El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha pedido a dos plataformas que publican anuncios de viviendas de uso turístico que retiren 8.300 anuncios de alojamientos que se ofrecen como alquiler de temporada. Según el Gobierno, estos anuncios incumplirían la Ley de Arrendamientos Urbanos, que fue modificada hace poco por el Real Decreto Ley 29/2026, aprobado el pasado 6 de octubre en el Consejo de Ministros. La detección de estas presuntas irregularidades la ha llevado a cabo la Dirección General de Consumo. Este organismo ha concluido que los 8.300 anuncios serían ilícitos porque presentan viviendas turísticas como alojamientos de temporada en los que se admiten reservas por menos de 31 días, cuando este es precisamente el plazo mínimo que fija la ley para este tipo de contratos después de la modificación normativa reciente.
La presunta infracción se ha localizado, principalmente, en la Comunidad de Madrid. La mayoría de los anuncios que incumplirían la ley, un total de 6.772, corresponden a alojamientos situados en este territorio. De estos 6.772 anuncios, 6.523 se encuentran concretamente en Madrid ciudad, de manera que la problemática detectada se concentra en buena parte en el ámbito municipal. El Ministerio subraya que esta actuación ha sido posible gracias a la aprobación del Real Decreto Ley 29/2026, que incluye, entre otras regulaciones, la limitación de la oferta de alquileres de temporada a 31 días. Esta medida fija un umbral claro que permite distinguir entre los contratos de temporada y los arrendamientos turísticos, y facilita la tarea de control que llevan a cabo las autoridades de consumo.
Calificación jurídica de los anuncios
La Dirección General de Consumo considera que estos anuncios podrían constituir una práctica de comunicación desleal por engañosa y, por lo tanto, una infracción del artículo 47 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Esta calificación es relevante porque sitúa los hechos en el terreno de la protección de los consumidores y no solo en el de la regulación de los arrendamientos. Por este motivo, el Ministerio de Consumo ha requerido la retirada de estos anuncios a las dos plataformas a través de los mecanismos de notificación previstos en el Reglamento de Servicios Digitales. Una vez informadas, las plataformas pasarían a tener responsabilidad directa sobre los potenciales ilícitos comunicados, según establece la normativa europea. En caso de no retirar estos anuncios o de no bloquear el acceso, podrían enfrentarse a la apertura de un expediente por parte de Consumo.
Esta nueva solicitud a plataformas que ofrecen alquiler de alojamientos se enmarca en el conjunto de actuaciones que el Ministerio ha emprendido para poner fin a las prácticas ilegales en materia de vivienda. Con este objetivo, Consumo ya sancionó con 64 millones de euros a la plataforma Airbnb por ofrecer miles de alojamientos turísticos que incumplían la normativa, lo que supuso la retirada de más de 65.000 anuncios en este portal. En una línea similar, Booking retiró más de 4.000 anuncios que no se ajustaban a la ley después de un requerimiento oficial de Consumo. Esta sucesión de actuaciones muestra que el Ministerio ha ido extendiendo su control sobre las plataformas digitales que intermedian en el mercado de alojamientos.