagas de Egipto" o de la "extinción de las especies", pero la realidad volverá a demostrar que este tipo de medidas tienen "más efectos beneficiosos que perjudiciales".
Álvarez, por su parte, también ha planteado que avanzar en la implementación del SMI es otra cuestión "fundamental" y ha vuelto a incidir en que, para UGT, este debe calcularse en relación con el salario medio del país que, a día de hoy, en el 60% de los casos está por encima de los 1.200 euros.