Este fin de semana se están llevando a cabo las pruebas para cubrir 1.325 plazas de funcionario de la Generalitat. En total, se han inscrito cerca de 16.000 aspirantes —exactamente, 15.795—, de los cuales el 71,36% son mujeres; el 28,33%, hombres; y un 0,31% no lo ha especificado.
Del total de inscritos, 10.924 estaban convocados para efectuar las pruebas en Barcelona; 1.567, en Girona; 1.534, en Lleida; y 1.770 en Tarragona. Los exámenes se realizan de manera descentralizada en diferentes facultades universitarias. Un total de 1.267 funcionarios de la Generalitat se encargan del control y la vigilancia.
A las pruebas que se llevan a cabo este sábado, se esperaban 9.076 candidatos, de los cuales solo se han presentado 6.703, el 73,8%. Las ausencias han oscilado entre el 21% de la demarcación de Lleida y el 28% de la de Tarragona.
Esta convocatoria de plazas de funcionario incluye 31 procesos selectivos, o sea, 31 especialidades. Según publicó la Generalitat en su momento, están destinados a los cuerpos general de gestión de administración, general superior de administración, especial de diplomatura, general de administrativo, general de auxiliar de administración, general de agrupaciones profesional y especial de titulación superior. El periodo de inscripción para acceder a la oposición de este fin de semana finalizó el pasado 16 de febrero.
Aquellos que superen la oposición deberán realizar una formación obligatoria antes de incorporarse a sus puestos de trabajo, que se producirá antes de la primavera de 2027.
Desde el Govern de la Generalitat se indica que el objetivo es reducir la temporalidad por debajo del 8% e impulsar la reforma de la administración pública catalana. Precisamente, el Govern aprobó el pasado enero el proyecto de ley de la ocupación pública de Catalunya, ahora en trámite parlamentario, que afectará a cerca de 400.000 trabajadores de la Generalitat, de los ayuntamientos catalanes y de las siete universidades públicas del país. Este proyecto de ley prevé facilitar la movilidad de los profesionales entre las diversas administraciones públicas catalanas y la captación de nuevo talento, pero también el establecimiento de evaluaciones anuales y de complementos de productividad por el cumplimiento de objetivos, entre muchas otras medidas.
Entre otras, el proyecto de ley prevé desde el desarrollo, por primera vez, del "Estatuto Básico del empleado público" a la creación de un portal único que recoja todas las ofertas de trabajo de las diversas administraciones. Como novedad destaca un sistema de evaluación del personal, que será un examen anual. También abre la puerta a los complementos salariales de productividad en función del cumplimiento de los objetivos establecidos.
Desde la Generalitat se indica que la actual legislación catalana de empleo público es antigua, con disposiciones de hace más de 25 años y que "no podemos seguir poniendo 'parches' a las normas del pasado".