Ante el anuncio efectuado hoy por el gobierno español sobre el paquete de medidas aprobado en el Consejo de Ministros Extraordinario para hacer frente al impacto económico del conflicto en el Oriente Medio, y a la espera de conocer el redactado final, CEOE y Cepime acaban de emitir un comunicado conjunto para mostrar “su profunda preocupación por la inclusión, en el segundo Real decreto ley, de iniciativas en materia”. De todas las medidas, en particular, expresan su rechazo firme a las medidas que introducen nuevas limitaciones al mercado del alquiler, ya que “suponen una injerencia injustificada en el derecho a la propiedad privada y generen una preocupante inseguridad jurídica”.

Además, los empresarios advierten que “este tipo de intervenciones, incorporadas en un paquete de carácter extraordinario vinculado a la crisis energética y económica derivada del conflicto, desincentiven la oferta, retraen la inversión y agravarán los problemas de acceso a la vivienda en lugar de solucionarlos”. Ambas patronales se emplazan a que, una vez publique el texto en el Boletín Oficial del Estado, analizarán detalladamente el alcance del conjunto de medidas y sus implicaciones económicas y jurídicas. Además, también reiteran la necesidad de políticas públicas que refuercen la seguridad jurídica y se “centren en los objetivos propios de la situación de emergencia, evitando planteamientos intervencionistas e ideológicos que ya han demostrado la ineficacia”.

¿Qué dice el nuevo decreto ley?

Por un lado, el Ejecutivo ha dado luz verde al grueso de medidas fiscales, como la rebaja del IVA de los combustibles o el refuerzo del escudo social, mientras que ha separado en un segundo texto la congelación de los alquileres durante dos años, una exigencia de Sumar que ha llegado después de horas de negociación y un retraso en el Consejo de Ministros. La fragmentación del paquete responde, en parte, a la incertidumbre parlamentaria que rodea las medidas en materia de vivienda. Ambas normas deberán ser convalidadas en el Congreso en un plazo de treinta días, en un contexto en el que iniciativas similares ya han sido rechazadas por la falta de apoyos, especialmente por la posición de Junts. Mientras tanto, el decreto de vivienda entrará en vigor de manera inmediata después de la publicación en el BOE.

En este escenario, Iñaki Unsain, Personal Shopper Inmobiliario, considera para ON ECONOMIA que la decisión del Ejecutivo responde a un cálculo político. “Está claro que lo hacen en dos decretos porque saben que lo que incluye vivienda no saldrá adelante en el Congreso”, afirma. A su parecer, esta fórmula permite al Gobierno “salvar el paquete económico y, a la vez, trasladar que ha intentado impulsar medidas de alquiler, aunque no prosperen”.

Principales actuaciones del plan en diez puntos

-Reducción global de la fiscalidad sobre la electricidad en aproximadamente un 60%, principalmente a través la combinación de la rebaja del IVA del 21% al 10%.
-Aplicación de un tipo reducido del 10% de IVA al gas natural, así como a combustibles alternativos.
-Congelación en el precio máximo de venta del butano y el propano, con el objetivo de limitar fluctuaciones en estos suministros básicos.
-Reducción del coste de los carburantes de hasta 30 céntimos por litro, mediante la rebaja del IVA al 10% y el ajuste del impuesto sobre hidrocarburos hasta los mínimos permitidos por la normativa europea.
-Prórroga durante todo el año 2026 de los descuentos extraordinarios asociados al bono social eléctrico, complementada con el refuerzo del bono térmico y la prohibición de suspender suministros esenciales en los hogares en situación de vulnerabilidad.
-Bonificación del 80% en los peajes eléctricos aplicados a la industria electrointensiva, con un ahorro estimado de 200 millones de euros para este sector.
-Implementación de una ayuda directa de 20 céntimos por litro de combustible destinada a transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, acompañada de un apoyo equivalente para la adquisición de fertilizantes.
-Introducción de mecanismos de flexibilidad legal más elevada en los contratos de suministro energético para empresas y trabajadores autónomos, con el objetivo de adaptarlos a la volatilidad del mercado.
-Ampliación de las competencias de supervisión y sanción de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), orientada a prevenir posibles prácticas abusivas en el sector energético.
-Desarrollo de medidas estructurales para fomentar la transición energética, incluyendo deducciones en el IRPF para la instalación de placas solares, puntos de recarga para vehículos eléctricos y sistemas de climatización eficientes, así como nuevas líneas de ayuda para la rehabilitación energética de edificios y el impulso de las inversiones en energías renovables.