El salario es el primer requisito para elegir trabajo. Así lo revela el informe global de Randstad, que retrata un mercado estatal con más ganas de cambiar que valentía para hacerlo. Una brecha que se abre entre lo que se pide y lo que se ofrece, y que amenaza con agrandarse si las empresas no reaccionan a tiempo. Cuando un profesional tiene que elegir una empresa, lo primero que mira es el número de la nómina.

A escala mundial, el 56% de los encuestados sitúa la retribución económica como el factor decisivo para aceptar una oferta. Pero en España, esta cifra sube hasta el 61%, cinco puntos por encima de la media global. Estos datos dibujan un perfil de talento marcadamente pragmático. Ante la incertidumbre económica y el encarecimiento del coste de la vida, el salario se ha convertido en un elemento casi irrenunciable. No se trata, sin embargo, de una cuestión de codicia, sino de necesidad: el empleado estatal valora el dinero como un reflejo del reconocimiento y la estabilidad, más que como un fin en sí mismo.

Si a escala global la distancia entre el sueldo y la conciliación es prácticamente inexistente —56% para el salario, 55% para el equilibrio entre vida laboral y personal—, en España el paisaje es diferente. Aquí, la conciliación cae hasta la tercera posición, con un 56%, superada incluso por el ambiente de trabajo, que escala al 57%. Este dato, que puede parecer contradictorio en un país donde las demandas de flexibilidad son cada vez más altas, revela un cambio de prioridades: el entorno humano y las relaciones con los compañeros ganan terreno en un contexto postpandemia. No obstante, y aquí radica la paradoja, el mismo informe señala que, cuando los trabajadores evalúan su empresa actual, el salario es el punto más débil. En España, la retribución real que perciben los empleados cae hasta el décimo lugar en el ranking de lo que reciben, mientras que a escala global la percepción también es negativa, pero menos dramática. Es decir: lo que más se pide es lo que menos se da.

Más deseo de cambio, pero poca acción

Otra de las grandes conclusiones del estudio es la intención de movilidad. En el Estado, el 28% de los ocupados planea cambiar de trabajo en los próximos seis meses, cuatro puntos por encima de la media mundial (24%). Esta cifra refleja un malestar latente y una búsqueda activa de mejoras, especialmente en un contexto de inflación y salarios estancados. Pero la distancia entre la intención y la acción es notable. Mientras que a escala global la rotación real en los últimos seis meses es del 17%, en el Estado solo llega al 13%. Un diferencial que evidencia la prudencia del trabajador, que duda a la hora de dar el paso. Esta cautela se agudiza si se compara con mercados como el norteamericano, donde el 27% de los empleados ya ha cambiado de trabajo recientemente. ¿Qué frena en el Estado? Probablemente, el miedo a la inestabilidad, las obligaciones familiares o la falta de ofertas realmente atractivas.

Donde no hay dudas es entre los más jóvenes. La Generación Z, mundialmente, lidera la intención de cambio: el 30% quiere cambiar de aires en los próximos seis meses, y el 24% ya lo ha hecho recientemente. En el Estado, el patrón es idéntico. El estancamiento y la falta de desarrollo profesional son los principales detonantes que empujan a esta franja de edad a buscar oportunidades fuera de la empresa actual. La fuga de talento joven, pues, no es una amenaza futura, sino una realidad presente. Internacionalmente, la flexibilidad se ha consolidado como una condición innegociable para casi cuatro de cada diez trabajadores.

Concretamente, el 39% de los profesionales mundiales no aceptaría una oferta que no permitiera teletrabajar, y el 36% abandonaría su empresa si le exigieran volver a la oficina a tiempo completo. En el Estado, esta última cifra es prácticamente idéntica: un 36% asegura que se marcharía si perdiera las opciones flexibles. Pero la cifra más impactante es otra. En España, el estilo de vida y la conciliación ya representan una prioridad irrenunciable para el 82% de los profesionales. Esto significa que, para ocho de cada diez trabajadores, trabajar sin una cierta flexibilidad es simplemente inaceptable. Un porcentaje que supera de largo la media mundial y que sitúa a España entre los mercados más exigentes en este ámbito.

A pesar de esta demanda abrumadora, el tejido empresarial estatal continúa anclado en el presentismo. Mientras que a escala global el 41% de los empleados trabaja exclusivamente en la oficina, en el Estado esta cifra se eleva hasta el 46,87%. Esta resistencia a la flexibilidad supone una contradicción flagrante con las aspiraciones de los trabajadores. Las empresas en el Estado se enfrentan, pues, a un doble reto. Por un lado, deben cerrar la brecha salarial que separa la demanda de la oferta. Por otro, deben superar la inercia presencial para adaptarse a un talento que ya ha decidido que su tiempo y su bienestar no están en venta. Si no lo hacen, el riesgo de fuga, especialmente entre los perfiles más cualificados y jóvenes, dejará de ser una intención para convertirse en una hemorragia.