La fotografía de la vivienda en el Estado continúa mostrando contrastes cada vez más acusados, especialmente cuando se observa la situación de los más jóvenes. Una monografía elaborada por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas ha puesto cifras a una realidad que muchas familias viven en el día a día. Si se tienen en cuenta los ingresos que realmente quedan en el bolsillo después de pagar el alquiler o la hipoteca, el 33% de los hogares encabezados por jóvenes de hasta 34 años estaría en situación de pobreza. Cuando no se descuentan estos gastos, el riesgo baja hasta el 24,5%, una diferencia de más de ocho puntos que demuestra el peso enorme que supone el techo.
El estudio destaca que los jóvenes de entre 16 y 34 años que ya han salido de casa de sus padres destinan de media casi un 29% de los ingresos del hogar a la vivienda. Esto significa que pagan diez puntos porcentuales más que los mayores de 34. La razón principal es que la gran mayoría residen en pisos de alquiler en el mercado libre, que es el régimen que exige un esfuerzo económico mayor. Una vez descontado este esfuerzo, la tasa de pobreza de los hogares jóvenes se eleva hasta el 33%, mientras que para el conjunto de la población se queda en el 23%. Si además la familia está encabezada por inmigrantes, el riesgo de pobreza se dispara hasta el 52%.
Desequilibrio entre nuevos hogares y casas construidas
El informe atribuye buena parte del problema a un desajuste básico: entre 2021 y 2025 se crearon 965.000 nuevos hogares, pero solo se construyeron 454.000 viviendas. Dicho de otra manera, en el Estado solo se edificó el 45% de las casas que habrían hecho falta para absorber la nueva demanda. El documento advierte que la construcción residencial continúa muy por debajo de los niveles previos a la burbuja inmobiliaria, con factores como la escasez de mano de obra especializada, los trámites urbanísticos lentos y los cambios demográficos que impiden una rápida adaptación de la oferta. Además, ahora mismo el 56% de los hogares estatales están formados por una o dos personas, lo cual incrementa la demanda de viviendas a la vez que reduce el número de perceptores de ingresos por cada hogar.
El estudio también pone el foco en la distribución geográfica de la demanda. La mayor parte de la presión se la llevan las grandes áreas metropolitanas y los principales destinos turísticos, donde los precios se disparan con más virulencia. Madrid, Catalunya, el País Valencià y Andalucía ya reúnen el 60% de la población estatal. Y dentro de estas, provincias como Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga concentran buena parte de la tensión sobre el mercado residencial. El informe identifica dos colectivos como los más afectados: los jóvenes y los inmigrantes. En el caso de los primeros, la edad media de emancipación ya llega a los 30 años, cuatro más que la media de la Unión Europea. Los investigadores señalan diversos motivos: la precariedad laboral, los salarios bajos, el retraso en las herencias y las dificultades para conseguir una hipoteca. Actualmente, el 45% de los hogares jóvenes viven de alquiler en el mercado libre, mientras que la proporción de propietarios ha caído desde el 65% de 2008 hasta el 40,8% actual. Además, el 19,6% de los jóvenes destina más del 40% de su renta a pagar la vivienda, frente al 9% de media nacional. Entre los inmigrantes, este porcentaje se eleva hasta el 25,8%.
El alquiler gana peso y la sobrecarga castiga las rentas más bajas
Las dificultades para acceder a la propiedad, derivadas de la subida de precios y de unas condiciones hipotecarias cada vez más exigentes, han hecho que el alquiler gane terreno. El número de hogares que viven arrendados se ha casi duplicado en las dos últimas décadas, pasando de 2,1 millones a 3,9 millones, hasta representar el 20% del total. El sobreesfuerzo también es mucho mayor para quienes alquilan: mientras el gasto medio en vivienda supone el 18% de la renta disponible, este porcentaje se eleva hasta el 34% en los alquileres a precio de mercado y baja al 24% entre quienes pagan hipoteca. Entre las personas en riesgo de pobreza, casi seis de cada diez inquilinos del mercado libre hacen un esfuerzo desproporcionado para poder pagar el techo.
En cuanto a la vivienda social, el informe destaca que esta solo representa el 3,5% del parque total en el Estado, menos de la mitad de la media europea, situada alrededor del 8%. Llegar a este nivel exigiría incorporar unas 900.000 viviendas adicionales destinadas a alquiler social. Entre las medidas propuestas por el estudio se encuentran la construcción industrializada, agilizar las licencias con herramientas digitales, flexibilizar regulaciones urbanísticas y mejorar la coordinación entre administraciones. También plantea que el sector público adquiera o gestione parte del parque privado para ampliar la oferta asequible mediante acuerdos con grandes tenedores, y defiende la necesidad de un pacto de Estado que permita desarrollar una política de vivienda estable y duradera.