Para evitar altibajos en el recibo de la luz de los usuarios que tienen contratado el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), a partir del año que viene, el cálculo del precio incorpora variables que garantizan más estabilidad que antes. En respuesta a la preocupación creciente por la volatilidad de los precios de la electricidad, el Gobierno aprobó el mes de junio pasado una reforma de la tarifa regulada de la luz. Esta medida busca proporcionar estabilidad a los consumidores acogidos a esta modalidad, así como aliviar la incertidumbre generada por los constantes altibajos "que en el último año han sido drásticos" en las facturas. La tarifa regulada de la luz, también conocida como Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), se instauró en el 2014 y lo aplican las comercializadoras de referencia sobre la base de tres conceptos establecidos por la regulación: el coste de producción de energía eléctrica, los peajes de acceso a la red y los cargos, y el coste de comercialización.

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Para que la tarifa regulada de la electricidad no esté sujeta a oscilaciones extremas como las indicadas anteriormente, el gobierno introduce un nuevo sistema de cálculo. Así, el precio de la luz no solo estará supeditado a la cotización diaria de la electricidad, principal responsable de la volatilidad de los precios. A partir del 2024, incluirá en el cálculo su valor futuro: mensual, trimestral y anual. Para hacerlo, tomará como referencia los precios más estables que ofrecen los mercados a medio y largo plazo del MIBEL (Mercado Ibérico de la Electricidad), donde se compra la energía con antelación con el fin de atenuar los posibles efectos adversos de acontecimientos inusuales. Por lo tanto, a los tres conceptos que originalmente se tenían en cuenta para calcular la tarifa (el coste de producción, los peajes y cargos y el coste de comercialización) se añadirán los valores futuros.

Eso se realizará de forma progresiva: es decir, en el 2024 representarán el 25%, en el 2025, el 40%, y en el 2026, el 55% de los costes de producción de la energía eléctrica. De estos porcentajes, el 10% corresponderá al producto mensual, el 36% en el trimestral y el 54% anual. De esta manera, la tarifa regulada pasa a ser híbrida, ya que acoge en el cálculo un componente fijo para reducir gradualmente la vinculación del PVPC al mercado diario de electricidad. Los cambios aplicables a la factura tienen efecto a partir del 1 de enero de 2024, es decir, son las facturas emitidas con posterioridad a esta fecha las que incorporen los precios de la electricidad establecidos por el nuevo cálculo.

¿Pagaremos menos?

La nueva tarifa regulada no se traducirá directamente en una bajada ni una subida de la factura. Pero sí en una estabilidad mayor de la misma a lo largo del tiempo. Las situaciones inusuales que influyen en un incremento repentino y desmesurado del precio, como las que hemos vivido los últimos años, tendrán un impacto mucho menor en el recibo de la luz. Todo se hará de forma automática y los que podrían acogerse a los Precios Voluntarios para el Pequeño Consumidor son los titulares de puntos de suministro que sean personas físicas o microempresas, efectuados a tensiones no superiores en 1 kV y con potencia contratada menor o igual a 10 kW a cada uno de los periodos horarios existentes.

En España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha previsto que el precio de la luz en el 2024 se incremente entre un 15 y un 20%, y llegó a los 122€ por MWh el primer trimestre de este año. Esta cifra para la tarifa de la luz en el 2024 supondría un incremento del 32% respecto del primer trimestre del 2023, en el que el precio del MWh se situó en 92,3€. Aunque el escenario que se plantea no es positivo, la previsión para el precio de la electricidad en el 2024 en España seguiría siendo muy inferior a la de los otros países europeos como Francia y Alemania. Este aspecto ha motivado la aplicación de la tarifa regulada anteriormente citada. Pero también un conjunto de medidas que a partir de enero desaparecen. La más famosa es la conocida excepción ibérica, con la cual el Gobierno mantiene el Impuesto Especial a la Electricidad en un 0,5%, y que es previsible que al principio de año esta ayuda extraordinaria desaparezca, encareciendo el precio de la tarifa de la luz para el 2024.

La influencia del Gobierno

De hecho, esta excepción ha sido muy buena para las compañías eléctricas. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia acaba de publicar la liquidación definitiva correspondiente al año 2022 del sector eléctrico, donde los ingresos fueron suficientes para cubrir la totalidad de los costes regulados. De esta manera se registró un superávit de 6.190 millones de euros, superior a 5.934,5 millones de euros al superávit previsto inicialmente para el ejercicio (+255,4 millones de euros). Este desajuste se explica por unos ingresos externos a peajes superiores a los inicialmente previstos para el ejercicio (+3.334,4 millones de euros), por unos costes regulados también inferiores a los inicialmente previstos para el ejercicio (-2.225,8 millones de euros) y por la incorporación del superávit registrado a la liquidación definitiva del ejercicio 2021 (+772,4 millones de euros) y la incorporación de 555 millones de euros en concepto de desvíos de ejercicios anteriores.

Los ingresos mayores respecto de los previstos se deben principalmente a los provenientes de los Presupuestos Generales del Estado (+3.334 millones de euros) para compensar la pérdida de ingresos derivada de las medidas incluidas en los diversos Reales decreto ley para mitigar el impacto de los elevados precios registrados en el mercado sobre los consumidores, parcialmente compensado por los menores ingresos procedentes de la facturación de cargos (-1.306 millones de euros), motivada, fundamentalmente, por la reducción de cargos establecida a la disposición adicional primera del Real decreto ley 6/2022.